6 de junio de 2025
El eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF) Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise, ha defendido que no actuó con «mala fe» en la difusión de una PCR falsa de Covid del exministro de Sanidad y presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, en 2021, y ha alegado que era «un documento que circulaba masivamente por toda las redes sociales».
Lo ha dicho a su salida del Tribunal Supremo, a donde ha acudido este viernes a declarar en el marco de una de las tres causas que tiene abiertas, en concreto, por presuntos delitos de falsedad e injurias.
El magistrado del Tribunal Supremo Javier Hernández, a cargo de esta investigación, le ofreció la posibilidad de declarar voluntariamente para poder así ejercitar su derecho a la defensa sin necesidad de que se le levante previamente la inmunidad como eurodiputado.
«Evidentemente, lo que le he contestado al juez es que era un documento que ya estaba circulando masivamente por todas las redes sociales. (…) Y le he dado las oportunas explicaciones de que no había ningún elemento de mala fe o de injuria hacia el señor Illa», ha señalado en declaraciones a las decenas de medios de comunicación presentes.
Carga contra el Gobierno y el PSOE
Además, Alvise ha cargado a su salida contra el Gobierno y el PSOE. Así, ha tildado de «mafia» y «crimen organizado» al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez, de quien ha dicho que «debería estar en prisión».
«Es un acoso mediático y judicial por parte de los entornos del PSOE; ya público y conocido que es una mafia, que es crimen organizado, que el número uno es Pedro Sánchez y que toda la cúpula de poder que lo rodea debería estar en prisión. Que es lo que nosotros, con el Código Penal en la mano, intentaremos acercar», ha indicado.
Asimismo ha considerado que es «curioso» que la denuncia por la que ha tenido que declarar este viernes la haya presentado la Fiscalía y que el PSOE figure como acusación popular en todas sus causas. «El Partido Socialista se está presentando como acusación en todas las causas referidas a mí. O sea, es bastante llamativo, incluso pagando en algunas causas hasta 15.000 euros», ha añadido.
Primera vez que declara en el TS
Es la primera vez que el eurodiputado de Se Acabó la Fiesta acude a declarar al Tribunal Supremo desde que el pasado noviembre diera plantón a la Audiencia Nacional por una causa por presunta financiación ilegal que ahora está en manos del alto tribunal.
Además de la causa por la que ha declarado este viernes, Alvise está inmerso en otras dos causas: la referente a presunta financiación ilegal y otra por presunto acoso a una fiscal de Valencia, por la que este jueves le citaron a declarar de manera voluntaria el próximo 19 de junio.
La causa por la que estaba citado este viernes tiene su origen en 2021, cuando el Juzgado de Instrucción Número 33 de Barcelona recibió una querella de la Fiscalía, después de que Alvise publicara en febrero de ese año un ‘tuit’ durante la campaña electoral a las elecciones catalanas y en el marco de un debate electoral televisado entre los candidatos, entre los que se encontraba Illa.
El dirigente publicó en su cuenta un texto que decía: «Hola Salvador Illa. Entre la LOPD o demostrar que un ministro y candidato autonómico de mi país miente… la segunda». El mensaje iba acompañado de la fotografía de un documento que supuestmente correspondía a un informe clínico de Illa fechado unos días antes en el que aparecía un resultado «positivo» de una PCR.
Según la Fiscalía, era preciso investigarle cuando menos por un delito de utilización de un documento falso e injurias. Dado que Alvise es eurodiputado y goza de la condición de aforado, el caso se envió al Supremo el pasado septiembre de 2024. Por defectos formales, el tribunal reenvió el procedimiento a Barcelona, lo que ralentizó el proceso.
30 de mayo de 2025
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Leganés, Madrid, ha abierto una segunda causa judicial contra tres ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por las muertes en las residencias durante la primera ola de la pandemia de coronavirus en la Comunidad de Madrid, según han avanzado este viernes la asociación Marea de Residencias y han confirmado fuentes jurídicas.
Así, han sido imputados los autores del protocolo de no derivación de mayores en residencia a hospitales al inicio de la pandemia – más conocido como «protocolo de la vergüenza»-: Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo. Ambos tendrán que declarar el próximo 17 de junio.
Pero también tendrán que acudir en calidad de investigados declarar ese día el entonces director del SUMMA 112, Pablo Busca, y la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa.
Segunda causa por las muertes en las pandemias
Se trata de la segunda causa que se abre por este asunto después de que la semana pasada el Juzgado de Instrucción 3 de Madrid citara declarar como investigados también a Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo.
Tanto Mur como Peromingo tenían que haber declarado el pasado lunes, pero se suspendieron sus comparecencias por un defecto de forma en el proceso, según fuentes presentes en la declaración, al asegurar los abogados de los investigados que no les habían dado un adecuado traslado de las actuaciones, por lo que, alegaban, se vulneraba su derecho a la defensa.
Al contrario que en la primera causa que fue reabierta tras la denuncia de la Fiscalía, en este caso que se sigue en el juzgado de Leganés, parte de una querella presentada por dos familiares de residentes.
En lo que sí coinciden ambas causas, según indica Marea de Residencias en un comunicado, es que el motivo de la denuncia es el mismo: la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal.
Reyero, citado a declarar como testigo
En el marco de dicho procedimiento, está prevista también la declaración de varios testigos el próximo martes 3 de junio, a partir de las 10.00 horas, entre los que destaca el que fuera consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid al inicio de la pandemia, Alberto Reyero, quien denunció desde el primer momento la discriminación que estaban sufriendo las personas mayores que vivían en residencias.
Además, ese mismo día testificarán otras cuatro personas: el presidente de HM Hospitales, Juan Abarca Cidón, uno de los principales grupos sanitarios privados de la Comunidad de Madrid; Antonio Burgueño, nombrado en la segunda semana de marzo de 2020 como “asesor principal” de Ayuso para la lucha contra la pandemia, y las dos querellantes.
Las asociaciones Marea de Residencias y 7.291: Verdad y Justicia consideran «especialmente relevantes» estas declaraciones porque creen que Reyero podrá explicar «cómo fueron desatendidas todas sus peticiones para ayudar a los residentes enfermos», mientras que Abarca «podrá aportar datos clave para demostrar que la Consejería de Sanidad sólo envió a los hospitales privados a los residentes que tenían seguro médico privado».
También defienden que Burgueño «elaboró un plan de lucha contra la Covid que contemplaba la medicalización de las residencias y que no fue puesto en práctica».
Asimismo sostienen que las ambulancias jugaron un papel clave en el dispositivo diseñado por la Consejería de Sanidad, ya que dejaron de ir a recoger directamente a los residentes enfermos, y sólo acudían a los centros si tenían una autorización expresa de derivación del geriatra de enlace.
La CAM reitera que»fue archivado»
Fuentes de la Comunidad de Madrid subrayan que este asunto «ya fue archivado hace tres años», pero que respetan las decisiones judiciales. «Respetamos las decisiones judiciales, que haga las diligencias que considere, pero recordamos que ya han sido más de 60 los procedimientos archivados en los juzgados por esta cuestión», advierten.
También el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha defendido que las causas archivadas «dicen que todo se hizo bien en Madrid». En este sentido, fuentes del Ejecutivo subrayan que «la actuación de la Comunidad de Madrid ha sido avalada la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, y otras nueve sociedades médicas».
«La izquierda miente, quiere volver a utilizar el dolor de las familias porque no tienen otro argumento. Tratan de atacar a la presidenta a través de su pareja o de la gestión de la pandemia que fue ejemplar», ha sostenido García Martín, al tiempo que ha vaticinado que estas causas «volverán a ser archivadas».
En esta misma línea se ha expresado el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, que ha defendido que los ‘populares’ «respetan» las decisiones judiciales.
El PP dice «respetar» a la justicia tras la imputaciones por muertes en residencias y acusa al PSOE de «fabricar pruebas» contra la UCO
La oposición pide «explicaciones» y «disculpas»
Por su parte, el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, señala que este segundo procedimiento judicial «cerca» a Isabel Díaz Ayuso, y le ha exigido «explicaciones» y «disculpas».
«La Justicia avanza y la va cercando tanto en residencias, como con el lucro repentino de su entorno. Es hora de que pida perdón y dé explicaciones», ha indicado en declaraciones a los medios.
24 de mayo de 2025
El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha llamado a declarar a un tercer exasesor de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por las muertes en las residencias durante la pandemia.
Se trata del doctor Antonio Burgueño, encargado de elaborar el ‘plan de choque’ anunciado por el Gobierno regional, y tendrá que comparecer como investigado el próximo lunes. Lo hará al igual que Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, otros dos ex altos cargos del Ejecutivo madrileó, considerados los autores de los protocolos que impidieron la derivación de ancianos de residencias a hospitales entre marzo y abril de 2020.
Dicho juzgado decidió reabrir el pasado 1 de abril, a petición de la Fiscalía Provincial de Madrid, la causa que se había archivado provisionalmente casi tres años antes.
Murieron 7.291 personas en residencias
El origen de esa solicitud de la Fiscalía Provincial está en una denuncia colectiva de 109 familiares de víctimas de las residencias, coordinada por las entidades Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, presentada en octubre del año pasado. Mareas Residencias cifra en 7.291 las personas que murieron en las residencias madrileñas sin ser derivadas.
La denuncia se dirigía, entre otros, contra altos cargos del Gobierno de Ayuso por la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal.
En coincidencia con estas declaraciones, Marea de Residencias, 7291: Verdad y Justicia y Pladigmare (Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias) han convocado una concentración frente a los Juzgados de Plaza de Castilla en defensa de la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas y sus familiares.
23 de mayo de 2025
El Juzgado de Instrucción 3 de Madrid ha citado a declarar como investigados el próximo lunes 26 de mayo a dos ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que son los autores del protocolo de no derivación de mayores en residencia a hospitales al inicio de la pandemia, según ha confirmado este viernes fuentes jurídicas.
Así, tendrán que declarar Carlos Mur, director de Coordinación Sociosanitaria cuando empezó la pandemia en marzo de 2020 y firmante del documento, y Francisco Javier Martínez Peromingo, que era coordinador del llamado «protocolo técnico», que complementaba al primero a la hora de especificar cómo debía ejecutarse, y que sustituyó a Mur al ser cesado en mayo de 2020.
Mareas Residencias, que coordina a familiares de víctimas mortales en las residencias, cifra en 7.291 las personas que murieron en las residencias madrileñas sin ser derivadas a un hospital durante la primera ola de la pandemia.
«Celebramos que sean llamados a declarar por primera vez como imputados, ya que hasta ahora las instrucciones judiciales nunca se habían dirigido contra ellos. Todas las investigaciones judiciales realizadas hasta ahora se centraron en directores o médicos de las residencias, pero nunca en quienes elaboraron, dictaron y aplicaron los protocolos o quienes tomaron las decisiones de no medicalizar las residencias y no atender a los residentes enfermos», sostienen en un comunicado Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia.
Se reabrió el caso a petición de la Fiscalía
El Juzgado de Instrucción 3 de Madrid decidió reabrir el pasado 1 de abril, a petición de la Fiscalía Provincial de Madrid, una causa que se había archivado provisionalmente tres años antes.
El origen de esa solicitud de la Fiscalía Provincial está en una denuncia colectiva de 109 familiares de víctimas de las residencias, presentada en octubre del año pasado. La denuncia se dirigía, entre otros, contra altos cargos del Gobierno de Ayuso por la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal.
Ambas entidades están convencidas de que la responsabilidad penal y política no se detiene en estos dos ex altos cargos. «Aunque en calidad de investigados no están obligados a decir la verdad, les pedimos que cuenten esa verdad y desvelen cuál fue la implicación del entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y de la propia Ayuso en las decisiones adoptadas por el Gobierno regional que tuvieron un impacto brutal en la vida de muchos residentes», defienden en un comunicado.
El Ministerio Público repartió la denuncia colectiva entre la Fiscalía Provincial de Madrid (a la que correspondieron los casos de 53 denunciantes) y las Fiscalías de Área de Móstoles (28), Getafe-Leganés (15) y Alcalá de Henares (13).
De los 53 denunciantes que correspondieron a la Fiscalía Provincial, 44 tenían una querella previa ya archivada, presentada en su día por los delitos de homicidio u omisión del deber de socorro, y otros cuatro tenían una querella por los mismos delitos que todavía estaba en fase de instrucción.
El Juzgado 3 de Madrid es el primero que decide reabrir una causa sobreseída previamente, tal y como solicitó la Fiscalía Provincial. Una decena de Juzgados acordaron hasta ahora mantener el archivo dictado en su día, en contra del criterio del Ministerio Público. En todos estos casos, los denunciantes han presentado recursos, al igual que la Fiscalía. El resto de juzgados todavía tienen que pronunciarse.
Ayuso apunta que es un «cambio de criterio» de la Fiscalía
Sobre este asunto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este viernes que la decisión del juzgado responde a «un cambio de criterio» de la Fiscalía.
En declaraciones a los medios en Pozuelo de Alarcón, al ser preguntada por estas citaciones, Díaz Ayuso se ha limitado a decir que este asunto «estaba archivado desde hace tres años y ahora la Fiscalía ha cambiado de criterio y ha decidido abrirlo».
Por su parte, fuentes del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid han asegurado que no han recibido por el momento ninguna citación. «Respetamos las decisiones judiciales, que haga las diligencias que considere, pero recordamos que ya han sido más de 60 los procedimientos archivados en los juzgados por esta cuestión», han añadido.
Además, han defendido que la actuación de la Comunidad de Madrid «ha sido avalada la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, y otras nueve sociedades médicas».
El Gobierno y la oposición celebra que se investigue
Por otra parte, varios miembros del Gobierno se han pronunciado sobre estas citaciones, y han aplaudido que se vaya a investigar los fallecimientos en las residencias madrileñas.
El Gobierno celebra que se vayan a investigar las muertes en las residencias madrileñas al inicio de la pandemia
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha señalado que espera que «la Justicia ponga las cosas en su sitio». «Se le denegó la posibilidad de tratamiento a personas que estaban en residencias porque la Comunidad de Madrid decidió que personas de determinada edad no se les podía desplazar a los hospitales», ha lamentado a preguntas de los periodistas en un acto.
Para el ministro para la Función Pública y líder del PSOE-M, Óscar López, con estas citaciones «se abre un rayo de esperanza para las familias de las víctimas que murieron en residencias». «Por fin, la Justicia va a investigar los protocolos de la vergüenza. La Comunidad de Madrid y la señora Ayuso tendrán que dar explicaciones», ha clamado.
Asimismo, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha pedido que la «Justicia siga su curso» y ha enviado «todo el apoyo y solidaridad» a las familias de las víctimas, porque «los protocolos supusieron que 7.291 personas fallecieran y eso es una vergüenza».
También la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, ha mostrado su satisfacción por estas imputaciones y ha señalado que es un «paso fundamental» para que las víctimas obtengan «la verdad y justicia». «Fueron 7.291 y solo pasó en Madrid. Solo en Madrid hubo unos protocolos hechos por políticos para decidir quién tenía una oportunidad de salvarse y quién no, en función de si tenían un seguro privado o no», ha señalado.
20 de mayo de 2025
Los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) han aprobado este lunes una resolución que insta a la adopción de un pacto mundial histórico para lograr un mundo más seguro frente a futuras pandemias.
El Acuerdo Global sobre Pandemias, el segundo tratado de la historia dedicado a la salud y que establece las pautas para evitar los errores de gestión durante la pandemia de covid-19, será considerado para su adopción formal este martes.
El pacto es el resultado de más de tres años de negociaciones, iniciadas durante la crisis del covid-19, y busca corregir las desigualdades y los fallos en la prevención y el manejo de pandemias.
Adoptado en virtud del Artículo 19 de la Constitución de la OMS, promueve una mayor colaboración entre países, organizaciones internacionales, sociedad civil y empresas para evitar nuevas crisis sanitarias y responder de forma más eficaz cuando ocurran.
El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha felicitado a los Estados miembros por su decisión «de unirse para proteger mejor al mundo de futuras pandemias». “Gobiernos de todo el mundo están logrando que sus países, y nuestra comunidad global interconectada, sean más equitativos, saludables y seguros frente a las amenazas que representan los patógenos y virus con potencial pandémico”, ha dicho este lunes.
La resolución ha sido aprobada con 124 votos a favor, 0 en contra y 11 abstenciones.
El acuerdo entrará en vigor tras 60 ratificaciones
La ministra de Salud de Namibia, Esperance Luvindao, presidenta del comité que ha aprobado la resolución, ha destacado que el acuerdo representa el compromiso global para enfrentar futuras pandemias de manera más efectiva.
«Este pacto demuestra nuestra voluntad colectiva de proteger a la humanidad, guiados por principios de dignidad humana, equidad y solidaridad, tomando decisiones basadas en la mejor evidencia científica disponible», ha afirmado.
La ministra también ha recordado el alto costo que tuvo la pandemia en vidas humanas, economías y sociedades, subrayando que, «como naciones soberanas, hemos decidido unir fuerzas para proteger especialmente a los más vulnerables – niños, ancianos y trabajadores de salud – ante futuras amenazas sanitarias. Es nuestra responsabilidad con las generaciones presentes y futuras«.
El acuerdo establece un proceso concreto para su implementación, comenzando por la creación de un Sistema de Acceso a Patógenos y Distribución de Beneficios (PABS), que será desarrollado por un grupo de trabajo intergubernamental en los próximos meses. Este sistema, que deberá ser presentado para su aprobación en la próxima Asamblea Mundial de la Salud, entrará en vigor una vez que al menos 60 países completen su ratificación.
Fondo financiero y red global de suministros médicos
Paralelamente, se pondrán en marcha dos mecanismos clave: un fondo financiero coordinado para la preparación ante pandemias y una red global de suministros médicos que garantice el acceso rápido y equitativo a vacunas, tratamientos y equipos durante emergencias sanitarias.
Un aspecto fundamental del acuerdo es el compromiso adquirido por la industria farmacéutica, que deberá destinar el 20% de su producción en tiempo real de medicamentos y vacunas a la OMS durante situaciones de pandemia, con especial atención a las necesidades de los países en desarrollo.
Esta disposición busca evitar la desigualdad en el acceso a los recursos médicos que se evidenció durante la crisis de la covid-19. La distribución de los insumos se realizará según criterios de riesgo epidemiológico y necesidades específicas de cada país, bajo la coordinación de la nueva red global de suministros.
El marco regulatorio se articula con las reformas al Reglamento Sanitario Internacional aprobadas el año pasado, creando así un sistema integral para la prevención, detección temprana y respuesta coordinada ante brotes epidemiológicos.
