El Juzgado de Instrucción 3 de Madrid ha citado a declarar como investigados el próximo lunes 26 de mayo a dos ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que son los autores del protocolo de no derivación de mayores en residencia a hospitales al inicio de la pandemia, según ha confirmado este viernes fuentes jurídicas.
Así, tendrán que declarar Carlos Mur, director de Coordinación Sociosanitaria cuando empezó la pandemia en marzo de 2020 y firmante del documento, y Francisco Javier Martínez Peromingo, que era coordinador del llamado «protocolo técnico», que complementaba al primero a la hora de especificar cómo debía ejecutarse, y que sustituyó a Mur al ser cesado en mayo de 2020.
Mareas Residencias, que coordina a familiares de víctimas mortales en las residencias, cifra en 7.291 las personas que murieron en las residencias madrileñas sin ser derivadas a un hospital durante la primera ola de la pandemia.
«Celebramos que sean llamados a declarar por primera vez como imputados, ya que hasta ahora las instrucciones judiciales nunca se habían dirigido contra ellos. Todas las investigaciones judiciales realizadas hasta ahora se centraron en directores o médicos de las residencias, pero nunca en quienes elaboraron, dictaron y aplicaron los protocolos o quienes tomaron las decisiones de no medicalizar las residencias y no atender a los residentes enfermos», sostienen en un comunicado Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia.
Se reabrió el caso a petición de la Fiscalía
El Juzgado de Instrucción 3 de Madrid decidió reabrir el pasado 1 de abril, a petición de la Fiscalía Provincial de Madrid, una causa que se había archivado provisionalmente tres años antes.
El origen de esa solicitud de la Fiscalía Provincial está en una denuncia colectiva de 109 familiares de víctimas de las residencias, presentada en octubre del año pasado. La denuncia se dirigía, entre otros, contra altos cargos del Gobierno de Ayuso por la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal.
Ambas entidades están convencidas de que la responsabilidad penal y política no se detiene en estos dos ex altos cargos. «Aunque en calidad de investigados no están obligados a decir la verdad, les pedimos que cuenten esa verdad y desvelen cuál fue la implicación del entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y de la propia Ayuso en las decisiones adoptadas por el Gobierno regional que tuvieron un impacto brutal en la vida de muchos residentes», defienden en un comunicado.
El Ministerio Público repartió la denuncia colectiva entre la Fiscalía Provincial de Madrid (a la que correspondieron los casos de 53 denunciantes) y las Fiscalías de Área de Móstoles (28), Getafe-Leganés (15) y Alcalá de Henares (13).
De los 53 denunciantes que correspondieron a la Fiscalía Provincial, 44 tenían una querella previa ya archivada, presentada en su día por los delitos de homicidio u omisión del deber de socorro, y otros cuatro tenían una querella por los mismos delitos que todavía estaba en fase de instrucción.
El Juzgado 3 de Madrid es el primero que decide reabrir una causa sobreseída previamente, tal y como solicitó la Fiscalía Provincial. Una decena de Juzgados acordaron hasta ahora mantener el archivo dictado en su día, en contra del criterio del Ministerio Público. En todos estos casos, los denunciantes han presentado recursos, al igual que la Fiscalía. El resto de juzgados todavía tienen que pronunciarse.
Ayuso apunta que es un «cambio de criterio» de la Fiscalía
Sobre este asunto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este viernes que la decisión del juzgado responde a «un cambio de criterio» de la Fiscalía.
En declaraciones a los medios en Pozuelo de Alarcón, al ser preguntada por estas citaciones, Díaz Ayuso se ha limitado a decir que este asunto «estaba archivado desde hace tres años y ahora la Fiscalía ha cambiado de criterio y ha decidido abrirlo».
Por su parte, fuentes del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid han asegurado que no han recibido por el momento ninguna citación. «Respetamos las decisiones judiciales, que haga las diligencias que considere, pero recordamos que ya han sido más de 60 los procedimientos archivados en los juzgados por esta cuestión», han añadido.
Además, han defendido que la actuación de la Comunidad de Madrid «ha sido avalada la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, y otras nueve sociedades médicas».
El Gobierno y la oposición celebra que se investigue
Por otra parte, varios miembros del Gobierno se han pronunciado sobre estas citaciones, y han aplaudido que se vaya a investigar los fallecimientos en las residencias madrileñas.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha señalado que espera que «la Justicia ponga las cosas en su sitio». «Se le denegó la posibilidad de tratamiento a personas que estaban en residencias porque la Comunidad de Madrid decidió que personas de determinada edad no se les podía desplazar a los hospitales», ha lamentado a preguntas de los periodistas en un acto.
Para el ministro para la Función Pública y líder del PSOE-M, Óscar López, con estas citaciones «se abre un rayo de esperanza para las familias de las víctimas que murieron en residencias». «Por fin, la Justicia va a investigar los protocolos de la vergüenza. La Comunidad de Madrid y la señora Ayuso tendrán que dar explicaciones», ha clamado.
Asimismo, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha pedido que la «Justicia siga su curso» y ha enviado «todo el apoyo y solidaridad» a las familias de las víctimas, porque «los protocolos supusieron que 7.291 personas fallecieran y eso es una vergüenza».
También la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, ha mostrado su satisfacción por estas imputaciones y ha señalado que es un «paso fundamental» para que las víctimas obtengan «la verdad y justicia». «Fueron 7.291 y solo pasó en Madrid. Solo en Madrid hubo unos protocolos hechos por políticos para decidir quién tenía una oportunidad de salvarse y quién no, en función de si tenían un seguro privado o no», ha señalado.