El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Leganés, Madrid, ha abierto una segunda causa judicial contra tres ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por las muertes en las residencias durante la primera ola de la pandemia de coronavirus en la Comunidad de Madrid, según han avanzado este viernes la asociación Marea de Residencias y han confirmado fuentes jurídicas.
“🔴 ÚLTIMA HORA | Se abre una segunda causa judicial por las muertes ocurridas en las residencias madrileñas durante la pandemia
▪️Tres ex altos cargos del Gobierno de Ayuso han sido citados para declarar el próximo 17 de junio
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— Radio 5 (@radio5_rne) May 30, 2025
Así, han sido imputados los autores del protocolo de no derivación de mayores en residencia a hospitales al inicio de la pandemia – más conocido como «protocolo de la vergüenza»-: Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo. Ambos tendrán que declarar el próximo 17 de junio.
Pero también tendrán que acudir en calidad de investigados declarar ese día el entonces director del SUMMA 112, Pablo Busca, y la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa.
Segunda causa por las muertes en las pandemias
Se trata de la segunda causa que se abre por este asunto después de que la semana pasada el Juzgado de Instrucción 3 de Madrid citara declarar como investigados también a Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo.
Tanto Mur como Peromingo tenían que haber declarado el pasado lunes, pero se suspendieron sus comparecencias por un defecto de forma en el proceso, según fuentes presentes en la declaración, al asegurar los abogados de los investigados que no les habían dado un adecuado traslado de las actuaciones, por lo que, alegaban, se vulneraba su derecho a la defensa.
Al contrario que en la primera causa que fue reabierta tras la denuncia de la Fiscalía, en este caso que se sigue en el juzgado de Leganés, parte de una querella presentada por dos familiares de residentes.
En lo que sí coinciden ambas causas, según indica Marea de Residencias en un comunicado, es que el motivo de la denuncia es el mismo: la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal.
Reyero, citado a declarar como testigo
En el marco de dicho procedimiento, está prevista también la declaración de varios testigos el próximo martes 3 de junio, a partir de las 10.00 horas, entre los que destaca el que fuera consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid al inicio de la pandemia, Alberto Reyero, quien denunció desde el primer momento la discriminación que estaban sufriendo las personas mayores que vivían en residencias.
Además, ese mismo día testificarán otras cuatro personas: el presidente de HM Hospitales, Juan Abarca Cidón, uno de los principales grupos sanitarios privados de la Comunidad de Madrid; Antonio Burgueño, nombrado en la segunda semana de marzo de 2020 como “asesor principal” de Ayuso para la lucha contra la pandemia, y las dos querellantes.
Las asociaciones Marea de Residencias y 7.291: Verdad y Justicia consideran «especialmente relevantes» estas declaraciones porque creen que Reyero podrá explicar «cómo fueron desatendidas todas sus peticiones para ayudar a los residentes enfermos», mientras que Abarca «podrá aportar datos clave para demostrar que la Consejería de Sanidad sólo envió a los hospitales privados a los residentes que tenían seguro médico privado».
También defienden que Burgueño «elaboró un plan de lucha contra la Covid que contemplaba la medicalización de las residencias y que no fue puesto en práctica».
Asimismo sostienen que las ambulancias jugaron un papel clave en el dispositivo diseñado por la Consejería de Sanidad, ya que dejaron de ir a recoger directamente a los residentes enfermos, y sólo acudían a los centros si tenían una autorización expresa de derivación del geriatra de enlace.
La CAM reitera que»fue archivado»
Fuentes de la Comunidad de Madrid subrayan que este asunto «ya fue archivado hace tres años», pero que respetan las decisiones judiciales. «Respetamos las decisiones judiciales, que haga las diligencias que considere, pero recordamos que ya han sido más de 60 los procedimientos archivados en los juzgados por esta cuestión», advierten.
También el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha defendido que las causas archivadas «dicen que todo se hizo bien en Madrid». En este sentido, fuentes del Ejecutivo subrayan que «la actuación de la Comunidad de Madrid ha sido avalada la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, y otras nueve sociedades médicas».
«La izquierda miente, quiere volver a utilizar el dolor de las familias porque no tienen otro argumento. Tratan de atacar a la presidenta a través de su pareja o de la gestión de la pandemia que fue ejemplar», ha sostenido García Martín, al tiempo que ha vaticinado que estas causas «volverán a ser archivadas».
En esta misma línea se ha expresado el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, que ha defendido que los ‘populares’ «respetan» las decisiones judiciales.
La oposición pide «explicaciones» y «disculpas»
Por su parte, el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, señala que este segundo procedimiento judicial «cerca» a Isabel Díaz Ayuso, y le ha exigido «explicaciones» y «disculpas».
«La Justicia avanza y la va cercando tanto en residencias, como con el lucro repentino de su entorno. Es hora de que pida perdón y dé explicaciones», ha indicado en declaraciones a los medios.