La Sala Penal del Tribunal Supremo ha inadmitido una denuncia presentada por un particular contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por las muertes de 7.291 personas en las residencias de la Comunidad durante la pandemia de COVID-19.
El alto tribunal ha determinado que la denuncia —por supuestos delitos de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro, derecho a tratamiento médico y prevaricación con la agravante de premeditación— no puede prosperar al estar planteada en términos genéricos e indeterminados, y al requerir «vincular el fallecimiento» de personas concretas con medidas y decisiones concretas adoptadas por el Gobierno de Ayuso, algo que en la denuncia no se precisa.
“No disponemos, ni la denuncia los proporciona, datos precisos para concluir en qué medida los criterios de derivación hospitalaria que en la denuncia se denominan ‘protocolos de la vergüenza’ fueron acertados y rigurosos médicamente en función de la situación epidemiológica y hospitalaria de cada momento. Como tampoco de cuál fue el verdadero grado de cumplimiento de esos protocolos o de qué concretos pacientes pudieron fallecer por su aplicación”, ha argumentado.
Sobre la eventual responsabilidad penal de Ayuso, el Supremo ha explicado que esto exigiría apreciar con nitidez la existencia de una relación de causalidad concreta y precisa entre los fallecimientos y enfermedades producidos y las medidas adoptadas o las no adoptadas pero que debieron serlo. «No puede plantearse en los términos genéricos o difusos en que aparecen en la denuncia», insiste.
Otras denuncias sobre residencias y personas concretas pueden «esclarecerlo»
Asimismo, el Supremo ha recordado que se han presentado numerosas denuncias ante la Fiscalía y ante los Juzgados de Instrucción de la Comunidad de Madrid por estos mismos hechos, pero ahí sí en relación con residencias determinadas y personas concretas, algo que se señala en esta misma denuncia. «Es en esos procedimientos en los que se puede esclarecer lo ocurrido, determinando qué fallecimientos pudieron estar asociados a decisiones políticas, administrativas o de gestión y cómo, por quién y de qué manera se tomaban las decisiones de no derivación hospitalaria», ha concluido.
En todo caso, el auto ha destacado que el archivo de la denuncia es compatible con «el cuestionamiento crítico de las decisiones que en ámbito sanitario se pudieron tomar por los responsables de la Comunidad de Madrid, otras autonomías y el Gobierno estatal durante la pandemia en las residencias de personas mayores. «El eventual archivo del procedimiento ni es un aval a las políticas sanitarias que se aplicaron en relación con las residencias de personas mayores, ni lo contrario».