El eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF) Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise, ha defendido que no actuó con «mala fe» en la difusión de una PCR falsa de Covid del exministro de Sanidad y presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, en 2021, y ha alegado que era «un documento que circulaba masivamente por toda las redes sociales».
Lo ha dicho a su salida del Tribunal Supremo, a donde ha acudido este viernes a declarar en el marco de una de las tres causas que tiene abiertas, en concreto, por presuntos delitos de falsedad e injurias.
El magistrado del Tribunal Supremo Javier Hernández, a cargo de esta investigación, le ofreció la posibilidad de declarar voluntariamente para poder así ejercitar su derecho a la defensa sin necesidad de que se le levante previamente la inmunidad como eurodiputado.
«Evidentemente, lo que le he contestado al juez es que era un documento que ya estaba circulando masivamente por todas las redes sociales. (…) Y le he dado las oportunas explicaciones de que no había ningún elemento de mala fe o de injuria hacia el señor Illa», ha señalado en declaraciones a las decenas de medios de comunicación presentes.
Carga contra el Gobierno y el PSOE
Además, Alvise ha cargado a su salida contra el Gobierno y el PSOE. Así, ha tildado de «mafia» y «crimen organizado» al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez, de quien ha dicho que «debería estar en prisión».
«Es un acoso mediático y judicial por parte de los entornos del PSOE; ya público y conocido que es una mafia, que es crimen organizado, que el número uno es Pedro Sánchez y que toda la cúpula de poder que lo rodea debería estar en prisión. Que es lo que nosotros, con el Código Penal en la mano, intentaremos acercar», ha indicado.
“Alvise Pérez tras declarar en el Supremo: «Es un acoso mediático y judicial por parte de los entornos del PSOE; ya público y conocido que es una mafia, que es crimen organizado, que el número uno es Pedro Sánchez y que toda la cúpula de poder que lo rodea debería estar en… pic.twitter.com/BoEg0AWRmJ“
— RTVE Noticias (@rtvenoticias) June 6, 2025
Asimismo ha considerado que es «curioso» que la denuncia por la que ha tenido que declarar este viernes la haya presentado la Fiscalía y que el PSOE figure como acusación popular en todas sus causas. «El Partido Socialista se está presentando como acusación en todas las causas referidas a mí. O sea, es bastante llamativo, incluso pagando en algunas causas hasta 15.000 euros», ha añadido.
Primera vez que declara en el TS
Es la primera vez que el eurodiputado de Se Acabó la Fiesta acude a declarar al Tribunal Supremo desde que el pasado noviembre diera plantón a la Audiencia Nacional por una causa por presunta financiación ilegal que ahora está en manos del alto tribunal.
Además de la causa por la que ha declarado este viernes, Alvise está inmerso en otras dos causas: la referente a presunta financiación ilegal y otra por presunto acoso a una fiscal de Valencia, por la que este jueves le citaron a declarar de manera voluntaria el próximo 19 de junio.
La causa por la que estaba citado este viernes tiene su origen en 2021, cuando el Juzgado de Instrucción Número 33 de Barcelona recibió una querella de la Fiscalía, después de que Alvise publicara en febrero de ese año un ‘tuit’ durante la campaña electoral a las elecciones catalanas y en el marco de un debate electoral televisado entre los candidatos, entre los que se encontraba Illa.
El dirigente publicó en su cuenta un texto que decía: «Hola Salvador Illa. Entre la LOPD o demostrar que un ministro y candidato autonómico de mi país miente… la segunda». El mensaje iba acompañado de la fotografía de un documento que supuestmente correspondía a un informe clínico de Illa fechado unos días antes en el que aparecía un resultado «positivo» de una PCR.
Según la Fiscalía, era preciso investigarle cuando menos por un delito de utilización de un documento falso e injurias. Dado que Alvise es eurodiputado y goza de la condición de aforado, el caso se envió al Supremo el pasado septiembre de 2024. Por defectos formales, el tribunal reenvió el procedimiento a Barcelona, lo que ralentizó el proceso.