El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha llamado a declarar a un tercer exasesor de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por las muertes en las residencias durante la pandemia.
Se trata del doctor Antonio Burgueño, encargado de elaborar el ‘plan de choque’ anunciado por el Gobierno regional, y tendrá que comparecer como investigado el próximo lunes. Lo hará al igual que Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, otros dos ex altos cargos del Ejecutivo madrileó, considerados los autores de los protocolos que impidieron la derivación de ancianos de residencias a hospitales entre marzo y abril de 2020.
Dicho juzgado decidió reabrir el pasado 1 de abril, a petición de la Fiscalía Provincial de Madrid, la causa que se había archivado provisionalmente casi tres años antes.
Murieron 7.291 personas en residencias
El origen de esa solicitud de la Fiscalía Provincial está en una denuncia colectiva de 109 familiares de víctimas de las residencias, coordinada por las entidades Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, presentada en octubre del año pasado. Mareas Residencias cifra en 7.291 las personas que murieron en las residencias madrileñas sin ser derivadas.
La denuncia se dirigía, entre otros, contra altos cargos del Gobierno de Ayuso por la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal.
En coincidencia con estas declaraciones, Marea de Residencias, 7291: Verdad y Justicia y Pladigmare (Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias) han convocado una concentración frente a los Juzgados de Plaza de Castilla en defensa de la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas y sus familiares.