Dicen que las casas guardan las historias de sus inquilinos y que, cuando nos vamos, siempre queda algo de nosotros en ellas. Los hoteles no son una excepción y el hotel Ilunion Alcora de Sevilla, del grupo social ONCE, guarda muchas historias entre sus paredes. «Tenemos un propósito», cuenta a RTVE.es Manuel Jiménez, director del hotel, «hacer de este un mundo mejor, con todos incluidos». Inaugurado en 1991, un año antes de la Exposición Universal de Sevilla, desde 2019 este hotel ha sido hospital de campaña durante la COVID-19 y casa de acogida para los refugiados ucranianos y subsaharianos, que se han alojado en sus instalaciones.
Fachada del hotel Ilunion Alcora de Sevilla.
Un hospital de campaña
«En marzo del 20 surge la pandemia del coronavirus y rápidamente pensamos cómo podríamos ayudar», declara Jiménez. «Es así como cedimos varios hoteles a la administración para su uso como hospital, siendo el Alcora el primero de toda España en ser medicalizado«. De esta forma, entre el 27 de marzo y el 1 de mayo de 2020, 89 ancianos que habían contraído la enfermedad fueron atendidos en sus instalaciones. «Es un hotel muy grande, 35.000 metros cuadrados, lo que le daba cierto valor porque permitía diferenciar zonas y poder construir toda la infraestructura hospitalaria», agrega.
Miembros del SAMU que estuvo en el operativo del Alcora
«Fue muy sorprendente y enriquecedor ver cómo los equipos sanitarios del SAMU (Servicios de Asistencia Médica de Urgencias) hicieron un trabajo brillante y cómo en tiempo récord construyeron la estructura necesaria para atender a los enfermos», continúa Jiménez, «Además, consiguieron hitos sanitarios importantes, como lograr que ninguno de los más de cien integrantes del SAMU que trabajaron en el hospital se contagiara«.
Marcos Saa lleva 10 años trabajando en el hotel y a día de hoy es su jefe de mantenimiento. Él se encarga de que todo funcione correctamente cuando el huésped llega a su habitación. Durante la época en la que el hotel se transformó en un hospital, fue de los pocos trabajadores que continuó prestando servicio, apoyando al SAMU en su labor. «Al principio ayudé con las instalaciones y luego tuve que darles soporte para lo que necesitasen junto a otro compañero, con quien cubríamos las 24 horas», cuenta a RTVE.es.
«Fue un momento penoso de vivir, pero al mismo tiempo también fue bonito dentro de lo que cabe», comparte Saa: «Vi cómo se trataba a esas personas mayores, lo mal que entraban en camilla y luego cuando los veías en las zonas comunes del hotel, sentados, ya charlando, era gratificante». Emocionado, nos cuenta cómo «Hubo muchas altas, gracias a Dios. Les veías con otro semblante, con la alegría de irse y nosotros de verlos irse«. Saa también fue testigo de la primera alta del Alcora. Un alta inmortalizada entre aplausos y vítores. «Íbamos todos a una con el SAMU, veíamos cómo ellos estaban día y noche, sin dormir», recuerda.
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La mayor parte de los empleados tuvieron que verlo todo desde casa, enfrentándose luego al impacto de volver al edificio. Carmen Ramos lleva trabajando en el Alcora desde 1993. Ahora, es la gobernanta, la responsable de hacer que el hotel sea lo más confortable posible para los huéspedes. «Tuvo que ser una etapa muy dura para los compañeros que siguieron en el hotel», cuenta a RTVE.es. «El primer día de reincorporarme al trabajo fue duro, fue triste. Llegas a un hotel que ha estado medicalizado, donde todo es diferente a cuando te fuiste«.
«Suelo recordarlo y hablar de esa etapa», comparte Saa. «Me dejó marcado el ver a tantos abuelos en tan malas condiciones allí en sus camas. Recuerdo el día en que era la Feria de Abril y le montamos una caseta en la zona noble del hotel para que los abuelos se pudiesen comer su pescaito frito. Fue muy bonito, pero te marca. A mí me ha marcado», concluye.
«El poder vivir la transformación del hotel en hospital en primera línea te daba cierta tranquilidad, porque veías que se hacía un buen trabajo. Veía más nerviosa a la gente que estaba en su casa encerrada viendo las noticias, sin poder ver realmente lo que estaba pasando», añade Jiménez. «A mí el poder verlo y tocarlo me aportó cierta tranquilidad, dentro de las circunstancias».
Desde casa, las familias de los trabajadores tuvieron que hacer frente no solo a la incertidumbre provocada por la pandemia, sino también al ERTE que sufrió la plantilla: «Económicamente, afectó mucho a las familias, algunas no tenían ni para comer. Por parte del hotel se creó una especie de banco de alimentos y pude, junto a la subdirectora, llevar comida a las familias de los trabajadores», cuenta Ramos.
Un refugio de la guerra
Una labor social, la del hotel, que también se vio después del estallido de la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022. Durante más de un año, el hotel acogió a cerca de un centenar de refugiados ucranianos que huyeron del conflicto. «Hemos colaborado fundamentalmente con CEAR en la crisis de Ucrania y luego también una pequeña colaboración con la crisis de los subsaharianos», cuenta Jiménez. «Algunos fueron rotando, pero calculo que al final habrán sido 60 o 70 familias las que habrán pasado por nuestras instalaciones«.
Refugiadas ucranianas junto a trabajadores del hotel. Ilunion Hotels
Una labor del hotel que no solo fue de acogida, sino también laboral, pasando algunos de estos refugiados a formar parte de la plantilla del hotel: «Pudimos ofrecer oportunidades de trabajo a algunas personas en este y en otros hoteles de la compañía. De hecho, algunos de ellos siguen todavía trabajando con nosotros».
«Llegué a trabajar con una de ellas como camarera de piso y la verdad es que congenió muy bien«, indica Ramos, quien, como gobernanta, llegó a tener bajo su cargo a una de las ucranianas que residían en el hotel. «Lo que pasa es que llegó su alegría. Se pudo ir fuera de España con su familia, pero mientras trabajó a gusto en el hotel. Luego incluso nos recomendó para que vinieran a trabajar con nosotros».
María José Ángeles es camarera en la zona de restauración del hotel desde hace cerca de dos años, un puesto en el que ha podido tratar de primera mano con los refugiados: «El marido de la camarera de piso ucraniana estuvo con nosotros en el office, era divertidísimo trabajar con él porque nos comunicábamos como buenamente podíamos, pero era muy trabajador», cuenta riendo a RTVE.es. «Fue una experiencia muy bonita y bastante agradecida».
Un trabajo en equipo para el que la barrera del idioma tuvo que salvarse con paciencia y esfuerzo. «Al principio era el traductor», recuerda Ramos. «Luego fuimos intentando aprender un poco de ellos y ellos de nosotros. Cuando hay empeño, se puede». Un empeño que para Ángeles hicieron ambas partes: «Ellos decían que su vida estaba ya aquí, que querían quedarse y era aprender el idioma para incorporarse al mundo laboral. Les gustaba estar aquí y al final muchas familias acabaron hablando frases cortas en español con nosotros».
Niñas ucranianas en el Hotel Alcora Ilunion Hotels
«No se me olvidará nunca», recuerda Ramos, «cuando vino la primera familia y Manuel los recibió, el chico que venía con ellos lo primero que hizo fue abrazarlo; o también un cumpleaños que tuvimos de una chica, que no venía con sus padres, sino que venía con sus tíos, y todos los compañeros le hicimos una fiesta de cumpleaños en el hotel. Fue emotivo y duro, porque son personas que vienen huyendo y todo lo que se les pudiera dar, era poco«.
Un conflicto que estaban lejos de haber dejado atrás, en su país, si no que parecía perseguirlos. «Cuando llegaron los primeros grupos de ucranianos tenían una cara como de contradicción, estaban tristes por saber lo que dejaban, pero a la vez venían también con una cara de alegría, de agradecimiento. Venían y decían ‘gracias por acogernos aquí’ y al final nos convertimos en su familia, era una convivencia diaria de desayuno, comida y cena», recuerda Ángeles.
«A veces nos encontramos con alguno en el supermercado o en cualquier otro sitio y es muy gratificante», cuenta Jiménez. «Cualquier persona que se pueda poner en su situación de tener que salir corriendo de tu casa, de abandonar toda tu vida y verte desplazado en otro país, un sitio que es para ti completamente desconocido, pues imaginaros la carga de emociones que puede llevar una situación de este tipo», añade.
«Eran como nuestra familia» recuerda Ángeles. «Conocíamos a los niños, jugaban con nosotros, nos buscaban, algunas veces les traíamos chuches y cosas así». Le preguntamos cuál es la estampa que más recuerda, pero son sobre todo los «pequeños momentos» los que más la han marcado. «Yo lo que más recuerdo son los niños», nos cuenta, «nos cogieron un cariño tremendo. Nos veían como a uno más de su familia. Los dibujos que nos hacían que tengo en mi taquilla de agradecimiento».
Una experiencia que también se extendió a los refugiados subsaharianos, aunque mucho más reducida. «Con ellos no tuvimos apenas contacto porque estuvieron muy poco tiempo y eran muy pocos. Yo solo les llevaba la comida a la zona en la que estaban y solo sé que fue todo bien», comparte Ángeles.
El director y la subdirectora del Hotel Ilunión Alcora de Sevilla, junto a algunos de sus empleados.
Ya sea durante más o menos tiempo, el hotel Ilunion Alcora de Sevilla ha marcado la vida de muchos de los que han pasado por sus instalaciones, ha dejado una huella imborrable en la vida de aquellos que trabajan en él a diario.
*David Vargas, alumno del Máster en Periodismo 360º de la Universidad de Sevilla y RTVE. Esther G. Pérez, redactora jefa de Sociedad, es su tutora y ha supervisado la elaboración completa de este texto.
Las comunidades autónomas han frenado este jueves, en la Comisión de Salud Pública, el borrador del Ministerio de Sanidad que incluía medidas de prevención y control de las enfermedades respiratorias, como la COVID-19, la gripe o el virus respiratorio sincitial (VRS). Entre otras cuestiones, contemplaba la vuelta a las mascarillas en caso de repunte de las infecciones y agravamiento de la situación epidemiológica. Ministerio y comunidades autónomas se han citado para una nueva reunión extraordinaria el próximo mes de noviembre en la que intentarán acercar posturas, aunque la fecha concreta aún no ha sido fijada.
En el encuentro de este jueves, los directores generales de las consejerías de Sanidad han analizado el documento ‘Evaluación del riesgo y recomendaciones para el control de las infecciones respiratorias agudas’ con el que el Ministerio de Mónica García quería lograr un consenso para mitigar el impacto de las infecciones respiratorias este otoño e invierno. En el texto, la Dirección General de Salud Pública planteaba cuatro escenarios posibles de riesgo (0, 1, 2 y 3) en función de determinados indicadores -como la tasa de incidencia, hospitalizaciones e ingresos UCI y ocupación de camas, entre otros-, en los que aplicar una serie de actuaciones homogéneas en todas las autonomías, aunque después cada una de ellas podía añadir otras nuevas según su situación epidemiológica.
Una de esas medidas era el uso de mascarilla, que Sanidad recomienda en todos los escenarios, aunque con una ampliación gradual de su uso según vaya empeorando la situación epidemiológica.
Falta de acuerdo con las comunidades del PP
La falta de acuerdo con las comunidades gobernadas por el Partido Popular ha sido el principal escollo que ha evitado la aprobación del plan, según ha afirmado el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla. «Las comunidades del PP frenan el documento redactado por sus propios técnicos para tener por primera vez un plan de actuación común frente a la epidemia de virus respiratorios. La irresponsabilidad es enorme y ojalá recapaciten», ha censurado su cuenta en la red social X poco después de conocerse el desacuerdo en la reunión, en la que ni siquiera se ha llegado a votar el documento.
Tras estudiarlo, algunos de los directores generales autonómicos han considerado que el plan está poco maduro; otros han cuestionado algunas de las recomendaciones como la de dar cinco días de baja a los trabajadores de centros residenciales contagiados que no puedan ser reubicados en otros puestos mientras les dure la infección y hay algunos que han criticado la falta de rigor y la improvisación.
Esta ha sido la opinión de la representante de Madrid, la directora general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, Elena Andradas, quien ha considerado que la estrategia adolece de «falta de criterio técnico y de improvisación», al tiempo que ha criticado que la estrategia «destila cierta nostalgia de la etapa de la pandemia» cuando la transmisión de estos virus «es bien conocida» y la situación actual es «completamente distinta a la de entonces». Por este motivo, el documento «no se ha aprobado tal cual se ha presentado porque se tiene que hacer una revisión profunda de la metodología».
Sin embargo, aunque se ha previsto una reunión «bien avanzado el mes de noviembre» para seguir estudiándolo, «no parece muy factible» que se llegue a un acuerdo sobre estas recomendaciones porque para entonces «la temporada ya está muy avanzada», lo cual no quita, ha añadido, que se pueda seguir trabajando para poder implementarlo ya en la próxima.
Cuatro escenarios de riesgo
Sanidad aspiraba este jueves a lograr un consenso con la estrategia que contempla cuatro escenarios posibles de riesgo (0, 1, 2 y 3) en función de determinados indicadores -como la tasa de incidencia, hospitalizaciones e ingresos UCI y ocupación de camas, entre otros-, en los que aplicar una serie de actuaciones homogéneas en todas las autonomías, aunque con la puerta abierta a que cada una añadiese otras nuevas según su situación. Una de esas medidas es el uso de mascarilla, que Sanidad recomienda en todos los escenarios, aunque con una ampliación gradual de su uso según vaya empeorando la situación epidemiológica.
El origen de este documento se fraguó en el anterior pico de infecciones respiratorias, en el que Sanidad acabó imponiendo el uso de mascarillas en todos los centros sanitarios del país, una intervención que el Ministerio no quería volver a repetir, según ha comentado varias veces su responsable, Mónica García.
A partir de ahí, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) invitó a las comunidades a participar en la elaboración de una estrategia conjunta para evitar otro año más de colapso del sistema ante el aumento de los casos. Invitación a la que respondieron Asturias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Extremadura, Murcia, la Comunidad Valenciana y La Rioja, que desde entonces han ido perfilando este plan de actuaciones comunes a lo largo de las cuatro reuniones que han tenido a lo largo del año con el CCAES para hacerlo.
Los 109 denunciantes, agrupados en las plataformas Marea de Residencias y la Asociación 7291: Verdad y Justicia para las Víctimas en las Residencias, dirigen la querella contra altos cargos del Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso en aquel momento y contra los geriatras de 25 hospitales.
Les acusan de un delito continuado de denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios. Los 115 residentes vivían en 72 residencias diferentes de la comunidad y 111 de ellos fallecieron.
Aportan «abundante documentación inédita»
Los denunciantes aseguran que aportan «abundante documentación inédita», incluidos «informes internos del Gobierno madrileño en los que se reflejaba día a día la situación en la que estaban todos los geriátricos de la región», según informan en una nota de prensa.
Entre los datos recopilados en esos informes figuran las «necesidades de personal», añaden. «Es fácil hacerse una idea de la dramática situación de abandono de las 72 residencias con el dato del 7 de abril de 2020: se necesitaban 37 médicos, 146 enfermeros y 756 gerocultoras», denuncian.
También aseguran que la decisión de prohibir el traslado de los residentes a los hospitales se empezó a aplicar el 13 de marzo de 2020, «cinco días antes de la aprobación del conocido como ‘protocolo de la vergüenza'», el documento de la Comunidad de Madrid que supuestamente impedía derivar a hospitales públicos a mayores residentes con alto grado de dependencia o discapacidad.
Sobre el anuncio de Ayuso de la «medicalización de las resistencias», señalan que dicho proceso «consistió en enviar 24 médicos y 25 enfermeras en marzo y abril de 2020, cuando 7.291 personas murieron en esos centros sin ser trasladados a un hospital».
Apuntan a los firmantes de los protocolos de no derivación
Los denunciantes consideran que se ha cometido al menos un «delito continuado de denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios», castigado en el artículo 511 del Código Penal. Para la consumación de este delito no se requiere un resultado posterior a la infracción. Es decir, lo que se castiga es la denegación de la prestación pública, en este caso sanitaria, «con independencia de cuál sea el resultado» en la salud de los afectados.
La denuncia se dirige contra 29 personas: los dos directores de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno madrileño durante la primera ola de la pandemia, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, quienes a su vez fueron el firmante y el autor de los dos Protocolos que impidieron el traslado a los hospitales de los residentes madrileños; Pablo Busca Ostalaza, director del SUMMA 112 en aquel momento; Antonio Burgueño, autor del Plan de Choque contra la Pandemia aprobado por el Gobierno regional que incluía supuestamente una medicalización de las residencias que nunca se llevó a cabo, y los geriatras responsables de aplicar el Protocolo de la Vergüenza en los 25 hospitales públicos madrileños.
Muchas familias siguen reclamando una reparación por las muertes de sus familiares en las residencias
Podría haber más responsables
Las asociaciones advierten de que «las responsabilidades no se detienen en estas 29 personas». «En la presente denuncia sólo se menciona a aquellas personas sobre las que existen pruebas claras o indicios sólidos de participación en los hechos denunciados. Pero es más que probable que, durante la investigación fiscal y judicial, aparezcan otras personas que hayan tomado decisiones que prueben su autoría en el delito», apuntan.
Los denunciantes detallan en su escrito la «discriminación sufrida por sus familiares en cinco ámbitos», el principal la no derivación a hospitales públicos, aunque también «el veto a atender a los residentes en los hospitales privados, salvo que el enfermo tuviera un seguro privado, en el hospital de IFEMA y en los hoteles medicalizados».
Junto a la denuncia, que tiene 160 páginas de extensión, los denunciantes aportan 60 documentos. Algunos son conocidos, como «las cuatro versiones del Protocolo de la Vergüenza o varias actas de inspecciones realizadas en residencias por la Policía Municipal de Madrid», a las que tuvo acceso RTVE.es y que publicamos en una serie de reportajes el pasado febrero.
Informes diarios de la Consejería de Políticas Sociales
Otros son «completamente inéditos», como por ejemplo los informes internos del Gobierno madrileño en los que se reflejaba día a día la situación en la que estaban los 475 geriátricos de la región. Esos informes se empezaron a elaborar el 18 de marzo y cada uno de ellos contiene miles de datos: desde el número de residentes positivos o aislados con síntomas de covid, al número de profesionales contagiados o en aislamiento domiciliario o las necesidades de personal que tenía cada centro.
Cada día, la Consejería de Políticas Sociales -en manos del dimitido consejero de Ciudadanos Alberto Reyero- elaboraba dos informes –uno con los datos de las 25 residencias de gestión pública y otro con las 450 residencias de gestión privada– y cada noche los enviaba a la Consejería de Sanidad, que era la responsable de adoptar las decisiones para frenar el abandono sanitario.
Piden hacer más a la Fiscalía
Los denunciantes aportan hasta siete informes –correspondientes a los días 31 de marzo, 7 de abril y 15 de abril, además del realizado el 23 de marzo para los centros privados–, pero solicitan al Ministerio Público que pida al Gobierno madrileño todos los informes que se hayan elaborado.
Recuerdan que los hechos delictivos que se denuncian podrían prescribir a partir de marzo de 2025. «Es su única y exclusiva responsabilidad impedir que esto ocurra», reclaman, y lamentan que la Fiscalía no actúe de oficio. «Suficiente anomalía es que hayamos tenido que ser los familiares de las víctimas quienes buscamos y encontramos unas pruebas que a la Fiscalía y a los tribunales les habría costado muchísimo menos conseguir».
Los familiares de los fallecidos han tenido poco éxito hasta ahora en la vía judicial, y con esta denuncia colectiva abren otra vía. De las 380 demandas presentadas en la Comunidad de Madrid, solo 150 siguen su curso judicial, 60 en el Tribunal Constitucional. Del resto, la mayoría han sido archivadas, según explicaba Carmen Martín, de la plataforma Marea de Residencias, a este medio en febrero. En 2022, Amnistía Internacional denunciaba que la Fiscalía había archivado el 89% de las diligencias por muertes en las residencias.
Martín insistía en responsabilizar a la Fiscalía, que «no se está presentando en los juicios». «No entendemos por qué no entran a investigar lo que pasó», denunciaba.
El SARS-CoV-2, el coronavirus responsable de la enfermedad COVID-19 está ya muy extendido en la vida silvestre, según ha comprobado un equipo de investigadores en Estados Unidos, que han demostrado además que las mutaciones coinciden estrechamente con las variantes que circulaban entre humanos, lo que respalda la tesis de una transmisión de humano a animal.
Científicos de varios centros estadounidenses, entre ellos el Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia (Virginia Tech) han detectado el virus en cinco especies de animales salvajes, con tasas de exposición que oscilan entre el 40% y el 60%; según han publicado en la revista ‘Nature Communications’.
La mayor exposición al SARS CoV-2 responsable de la COVID-19 se encontró en animales cerca de los senderos para caminatas y áreas públicas de mucho tráfico, lo que sugiere que el virus pasó de los humanos a la vida silvestre, según los investigadores, que han subrayado la necesidad de una vigilancia amplia.
Las mutaciones que se han detectado en los animales silvestres podrían ser más dañinas y transmisibles, lo que plantea desafíos para el desarrollo de vacunas, han alertado los científicos, aunque han precisado que no se han encontrado evidencias de que el virus se transmitiera de animales a humanos y que las personas no deberían temer por lo tanto las interacciones típicas con la vida silvestre.
Virus en ratones, zarigüeyas o conejos
Los investigadores estudiaron animales de 23 especies comunes del estado de Virginia -al sureste de Estados Unidos- tanto para detectar infecciones activas como para detectar anticuerpos que indicaran infecciones previas y encontraron signos del virus en ratones, venado, zarigüeyas, mapaches, marmotas, conejos de cola blanca del este y murciélagos rojos del este.
El virus aislado de una zarigüeya mostró además mutaciones virales que no se habían informado anteriormente y que potencialmente pueden afectar la forma en que el virus afecta a los humanos y su respuesta inmune.
“El objetivo del virus es propagarse para sobrevivir. El virus pretende infectar a más humanos, pero las vacunas protegen a muchos humanos; entonces recurre a los animales, adaptándose y mutando para prosperar en los nuevos huéspedes”, ha señalado la investigadora Carla Finkielstein, profesora de ciencias biológicas en Virginia Tech y una de los autores principales del estudio.
El trabajo amplía significativamente la cantidad de especies examinadas y la comprensión de la transmisión de virus hacia y entre la vida silvestre, y los datos sugieren que la exposición al virus ha sido generalizada en la vida silvestre y que las áreas con alta actividad humana pueden servir como puntos de contacto para la transmisión entre especies.
El equipo recolectó 798 muestras de animales atrapados vivos en el campo y liberados, o siendo tratados en centros de rehabilitación de vida silvestre, y 126 muestras de sangre de seis especies. Las ubicaciones fueron elegidas para comparar la presencia del virus en animales en sitios con distintos niveles de actividad humana, desde áreas urbanas hasta áreas silvestres remotas.
Basuras y alimentos desechados
Los investigadores no están seguros de las vías de transmisión de humanos a animales, y aunque han apuntado entre las posibilidades las aguas residuales, se inclinan por que los recipientes de basura y los alimentos desechados sean las fuentes más probables de contagio.
Aunque el estudio se centró en el estado de Virginia, muchas de las especies que dieron positivo son animales silvestres comunes que se encuentra en toda América del Norte, lo que hace que sea probable que también estén expuestos en otras áreas, por lo que los investigadores han subrayado la necesidad urgente de ampliar la vigilancia.
Según los investigadores la vigilancia de estas mutaciones debe continuar y no descartarse, y han incidido en la importancia de profundizar en el conocimiento sobre cómo se transmite el virus de los humanos a la vida silvestre, cómo podría propagarse dentro de una especie y tal vez de una especie a otra.
El estudio concluye que el SARS CoV-2 no es solo un problema humano y que es necesario un equipo multidisciplinario para tratar su impacto en diversas especies y ecosistemas de una manera efectiva.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha confirmado este lunes que viajeros que cancelaron sus viajes combinados debido a la pandemia de coronavirus en 2020 tienen que recibir reembolso por los pagos realizados aunque las empresas organizadoras se declararan insolventes con posterioridad.
El caso se refiere a un grupo de clientes austriacos y belgas que a raíz de la quiebra de sus organizadores de viajes, solicitaron a las compañías aseguradoras que les reembolsaran los pagos realizados. Estas se negaron al alegar que únicamente garantizaban el riesgo de que el viaje no se ejecutara debido a la insolvencia del organizador y recalcan que los viajes no se realizaron porque fueron los propios clientes los que cancelaron la actividad tras la crisis desatada por la pandemia de coronavirus.
Pese a que la insolvencia del organizador sólo se produjo posteriormente, el TJUE ha subrayado que la garantía establecida en la directiva europea se aplica también «cuando un viajero cancela el viaje por circunstancias inevitables y extraordinarias y, tras esa terminación, el organizador incurre en insolvencia».
En este sentido, el tribunal europeo señala que «no hay razón alguna para tratar de manera diferente a los viajeros cuyo viaje combinado no puede ejecutarse debido a la insolvencia del organizador y a los viajeros que han cancelado su viaje combinado por circunstancias inevitables y extraordinarias».
Es por ello que el TJUE interpreta que el derecho a reembolso quedaría privado si, cuando la insolvencia del organizador sobreviene tras la cancelación, la garantía contra tal insolvencia no cubriera los derechos a reembolso correspondientes.
Demandas a la compañía en su propia jurisdicción
En otra sentencia relativa al sector turístico, el TJUE ha confirmado este lunes que el cliente de una empresa organizadora de viajes puede demandar a la compañía en su propia jurisdicción siempre que el destino del viaje esté situado en el extranjero.
De esta forma sigue el reglamento ‘Bruselas I bis’, que establece como regla general la competencia de los tribunales del Estado miembro del domicilio del demandado. Así, el TJUE explica que el reglamento no se limita a determinar la competencia internacional sino la competencia territorial, puesto que la confiere directamente al órgano jurisdiccional del lugar en que esté domiciliado el consumidor.
Así se busca garantizar que el consumidor, en su condición de parte más débil, pueda demandar a la parte más fuerte ante un órgano jurisdiccional fácilmente accesible.
La presión en las filas del Partido Demócrata y las dudas acerca de su capacidad para continuar en la carrera presidencial han surtido efecto. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha abandonado su candidatura a la reelección tras semanas de incertidumbre. Después de las elecciones de noviembre, el mandatario se despedirá de un cargo que ocupa desde el 2020, cuando se alzó con la victoria frente a un Donald Trump que volverá a intentarlo en los próximos comicios, y al que el líder demócrata esta vez no parecía poder hacer frente.
Biden llegó a la Casa Blanca en plena pandemia de Covid-19 y heredó un país dividido y polarizado que arrancaba el 2021 con el asalto al Capitolio perpetrado por seguidores de Trump entre denuncias falsas de amaño electoral. En su toma de posesión, hizo un llamamiento a la unidad para superar lo que definió como un «oscuro invierno» y se comprometió a vencer las «crisis en cascada» que atravesaba el país. En RTVE.es hacemos balance de sus cuatro años en el Ejecutivo, marcados por el impacto del coronavirus y por los nuevos conflictos armados que han condicionado la política exterior estadounidense.
La pandemia y la gestión de una economía en horas bajas
En sus primeros meses en el cargo, Biden cumplió con su promesa de vacunar a 100 millones de personas en sus primeros 100 días como presidente (aunque después fueron otros muchos los que no quisieron ponerse la inyección) e impulsó el uso de la mascarilla, un elemento del que Trump renegó repetidamente. El virus había dejado por aquel entonces más de 400.000 muertes y la economía estadounidense estaba en horas bajas.
La tardía reacción de Trump, que se burló en repetidas ocasiones de la enfermedad, no ayudó a menguar la enorme crisis económica y sanitaria que enfrentaba la mayor potencia del mundo y contribuyó a la derrota del exmandatario republicano en las elecciones.
Durante la pandemia, la tasa de desempleo se disparó hasta acercarse al 15%, una cifra que se ha reducido durante la era Biden hasta situarse por debajo del 4%, en niveles pre-Covid. Biden impulsó un plan de estímulo económico por valor de 1,9 billones de dólares (1,67 billones de euros) para paliar la devastación económica causada por el impacto del virus, que incluía un refuerzo de los subsidios por desempleo y más ayudas para las familias con menos recursos.
El demócrata ha insistido en que la economía del país va bien. Sin embargo, pese a que los datos reflejan un crecimiento, los ciudadanos no perciben la mejora en sus bolsillos. Uno de los motivos es la alta inflación, que en estos cuatro años ha alcanzado niveles históricos, con el pico en junio de 2022, cuando se situó en el 9,1%. A lo largo de 2024 se ha mantenido por debajo del 4%, todavía por encima de los niveles en lo que solía moverse antes de la pandemia.
Ucrania y Gaza, una política exterior marcada por la guerra
Cuando Biden se convirtió en presidente dirigió sus esfuerzos a recuperar algunas relaciones diplomáticas con países socios que habían atravesado tiempos de tensión bajo la Administración Trump. Sin embargo, fue el punto y final a la presencia de tropas estadounidenses en Afganistán la decisión que marcó su primera etapa al frente del Ejecutivo. Tras dos décadas en el territorio, y como ya ocurrió con el conflicto de Vietnam, la caótica y precipitada retirada y el regreso de los talibanes al poder alimentó la impresión de que esa larga guerra tampoco había valido la pena.
A comienzos del 2022, la tensión entre Rusia y Ucrania empezó a marcar la actualidad internacional y, con el inicio de la guerra, el 24 de febrero, Washington adoptó un papel hegemónico frente a la ofensiva perpetrada por Moscú, que acaparó la política exterior estadounidense. EE.UU. prometió mantener un «apoyo inquebrantable» a Kiev y no tardó en convertirse en el principal socio militar y el mayor contribuyente a la causa ucraniana, superando ya los 61.000 millones de dólares en ayudas.
Tras 20 meses de conflicto armado en Europa, una nueva guerra irrumpió de lleno en el panorama internacional. El sangriento ataque de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023 desencadenó una dura ofensiva israelí en Gaza en la que ya han muerto más de 38.000 personas, y puso de manifiesto la férrea alianza entre Tel Aviv y Washington. El decidido apoyo a Israel provocó el desencanto de distintos sectores de la sociedad estadounidense y despertó una oleada de manifestaciones estudiantiles que hacían peligrar el voto de los jóvenes, un grupo de edad que fue crucial para la victoria de Biden.
Ambos conflictos han puesto de manifiesto divisiones en el seno del Partido Demócrata y discrepancias con la oposición. En abril, la Cámara de Representantes aprobó un multimillonario paquete de ayudas a Ucrania, Israel y Taiwán tras meses de paralización en la Cámara. Por un lado, sectores del republicanismo más radical consideraban que EE.UU. no se podía permitir seguir financiando a Kiev ante la creciente deuda nacional; por otro, algunos demócratas manifestaron su oposición por incluir una partida para Tel Aviv, mostrando su desacuerdo con la operación militar israelí en Gaza.
La gestión de la cuestión migratoria tras la mano dura de Trump
Biden llegó a la Presidencia con la promesa de revertir la dura política migratoria de Trump. El muro que el presidente republicano prometió levantar en la frontera con México no se materializó más allá de los 500 kilómetros construidos de los más de 3.000 que separan a EE.UU. de su país vecino. Sin embargo, el exmandatario sí que impuso una férrea barrera burocrática a través de distintas políticas y reglamentos, que incluyeron el veto a la entrada de ciudadanos de ciertos países.
Durante su estancia en la Casa Blanca, el líder demócrata ha llevado a cabo reformas destacables para contrarrestar la «política de tolerancia cero» de su predecesor, pero también ha sido durante su administración cuando el país ha registrado flujos históricos de llegadas irregulares en la frontera sur. Entre otras cuestiones, Biden puso fin al programa de protocolos de protección conocidos como el programa «Quédate en México», muy criticado por organizaciones de defensa de migrantes.
El dirigente, sin embargo, mantuvo mucho más de lo esperado el polémico Título 42, una medida impulsada por Trump para restringir las llegadas ilegales durante la pandemia que aceleraba la burocracia y permitía devoluciones en caliente al negar el derecho al asilo. Desde marzo de 2020 al mismo mes del año siguiente, cuando se derogó, fueron expulsados más de 2,8 millones de personas. Su fin trajo consigo un aumento progresivo del número de llegadas: solo en 2023, 2,5 millones de personas cruzaron de manera irregular la frontera sur.
El líder demócrata ha utilizado una retórica mucho más laxa que la de Trump, pero no ha logrado acabar con el colapso del sistema migratorio, que acumula más de dos millones de solicitudes de asilo retrasadas, según datos del Instituto de Política Migratoria, la mayoría de ellas de personas procedentes de Venezuela, Cuba, Colombia, Nicaragua y Haití. Asimismo, un informe publicado en 2023 por la Asociación Americana de Abogados de Inmigración arroja que los elevados tiempos de espera, que dejan a los solicitantes en un limbo legal, han aumentando en los últimos años hasta los seis años.
En junio, el presidente firmó su medida migratoria más dura, una orden ejecutiva por la que podrá cerrar de manera temporal la frontera entre EE.UU. y México a los inmigrantes irregulares que soliciten asilo si aumenta el número de detenciones por cruces ilegales. El protocolo se activará cuando las llegadas superen las 2.500 diarias durante una semana.
Un mandato bajo la incógnita de la reelección
La incógnita sobre la reelección de Biden ha sobrevolado a lo largo de su mandato. Como recordó esta semana en una entrevista a BET News, cuando tomó posesión, dijo que sería un candidato de transición y que en 2024 entregaría el testigo a un nuevo líder. Su vicepresidenta, Kamala Harris, que competió contra él en las primarias, era para muchos el futuro relevo del dirigente. Sin embargo, aunque para entonces ya había protagonizado algunos de sus más sonados lapsus, el líder demócrata confirmó en abril del año pasado que se presentaba a la reelección.
«No anticipé que las cosas se volverían tan divididas», aseguró el miércoles el presidente, cuando aún defendía con uñas y dientes su candidatura. Argumentó que la edad (tiene 81 años) le había traído sabiduría y que conocía la manera de «lograr cosas para el país». «No quiero dejarlo», dijo, e insistió en que solo renunciaría si le detectaban una enfermedad.
Sin embargo, mientras intentaba esquivar las críticas y los cuestionamientos sobre su edad, que empezaron a aumentar tras su actuación en el cara a cara electoral con Trump, la presión crecía en las filas de su formación ante el temor a una derrota frente a un adversario que había reaparecido fortalecido por el intento de asesinato que sufrió el domingo. La última encuesta de Ipsos, de hace una semana, mostraba que el 67% de los estadounidenses creían que el líder demócrata debía hacerse a un lado y dejar que otra persona afrontara la carrera presidencial.
Tanto Biden como Trump superan la barrera de la esperanza de vida media en los Estados Unidos (77,4 años), sin embargo, según un sondeo publicado en febrero por la mencionada encuestadora, la población estadounidense considera al candidato republicano mucho más capaz de ponerse al frente del país. El 53% de los encuestados cree que ambos son demasiado mayores para ser presidentes, aunque un 28% considera que solo Biden es demasiado mayor. Además, el 42% sí que cree que el candidato republicano tiene la agudeza mental necesaria para servir como presidente, mientras que solo el 23% opinaba lo mismo de Biden.
