El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y el expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha comparecido este lunes en el Congreso de los Diputados en la comisión de investigación del ‘caso Koldo’, ha negado que ordenase contratar a ninguna empresa y ha reconocido que tuvo «contactos institucionales» con Koldo García como «asesor del Ministerio» de Transportes que dirigía José Luis Ábalos.
Además, Torres ha asegurado que la adquisición de cinco millones de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, supuestamente implicada en una trama de corrupción y vinculada a Koldo García, fue decidida por los técnicos.
«Jamás ordené que se contratara con una empresa o no se contratara con otra. Con Soluciones de Gestión la propuesta llegó en abril de 2020 y se trasladó a los servicios técnicos que son los que proponen su adquisición«, ha incidido.
“A mí no me llamó el señor García ni el señor Ábalos“
Ante preguntas del diputado del PP Elías Bendodo durante la comisión de investigación del Congreso sobre los contratos durante la pandemia del Covid-19, Torres ha recalcado «para que no haya ninguna duda, jamás se me requirió para que se ordenara la contratación de ninguna empresa por parte de ninguna persona del Ministerio de Transportes». «A mí no me llamó el señor García ni el señor Ábalos», ha enfatizado.
En cualquier caso, Torres ha precisado que ya mantenía contactos con los asesores de Transportes antes incluso de ser presidente canario, cuando fue consejero de Obras Públicas porque estaban ultimando el Convenio de Carreteras, aunque enmarca estas conversaciones en contactos institucionales.
Valora el contrato con Soluciones de Gestión
Ángel Víctor Torres ha valorado que el contrato con Soluciones de Gestión lograra repartir más de cinco millones de mascarillas a sanitarios y a la población, se pagaran de forma posterior y más baratas que en otras comunidades; a un precio de 2,5 euros por mascarilla.
Al respecto, se ha remitido a la comparecencia anterior de su jefe de gabinete, Antonio José Olivera, donde ha explicado que fue el administrador único de Soluciones de Gestión, Iñigo Rotaeche, quien se puso en contacto con él para el contrato de mascarillas a través de una propuesta económica que posteriormente fue avalada por el Servicio Canario de la Salud.
En este punto, Torres ha incidido en «dejar claro» que «jamás» ordenó que se contratara con una empresa o con otra: «Jamás lo ordené porque eso no es propio de los responsables políticos porque eran siempre procedimientos reglados de manera técnica«.
Niega conocer a Ignacio Díaz Tapia
En cuanto al informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en el que aparecen conversaciones entre varios empresarios implicados en la trama Koldo, como Ignacio Díaz Tapias, y que relacionan al entonces presidente de Canarias con la comercialización de test de antígenos y pruebas PCR, Ángel Víctor Torres ha dicho que «no tiene conocimiento» de esa persona.
Según ha explicado, recibe centenares de llamadas, aunque ha recalcado que «jamás» ha hablado ni con Díaz Tapia ni con nadie «para contratar con ninguna empresa»: «No lo he hecho nunca, ni lo voy a hacer ahora».
Reivindica su gestión «ejemplar» durante la crisis sanitaria
Tras reconocer que serán los tribunales los que detecten si hubo acciones punibles con respecto al contrato de Soluciones de Gestión, el ministro de Política Territorial ha señalado que la gestión que hizo su comunidad fue «ejemplar» desde el primer momento, «en una situación lamentablemente difícil» en la que se gestionaron 1.000 contratos con un importe total de 124 millones de euros.
“Teníamos que buscar material como fuera“
«Teníamos que buscar material como fuera», ha dicho tras explicar que el gobierno canario se reunía periódicamente con cabildos y patronales y se tomaban decisiones «escuchando a todos los grupos políticos» pero «nunca jamás se habló de empresas ni de contrataciones».
El ministro ha dicho que como presidente autonómico no sabía de los contratos y se ocupaba solo de intentar conseguir el material preciso. Era el servicio de recursos económicos el que hacía las contrataciones, ha señalado Torres tras recalcar «que lo que hubiera sido una temeridad sería decir que no a un pedido de millones de mascarillas que podían llegar en unos días y salvar vidas».
No habló con el Gobierno balear
Por otra parte, ha señalado que no recuerda haber hablado con el Gobierno balear sobre el contrato de Soluciones de Gestión, firma con la que también contrató el Ejecutivo que entonces presidía Francina Armengol.
También se ha desvinculado del contrato del denominado ‘caso Mascarillas’ que investiga un contrato firmado en los meses iniciales de la pandemia por el cual el Servicio Canario de la Salud abonó cuatro millones de euros por una partida de un millón de mascarillas FFP3 que nunca recibió de la sociedad RR7.
Un caso por el que dimitió el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, y del que Torres ha dicho que enteró por la prensa. Ha explicado que en 2022 se incoó el embargo pertinente y que sigue el expediente pendiente de integro.
La compañía AstraZeneca ha dejado de comercializar su vacuna contra la covid-19, Vaxzevria, desde este martes, en la Unión Europea por petición propia, según informó la compañía británico-sueca en un comunicado.
Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso – Desmontamos los bulos sobre AstraZeneca con Verifica RTVE – escuchar ahora
La Comisión Europea (CE) notificó el pasado 27 de marzo que, a petición del titular, retira la autorización de comercialización del medicamento. AstraZeneca justifica la retirada en la falta de demanda y por el excedente de vacunas disponibles en estos momentos en el mercado.
“Dado que se han desarrollado múltiples vacunas actualizadas para variantes de covid-19, ahora hay un excedente de vacunas disponibles. Esto ha provocado una disminución en la demanda de Vaxzervria, que ya no se fabrica ni suministra”, se señala en la nota.
El laboratorio se felicita por el papel desempeñado por Vaxzevria para acabar con la pandemia. En esta línea señala que, “según estimaciones independientes, sólo en el primer año de uso se salvaron más de 6,5 millones de vidas y se suministraron más de 3.000 millones de dosis en todo el mundo”.
Amos García (OMS): «Un fármaco no está exento de efectos secundarios»
El miembro del Comité Permanente para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Amós García ha atendido al Canal 24 horas, con motivo de la retirada de la vacuna contra la COVID-19 de Astrazeneca y la trombosis que en raros casos producía, y ha declarado que: «Un fármaco no está exento de efectos secundarios, que vienen regulados en lo que es la ficha técnica del producto».
“Los beneficios que hemos obtenido, han superado claramente los riesgos“
García ha añadido que «los beneficios que hemos obtenido han superado claramente los riesgos de esta producción de trombos que se han dado en un porcentaje mínimo». Sobre las muertes que ha podido provocar, ha considerado que hay que demostrar «una relación de causalidad, no de casualidad«.
Ha recordado que ese efecto secundario «está identificado desde el año 2021. Se constató que había una posibilidad de que la vacuna AstraZeneca diera de manera absolutamente rarísima algunos procesos de tipo de embolismo» y, además, «en nuestro país esta vacuna no se administra» desde ese año, hace ya tres, ha concluido.
Vaxzevria, la vacuna de AstraZeneca frente a la covid-19, fue la tercera en llegar a España, después de las elaboradas por Pfizer/BioTech y Moderna, el 6 de febrero de 2021, una vez autorizada por la Comisión Europea el 29 de enero de ese año tras la revisión a la que todas las vacunas se someten por parte de la Agencia Europea de Medicamentos.
En España hay 6.831 centros residenciales, el 76% dirigido a personas mayores, el 21% a personas en situación de discapacidad y un 3% mixto.
En el caso de centros dirigidos a personas mayores, el 75% son de titularidad privada, frente al 25% de titularidad pública. En los centros dirigidos a personas con discapacidad, esta proporción es de un 80% de titularidad privada frente al 20% pública.
Son datos del primer censo de centros residenciales en España, presentados por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Se trata de un análisis elaborado por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).
El censo «representa un paso más para mejorar las políticas públicas en el ámbito de los servicios sociales», ha explicado la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez. “Este análisis surge por la falta de datos en este ámbito, sobre todo de información agregada a nivel nacional, algo que se evidenció especialmente durante la pandemia de la Covid-19”, ha subrayado Martínez. Por ello, ha celebrado que el censo se haya incorporado al Plan Estadístico Nacional 2021-2024 como una operación que se irá realizando de forma periódica.
Características del sistema residencial en España
En cuanto a los modelos de gestión de estos centros, solo un 14% de los centros dirigidos a personas mayores tienen titularidad y gestión pública, y solo un 13,7% en aquellos centros dirigidos a personas con discapacidad, según el documento.
El perfil de los residentes y de los trabajadores
El sistema residencial ofrece 381.514 plazas a personas mayores distribuidas entre 5.188 centros, mientras que para las personas con discapacidad hay 49.435 plazas repartidas en 1455 centros. Eso implica una media de 73,5 plazas por centro en los dirigidos a personas mayores y una media de 34 plazas por centro en los dirigidos a personas con discapacidad.
En relación con el perfil de los residentes, en los centros de personas mayores el 70% de las personas que residen son mujeres. En los centros para personas con discapacidad el porcentaje de mujeres es del 41,6%.
Además, el 75% de los residentes en centros de personas mayores tiene 80 o más años, mientras que en los centros dirigidos a personas con discapacidad el 84,9% son menores de 65 años.
En relación con los trabajadores, más del 95% es personal de plantilla, independientemente del tipo de centro. El 86% del personal son mujeres en los centros de personas mayores. En los centros dirigidos a personas con discapacidad, el porcentaje de mujeres es del 78,4%.
En los centros de personas mayores, el 57% del personal corresponde al primer nivel de atención, el más próximo al usuario, lo que da una ratio de 0,36 trabajadores de primer nivel de atención por residente. Esos datos, en el caso de centros dirigidos a personas con discapacidad, son del 58,3% del personal dedicado al primer nivel de atención, lo que arroja una ratio de 0,52 trabajadores de primer nivel por residente.
El exministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que durante los meses de la pandemia solo habló una vez con el exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, y que lo hizo para remitirle a los técnicos de su Ministerio, aunque ha remarcado que su departamento no realizó compras a la empresa Soluciones de Gestión, principal investigada de la trama del ‘caso Koldo’.
En la comisión del Congreso para investigar la compra de material sanitario durante la pandemia de la COVID-19, a la que ha sido llamado este lunes como compareciente, Illa ha negado haber mantenido contactos directos con las empresas implicadas en la causa. «Me vi una sola vez con Koldo y le remití a los técnicos», ha reiterado el exministro en varias ocasiones, insistiendo en que «no salió un solo euro del Ministerio para esta empresa».
«No sé si decirlo en latín. No autoricé ninguna compra de nada», ha recalcado Illa ante las continuadas preguntas de diferentes diputados, entre ellos el dirigente del PP, Elías Bendodo, que en su respuesta le ha acusado de mentir.
Ante esto, el socialista ha afirmado que «aquí no miente nadie» y ha explicado que la empresa formaba parte de un «acuerdo macro» que firmó Sanidad con la Unión Temporal de Empresas (UTE), constituida por Ferrovial junto a Soluciones de Gestión para optar a contratos tanto con el Ministerio como con las comunidades autónomas que se adhirieran a dicho acuerdo.
«Esto no es contratar con esta empresa«, ha apuntado el dirigente socialista, que ha invitado a los grupos a comprobarlo en la «plataforma de contratación pública».
Además, ha explicado que aplicaron un procedimiento para «homologar a 72 empresas» con distintos tipos de productos y poder decir que «estaban capacitadas para suministrar material». En concreto, comprobaban la solvencia de la empresa, la calidad del producto y el coste de compra.
Bendodo: «Ha mentido sin inmutarse»
«No coincide con el sumario», le ha señalado Bendodo, que ha explicado que en él aparece cómo algunos miembros de la trama indicaban que Sanidad había «dado el ok» a contratos.
«Su jefe de gabinete de entonces [Víctor Francos] ha reconocido que dos veces estuvo Koldo en el Ministerio y que hubo una comida con él para este tipo de contrataciones», ha expuesto el representante del PP en la comisión.
Precisamente, Francos ha comparecido este lunes por la tarde en la comisión del Senado para ser cuestionado por sus contactos con los cabecillas del ‘caso Koldo’, si bien el ex jefe de gabinete ha contado que Koldo se puso en contacto con él para ofrecerle productos sanitarios, pero que no los adquirió.
Por otro lado, Bendodo le ha reprochado a Illa el presunto sobrecoste en la compra de respiradores a las empresas Escribano Mechanical and Engineering y Hersill por 7.210 euros, remarcando que la Comunidad de Madrid adquirió 11 días después la misma maquinaria, pero «un 30%» más barata (por 5.620 euros). «Pagó ocho millones de euros en comisiones a una empresa, ¿por qué?», ha cuestionado.
Illa ha negado que se pagase comisión alguna, ha explicado que ambas empresas se aliaron para fabricar respiradores en conjunto y ha apuntado que, en otros casos, fue Madrid la comunidad que pagó más que el Ministerio.
Así, ha puesto como ejemplo la compra de mascarillas quirúrgicas, por las que, según ha dicho, Sanidad pagó de media 0,42 euros la unidad, mientras que la Comunidad de Madrid pagó una media de 0,82 euros. «No hice ningún reproche, ni lo hago ahora. Describo una situación. Simplemente, lo pongo de manifiesto para que todos nos miremos ante el espejo de aquellos días que fueron terribles», ha zanjado.
Más tarde, a la salida de la comisión, Bendodo ha hecho balance de la intervención de Illa, que, en su opinión, «ha mentido sin inmutarse». «Ha dicho que en el Ministerio no contrató con Soluciones de Gestión. Sí, lo hizo, lo dijo el subdirector de INGESA (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria), lo dice la Fiscalía», ha argumentado el ‘popular’. «Hoy hemos visto que aquí no se ha arrojado luz y esto es una comisión de ocultación», ha añadido.
Rufián cuestiona la gestión del exministro
El PP no ha sido el único en cuestionar la relación de Illa con Koldo García. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, le ha recordado que Francos ha reconocido en el Senado que se vio dos veces con Koldo.
En un tenso interrogatorio, Rufián ha asegurado que si a un cargo público le timan «tres veces», como a su juicio le pasó al exministro de Sanidad con los contratos para la compra de material anticovid, «es que hay tomate».
«No estoy dispuesto a que usted me insinúe cosas y no pueda contestar», se ha quejado el exministro ante las preguntas cortas y rápidas del diputado de ERC, a quien el presidente de la comisión, el socialista Alejandro Soler, ha pedido en varias ocasiones que no interrumpiera al compareciente.
Por último, Rufián le ha echado en cara que contratara con una empresa de La Roca del Vallès —donde Illa fue alcalde— cuya administradora había sido condenada por estafa, pero el exministro ha negado la mayor. Al final de su comparecencia ha explicado que esa condena se había impuesto en 2016, pero a una persona que ya no era administradora en 2020.
Mientras tanto, Francos ha apuntado en el Senado que Koldo García «jamás» le «insinuó ningún atajo» en ninguna de las reuniones y ha garantizado que en el Ministerio había «un sistema muy claro». «Todo el mundo acababa en el mismo embudo: nadie podía entrar en la botella por fuera del embudo porque el sistema no lo permitía», ha dejado claro.
Illa asegura que se enteró de la trama por los medios de comunicación
Por Junts, Míriam Nogueras ha recalcado que la gestión en los primeros meses de la pandemia ha sido considerada «de las peores a nivel internacional» y que, a su juicio, Illa «no tenía ni el criterio, ni la capacidad ni el equipo» adecuados para «gestionar políticamente una situación que era muy compleja». También le ha acusado de actuar «con falta de rigor y frivolidad en la gestión de los fondos públicos».
Illa también ha sido preguntado por la portavoz de Sumar, Aina Vidal, por si conocía o tenía sospechas de Koldo García, algo que el exministro ha negado: «No tuve sospechas, ninguna, me enteré por primera vez en los medios».
«Si hubiera tenido alguna sospecha de él o de quien fuera, la hubiera puesto en conocimiento de las autoridades judiciales», ha agregado.
La comisión no citará a los fiscales
Más allá de la comparecencia de Salvador Illa, la comisión ha acordado por amplia mayoría modificar su lista de comparecencias para sacar al fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, tal y como había pedido el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Todos los grupos han votado a favor de la decisión, salvo ERC y Junts, que han votado en contra, y Bildu, que no estaba presente.
También se ha excluido a la fiscal jefe de la Fiscalía Europea, Laura Codruta Kovesi, cuya presencia se aprobó a instancias de EH Bildu, y al responsable de la Fiscalía Europea que investiga el ‘caso Koldo’, Ignacio Lucas, testimonio pedido por Junts.
Hace dos semanas la madre de Ángela, de 90 años de edad, recibió en su casa una carta con acuse de recibo de la Comunidad de Madrid. En ella se le demandaban 901,58 euros por los días de marzo y abril de 2020 en los que Ángel, su padre, estuvo en la residencia Amavir de Valdebernardo hasta que falleció por coronavirus sin poder ir al hospital y, mientras la familia sin tener mucha información sobre el estado de salud de su padre los días previos. Nada más ver la carta, la familia entró en «pánico» y volvieron a las «trágicas» semanas de marzo y abril de 2020.
«Recogimos la carta y mi madre cayó en un estado de pánico al verla por lo que supone recordar todos esos acontecimientos terroríficos que nunca puedes llegar a asimilar e imaginar qué ocurrieron», cuenta Ángela en una entrevista a RTVE.es.
Ángel falleció el 2 de abril de 2020, con 89 años y sin poder ser derivado a un hospital, a pesar de que su hija llamó a una ambulancia durante el confinamiento. «Él me contaba que estaban en la ‘cola del cementerio’ esperando», recuerda triste e indignada Ángela.
La Consejería se defiende y asegura que se limita a cumplir la ley
A la familia de Ángel no le dieron nunca su alianza ni su reloj de oro. Ni siquiera les atendían por teléfono. «Nos colgaban el teléfono sistemáticamente. La residencia continúa funcionando como si nada, a pesar de que fallecieron más de 80 personas», dice Ángela. Ahora, cuatro años después, sí se han puesto en contacto, pero para reclamar el dinero de esos días. «Es de película de terror», dice Ángela.
La carta, a la que ha tenido acceso RTVE.es, está firmada por el director general de Atención al Mayor y a la Dependencia, Óscar Álvarez López, a fecha de 8 de marzo de 2024.
Carta que ha recibido Ángela Armingol de la Comunidad de Madrid con la reclamación del dinero de la residencia en la que falleció su padre.
La Comunidad dice que cumple la legislación estatal al reclamar las deudas pendientes. En un comunicado, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha señalado que «la Comunidad de Madrid cumple la legislación básica estatal cuando tiene que reclamar deudas pendientes de ciudadanos con la propia Administración regional», siguiendo «estrictamente» el procedimiento establecido en la Ley General Tributaria y en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
«Dejar que prescriban estos pagos a favor de la Hacienda pública podría dar lugar a exigencias de responsabilidad contable por parte del Tribunal de Cuentas y si, además, fuera de forma deliberada, constituir un delito de prevaricación», han recalcado.
Sin embargo, Ángela y otras familias que ya han trasladado la denuncia a sus abogados e incluso al Defensor del Pueblo, rechazan pagar. «El Gobierno de la Comunidad nunca asume responsabilidades. Solo miente, asesina y roba», afirma tajantemente Ángela. «Por eso vamos a recurrir. Ellos alegan en los tribunales de justicia causa de fuerza mayor. Pues claro, nadie niega que fueron unas circunstancias muy excepcionales, que estuvieron marcadas por la improvisación. Pero de ahí a la violación sistemática de derechos fundamentales que llegaron a realizar hay un abismo», concluye indignada.
Justo el mismo día que Ángela recibió la carta de la Comunidad de Madrid, la Comisión Ciudadana por la Verdad en las residencias, impulsada por familiares de víctimas que murieron durante la pandemia en estos centros, concluyó que “murieron en marzo y abril de 2020 miles de personas cuya muerte podía haberse evitado con una prevención y una atención sanitaria adecuada”. La comisión expuso en su informe que en aquellos dos meses murieron 9.470 personas que vivían en las residencias de Madrid: 7.291 en las residencias sin atención hospitalaria y 2.179 en el hospital.
El Congreso de los Diputados ha constituido este martes la comisión de investigación sobre el ‘caso Koldo’ con el objetivo de investigar los contratos públicos firmados durante la pandemia con la intermediación de Koldo García, antiguo asesor del exministro de Transportes socialista, José Luis Ábalos.
La comisión estará presidida por el diputado socialista Alejandro Soler Mur, único candidato que se ha postulado y que ha contado con la mayoría absoluta de la cámara. Además, la vicepresidencia primera estará ocupada por Engracia Ribera Arias (Sumar) y la vicepresidencia segunda la ocupará José Vicente Marí (PP), ya que la diputada de la formación de Yolanda Díaz ha recabado más apoyos que el ‘popular’.
Por su parte, las dos secretarías estarán ocupadas por Mercedes González, del PSOE, en primer lugar, y por Jorge Campos, de VOX, en segundo lugar. Campos ha logrado un hueco en la mesa de la comisión gracias al apoyo de los ‘populares’.
Esta comisión se ha constituido tan solo 24 horas después de que el Senado hiciese lo mismo y eligiese a Eloy Suárez como presidente de la comisión a propuesta del PP.
Tras la constitución oficial de la mesa, Soler Mur ha agradecido la «confianza depositada en los miembros de la mesa» y ha deseado que «el trabajo sea fructífero». El socialista ha anunciado que «en los próximos días» se convocará la mesa para recabar la información «pertinente» y se establezca un calendario de las comparecencias que «sean adecuadas».
Vox anuncia sus peticiones y Sumar pide «contención»
Paralelamente, algunos partidos ya han anunciado los nombres de algunas personas que solicitarán que declaren. En el caso de Vox, la formación liderada por Santiago Abascal solicitará la inclusión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en la lista de comparecientes.
Además de Armengol, la formación pedirá que se cite en ambas comisiones a los ministros Ángel Víctor Torres y Fernando Grande-Marlaska, así como al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y del líder del PSC, Salvador Illa, según han indicado fuentes parlamentarias
Por su parte, el portavoz de Sumar en la Cámara, Íñigo Errejón, ha dejado claro en una rueda de prensa que hay que tener «contención» en las comparecencias que se pidan y, por tanto, que haya un criterio en la solicitud. Y este criterio debe ser, a su juicio, que estas personas estén siendo investigadas, aparezcan en un sumario o existan «dudas razonables» de que puedan estar involucradas en prácticas corruptas.
Errejón ha insistido mucho en que si se hacen «dos comisiones espejo» y PP y PSOE las convierten en una partida de pin pon, «el resultado va a ser cero» y ha exigido seriedad: «La comisión del Senado es la tinta del calamar, pero la del Congreso no puede ser eso. No es una comisión para que desfile quien no te guste».
