«Llegué a tener 38 ofertas y vimos que la de Soluciones era seria»

En esa línea, García ha relatado que Ábalos le instó a centrarse «en ayudar» en lo que se pudiera: «Pedí presupuestos [de mascarillas] y acepté sugerencias de todo el mundo y como no soy un experto, lo pasé hacia arriba».

«Hablé con una empresa que era suiza, que nos estaba estafando, y dimos con Soluciones de Gestión. Llegué a tener unas 38 ofertas, las filtramos y vimos que la de Soluciones era seria porque nos trajeron dos aviones y nos cobraron cuando llegaron», ha continuado.

El ex asesor ha dicho igualmente que llegó a llamar a comunidades como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Canarias, Baleares o La Rioja para comunicar el buen funcionamiento de la empresa que, según él, no estaba rodeada ni por «engaños ni estafas».

«También llame a cuatro ministerios diciendo lo mismo», ha comentado a El Mundo.

A partir de ese momento, Koldo García sostiene que se dijo a sí mismo: «Yo ya he hecho mi trabajo». «¿Que dicen que lo hice fue ilegal? Yo actué con la única intención de ayudar», ha concluido.

El juez cree que García ejerció de intermediario en las negociaciones de compra de mascarillas a través del Ministerio con empresas de varias provincias, y cobrado sobornos o comisiones por facilitar estos contratos. Lo hizo, según la Fiscalía, abusando de su cargo público.

El primer contrato de Soluciones de Gestión fue con Puertos del Estado, donde Koldo García era vocal del Consejo Rector, y el siguiente siguió vinculado al Ministerio de Transportes.

Los grupos comunican sus representantes

La designación de los miembros de esta comisión se ha repartido de la siguiente manera: tres personas de cada grupo parlamentario de más de 100 diputados; dos de cada grupo con más de ocho parlamentarios y menos de cien, y un representante para el resto.

De esta forma, el PP ha presentado como titulares a Elías Bendodo, Macarena Montesinos y José Vicente Marí, y como suplentes a Ana Belén Vázquez, Pedro Muñoz y Carlos Rojas. Por su parte, el PSOE apuesta por Alejandro Soler, Juan Antonio González y Mercedes González como titulares y Patricia Blanquer, Alicia Álvarez y Montserrat Mínguez como suplente.

Desde Vox, han designado a los diputados Carlos Flores y Jorge Campos. De Sumar, se sentarán en este órgano Aína Vidal (‘comunes’) y Enrique Santiago (IU). Esquerra Republicana acudirá a esta comisión con su portavoz en esta comisión, Gabriel Rufián, y lo mismo hará Junts, que estará representado por Miriam Nogueras.

Del PNV, estará Maribel Vaquero, y por EH Bildu acudirá Oskar Matute. En el Grupo Mixto, será la diputada de Coalición Canaria Cristina Valido quien se siente en esta comisión. 

Tras la elección de los representantes, se empezarán los trabajos de la investigación parlamentaria, con las propuestas de los comparecientes y las solicitudes de informes, entre otros aspectos.

La Comunidad utilizó «criterios discriminatorios» para no derivar a los hospitales

A su vez, el estudio halla que “el Gobierno de la Comunidad de Madrid restringió drásticamente las derivaciones de pacientes desde las residencias a los hospitales” y utilizó “criterios discriminatorios (por lugar de residencia, discapacidad física o deterioro cognitivo)”.

Apunta a que “la Comunidad de Madrid elaboró, aprobó, distribuyó y aplicó cuatro protocolos sucesivos (18, 20, 24 y 25 de marzo)”, en los que “se establecen los criterios de no derivación, en los que se incluyen la dependencia física, el deterioro cognitivo y la comorbilidad”. Ello “supuso una discriminación en el derecho a la atención sanitaria y una vulneración del derecho a la vida”, y podría ser incluso constitutivo de delito.

El informe señala además que sí que se atendió a los mayores que tenían seguro privado. “Se aplicó un triaje masivo e indiscriminado, encubierto con la existencia de unos geriatras de enlace que, en realidad, no pudieron materialmente atender de forma personalizada cada una de las solicitudes de derivación”.

Los autores del texto, de 148 páginas, sitúan en el 7 de marzo el día a partir del cual «se redujeron drásticamente» las derivaciones, pasando de cerca de un centenar de derivaciones diarias a menos de la mitad en las semanas siguientes, cuando por la situación sanitaria deberían de haberse duplicado.

Falta de cuidados paliativos por «decisiones planificadas y conscientes»

También subrayan que la falta de medios apropiados «condicionó que, en muchos casos, los cuidados (paliativos) para reducir el nivel de sufrimiento de las personas residentes no se implementaron, o no se hicieron correctamente». Citan, por ejemplo, que «no hubo oxígeno, los cuidados de enfermería y apoyo psicosocial fueron nulos o insuficientes y el entorno íntimo familiar fue excluido».

Aunque el informe reconoce que la situación sanitaria fue grave y que no se limitó a Madrid, sino que afectó a toda España y a todo el mundo, señala que «no estamos ante decisiones improvisadas por la situación crítica que había provocado la pandemia, sino ante decisiones perfectamente conscientes, planificadas y mantenidas en el tiempo».

No hubo «medicalización» de las residencias

“Mientras que no se aclare lo que sucedió en las residencias, con la cantidad de personas fallecidas sin asistencia sanitaria, vulnerándose diversos derechos, la sociedad no puede avanzar”, ha afirmado Carmen López, de la Marea de Residencias, en la presentación del informe en el Ateneo de Madrid.

Su plataforma presentó más de 300 querellas para exigir responsabilidades, muchas de las cuales han sido archivadas, aunque más de 100 siguen en juzgados de instrucción o de primera instancia y más de 60 están en el Tribunal Constitucional. “Nunca dejamos de tener fe en la justicia”, ha señalado López, y ha avanzado que llevarán el informe a instituciones nacionales y europeas.

El estudio de la Comisión apunta también que la Comunidad “no medicalizó las residencias”, a pesar de su promesa, ya que “no había dotado a dichas residencias de personal sanitario, medios y organización suficientes para una atención adecuada (equivalente a la hospitalaria)” Además, el ejecutivo autonómico tomó la decisión de construir un hospital de campaña en IFEMA, para el que utilizó personal de la atención primaria, y con ese personal “se podían haber medicalizado más de 1.000 camas en residencias”.

Un informe para «buscar la verdad» y hallar «responsabilidades»

“Tratamos de buscar la verdad y ofrecer soluciones para un futuro, un futuro que pasa por una mayor inversión”, ha señalado Martín Pallín en la rueda de prensa. 

«Se adoptan unas decisiones que produjeron consecuencias sobre derechos fundamentales que la Constitución protege, aunque sean mayores, aunque tengan una discapacidad», ha apuntado por su parte el profesor de Derecho Constitucional y del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia Fernando Flores, también redactor del informe. Además de él, han particiapdo en la elaboración la doctora en epidemiología María Victoria Zunzunegui; el médico Fernando Lamata; la escritora Anna Freixas; la  socióloga y politóloga Cristina Monge, y el abogado y profesor de la  Universidad Carlos III de Madrid Eduardo Ranz. 

Flores también ha señalado que el estudio señala «dos tipos de responsabilidades: políticas y otras que tienen que establecerse por vía judicial», y en ese sentido, ha lamentado que «la Fiscalía y los poderes públicos no han hecho su trabajo en relación con la transparencia, con investigar lo que sucedió ni en lo político ni en el ámbito judicial». Los familiares de las residencias han denunciado en repetidas ocasiones que los fiscales no se presentan a las vistas judiciales de las causas interpuestas por lo ocurrido en las residencias. «No hay que olvidar, no hay que pasar página hasta que se sepa la verdad. Y esto sigue sucediendo, vivimos en una sociedad edadista», ha añadido el jurista.

Piden investigar a la Fiscalía y retomar la comisión de investigación

El texto también incluye una serie de recomendaciones específicas, entre ellas reabrir la comisión de investigación paralizada en la Asamblea autonómica y una investigación en profundidad por parte de la Fiscalía. Considera que «se ha vulnerado el derecho a la verdad» y critica la «nula voluntad de transparencia por parte del Gobierno autonómico» por negarse a retomar dicha comisión.

Además, insisten en que «el Ministerio Fiscal no ha realizado una investigación diligente, rigurosa y efectiva, a pesar de los gravísimos hechos acontecidos».

Pero más allá de estos casos concretos, llama a todas las administraciones a replantearse el modelo residencial, «que adolecía y sigue adoleciendo de importantísimas y graves limitaciones», unas limitaciones «especialmente agudas» en la Comunidad de Madrid. Por ello, recomienda aumentar el presupuesto público para el cuidado de mayores, ya que «la mercantilización de estos cuidados, cuanto más extrema y menos controlada por los poderes públicos, es y será la base de abusos y malos tratos intolerables».

Pide asimismo «visibilizar a las personas mayores y personas con discapacidad como sujetos plenos de derechos», desmontar prejuicios sobre este colectivo y asegurar que los residentes tengan «acceso al sistema nacional de salud a través de la atención primaria y especializada, además de poner al día «la normativa que regula los servicios sociales y los centros de mayores».

Una misión sin Orden de Servicio

La misión partió del entonces mando único de la Comunidad de Madrid, que celebraba las reuniones de su gabinete de crisis en la sede de la Agencia de Seguridad y Emergencias 112. Y las fuentes consultadas denuncian que no hubo una Orden de Servicio, el documento con el que trabaja habitualmente la policía y que indica una información básica: el personal requerido y el riesgo de la actuación.

“Fue algo un poco extraño”, asegura a RTVE.es Juan Mateo Bermejo, secretario general de UGT en la Policía Municipal de Madrid, quien desconoce si existió esta orden. Otras fuentes van más allá y aseguran que aquella ausencia de Orden de Servicio pudo ser “irregular”. En todo caso, prácticamente nadie fuera del SIES conocía la tarea que llevó a cabo esta sección, según confirman desde varios sindicatos policiales, y en lo que Bermejo ve algo de «ocultismo». Desde Comisiones Obreras aseguran, en cambio, que «no es extraordinario» que se actúe sin Orden de Servicio, y que podría tratarse de una orden interna para el SIES, aunque coinciden en que tampoco conocían la misión.

Eran cerca de una quincena los agentes que intervinieron en las residencias, según se puede ver en las actas, en turnos de mañana y tarde. Y estos agentes habituados a otro tipo de trabajo, el de hacer cumplir con la ley de espectáculos, acudieron sin una preparación adecuada al principal foco de los contagios, denuncian las mismas fuentes. “No sabían dónde iban”, coincide Bermejo. Desde el Ayuntamiento de Madrid han declinado responder las preguntas de este medio sobre la actuación policial.

La llegada de la UME, un antes y un después

Las fuentes consultadas cuestionan por qué se encargó al SIES, en concreto, y a la Policía Municipal, en general, esta tarea, cuando otros cuerpos, como la Policía Nacional o la Guardia Civil, tienen equipos especializados en riesgos bacteriológicos, las conocidas bajo las siglas NRBQ (Nuclear, Radiológico, Biológico y Químico). “Todo el sistema de riegos laborales falló, es algo inconcebible”, apuntan.

Los agentes del cuerpo local eran en muchas ocasiones los primeros en llegar, antes, por ejemplo, que la Unidad Militar de Emergencias, que el Gobierno central desplegó en las residencias más afectadas de todo el país desde finales de marzo.

“La UME se toma esto como una guerra”, señalan estas mismas fuentes, que sitúan la llegada de este cuerpo militar como la que marca un antes y un después en la situación de las residencias. Fueron los que se encargaron de aplicar un plan de sectorización de los centros con áreas para separar a los contagiados del resto y establecer zonas de desinfección. “La UME llega con unos conocimientos que nosotros no teníamos, y con una equipación que, comparada con la de la Policía Municipal, sería como una nave espacial frente a un Seiscientos”, señala por su parte el representante de UGT.

La «peor» intervención de los agentes: «Lo quieren olvidar»

Allí, los agentes hacían incluso de “psicólogos” de los directores de las residencias, algunos de los cuales se echaban a llorar. En las mismas actas se lee, por ejemplo, cómo la directora de la residencia pública Mirasierra, donde llegaron a tener cadáveres acumulados durante 72 horas, “se derrumba en varias ocasiones manifestando su necesidad de apoyo psicológico”, y además «manifiesta el absoluto abandono por parte de las instituciones públicas».

Hay actas muy extensas en las que los policiales describen con todo detalle la situación. “Demandan sudarios y ayuda para retirar a los fallecidos en el menor tiempo posible”, aparece en el acta del centro Orpea Valdemarín, con ocho muertos en el sótano. «Necesitan con urgencia [triple subrayado]: test, EPIS (guantes, batas, mascarillas FFPPII), sudarios para cadáveres», se lee en la residencia AMAVIR Usera. «Quiere hacer constar que se encuentra todo el personal agotado física y emocionalmente», recoge el acta de Geriasa Doctor Esquerdo.

«Los actuantes observan cómo la directora necesita apoyo psicológico por esta situación creada por el COVID-19. (Se derrumba al narrar el fallecimiento de uno de sus residentes por infarto de miocardio)», se lee en la de la Residencia Virgen de la Paloma.

Para los propios agentes el impacto emocional fue muy duro. «Es algo que ellos quieren olvidar. Cuando lo ven en la televisión les remueve por dentro porque fue la peor intervención a nivel de riesgo que han tenido en toda su vida«, subraya Bermejo.

Por eso, asegura que lo que más le duele es que «en ningún momento se le reconoció la labor que hicieron». Cree, además, que esta falta de reconocimiento público puede tener una explicación. «Nosotros desconocemos por qué se eligió a esta sección- Pero que no se reconociera ningún mérito ni ninguna felicitación sí que nos hace que pensar que esto no estaba reglado como tenía que estar», resume Bermejo.

Sí que se reconoció el trabajo del responsable de la sección, Esteban Alonso, que más tarde compartió con sus subordinados que el premio era de todos, recuerda este representante sindical.

Recogen las críticas por la falta hospitalización de los pacientes

En las residencias, los agentes constataron que el personal estaba desbordado y no tenía capacidad ni conocimientos para aislar a los pacientes más graves. También recogieron, de boca de algunos responsables de los centros, el hecho de que no se permitía la derivación de estos pacientes a los hospitales, lo que aumentó el número de muertes en residencias, como señala, por ejemplo, el acta sobre la residencia de la calle Doctor Esquerdo.

«Si se hubiera podido derivar a los residentes al hospital no hubiera habido tantos fallecimientos», asegura la responsable del centro en este documento. «Las derivaciones al hospital de referencia […] no se admiten para personas con síntomas por COVID», se lee en la de Amavir Usera.

Las fuentes consultadas consideran que hubo «imprudencias» en la gestión de la pandemia, especialmente en relación con el protocolo de la Comunidad de Madrid, que impedía hospitalizar a mayores con alto grado de dependencia o de discapacidad. Creen que, de otro modo, «se hubiera podido parar el número de muertos».

Lo ocurrido en las residencias madrileñas en aquel momento ha sido llevado en repetidas ocasiones a los tribunales, con poco éxito hasta ahora. Hay actualmente 150 causas abiertas en la Comunidad de Madrid y unas 380 se han archivado. Estas fuentes creen que la publicación de las actas -que ya están en manos de la Fiscalía- podría llevar a que se abran nuevos procesos, tanto por lo penal -por las muertes de los mayores- como por la posible vulneración de la legislación sobre riesgos laborales, para trabajadores de residencias y para los propios policías. En definitiva, aseguran, pretenden que se haga justicia.

*En la elaboración de esta pieza ha participado Estefanía de Antonio.

Asegura que su pareja está siendo «asediada por todo el poder del Estado»

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha lamentado que González Amador, «un ciudadano particular», está siendo «asediado por todo el poder del Estado» solo por el hecho de «ser su pareja», pese a que cuando se produjeron estas supuestas prácticas aún no estaban juntos. «La próxima vez pediré el currículum y hasta el certificado de vacunación», ha ironizado.

Según ha dicho, González Amador lleva lleva trabajando en el mismo sector «toda la vida», prestando servicios en el ámbito privado, y ha instado a La Moncloa a dar explicaciones porque el incremento patrimonial del que se habla «ha sido con el gobierno de Sánchez». «Estoy un tanto sorprendida, cuando el afectado no sabe nada y algunos medios de comunicación sabían algunos datos que se iban conociendo por las redacciones. No hay derecho a que los datos personales de nadie vayan circulando por cualquier sitio«, ha señalado.

A su juicio, la inspección de Hacienda «se ha orquestado» con el objetivo de hacerla daño. «Algo pasa en Moncloa que le tiene al presidente con estas formas», ha criticado, para después pedir al presidente del Gobierno «que se relaje» y se tome unas vacaciones en la República Dominicana: «Le veo nervioso y usando el todos somos iguales. Podrá ganar unos días pero algo le sucede», ha puntualizado.

Defiende que «no hay fraude» en la compra del piso

Sobre las sospechas vertidas sobre la compra de su vivienda, Ayuso ha señalado que ese piso pertenece a su pareja con quien reside allí «temporalmente», ha sido hipotecado y «está todo registrado ante notario». «No está comprado como hacen políticos socialistas, con billetes en rulos, como la trama del PSOE», ha dicho en referencia al ‘caso Koldo’, y ha añadido que «está todo en A» y pagará lo que le resta de la hipoteca «cuando Hacienda le devuelva lo que le debe».

«Yo en propiedad tengo un golf y la nuda propiedad de una vivienda. Así he vivido toda mi vida. Ahora he cometido el pecado de vivir con una persona a la que le va mejor que a mí», se ha defendido, para después concluir: «Si después de toda la vida trabajando, esta persona puede permitirse comprarse una casa, un coche o siete, yo soy libre de estar con él y meterme en esa cama«, ha concluido.

En relación a estos hechos, Más Madrid ha registrado este miércoles una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid para dilucidar los hechos. Según su portavoz, Manuela Bergerot, el caso de Alberto González Amador es «un escándalo mayúsculo» y dice que esto deriva de la «sensación de impunidad tremenda». «No se puede tener tanta codicia extrema en saber que has ganado dos millones de euros con comisiones de la compraventa de mascarillas en el peor momento de la pandemia y además con eso quieras defraudar Hacienda a 350.000 euros», ha cargado la líder de la oposición. 

«Les decía todos los días: ‘por favor, llevadle al hospital’, y no lo hicieron»

En las residencias de la Comunidad de Madrid han muerto cerca de 7.000 mayores por coronavirus durante la pandemia, más de 10.000 si se cuentan a los que presentaban síntomas compatibles con la enfermedad pero que no fueron confirmados, lo que sitúa a esta autonomía como la que cuenta con más muertes en geriátricos en España, según datos del IMSERSO recogidos por DatosRTVE. Un recuento del diario Infolibre en base a datos de la Consejería de Sanidad sitúa en 7.291 los muertos en residencias solo en los dos peores meses de aquella crisis.

Uno de aquellos fallecidos es Antonio, de 85 años, quien vivía en la residencia pública de Alcorcón desde hacía una década. Su familia lo iba a ver cada día hasta el 8 de marzo, cuando se prohibieron las visitas en las residencias madrileñas para evitar contagios. Él, con principio de alzhéimer, pero buena salud, no entendía por qué había dejado de recibir visitas, y sus allegados no pudieron hablar con él por teléfono más que una vez desde el cierre del centro. 

“¿Cuándo vais a venir a verme?”, les preguntó en aquella única llamada, recuerda Lola Parra, su nuera. Sería la última ocasión en la que escucharían a Antonio. Alrededor del día 20 empezó a enfermar: tosía y tenía unas décimas de fiebre. El día siguiente empeoró, según le explicaban las enfermeras a Lola. “Yo les decía todos los días: ‘por favor llevadle al hospital’”.

Desde la residencia nunca lo hicieron. Cuando ya estaba más grave y le diagnosticaron COVID-19, el día 27, le contaron que habían mandado a un conductor a por medicinas al hospital. Lola no entendía por qué no le llevaban directamente para ser tratado. Esa misma tarde murió, y como él, otras 78 personas solo en aquel centro, que cuenta con unos 400 residentes.

Sin sudarios para cadáveres que se acumulaban

Este trágico panorama se repetía en centros de todo Madrid, tanto públicos como privados. Solo en la residencia en el que trabajaba Isabel, también con cerca de 400 residentes, hubo unas 150 muertes, relata. Los fallecidos se trasladaban temporalmente al sótano, pero hubo un momento, sin espacio allí, sin personal suficiente, o con las funerarias desbordadas, que algunos cadáveres “se quedaban en la cama” en ocasiones durante un día, con otro residente al lado durmiendo.

Las actas policiales, que ha hecho públicas Más Madrid y que la Comunidad de Madrid se ha comprometido también a publicar en las próximas semanas, dan cuenta de situaciones similares en al menos otras diez residencias en la ciudad de Madrid. En algunas de ellas los fallecidos permanecían hasta 72 horas, y no tenían ni siquiera material para cubrirlos. 

“Necesitan con urgencia […] sudarios para cadáveres”, se lee en el documento que hace referencia a la situación de la residencia Amavir Usera el 7 de abril, día en el que tenían cuatro muertos sin trasladar. “Demandan sudarios y ayuda para retirar a los fallecidos en el menor tiempo posible”, aparece en el acta del centro Orpea Valdemarín, con ocho muertos en el sótano, el 3 de abril. 

Cómo fue la misión de la Policía

La desesperación que sentían algunas de las directoras de los centros se trasluce en lo que recogen los policías. La misión de inspeccionar las residencias, que partió del gabinete de emergencias coordinado por la Comunidad de Madrid, fue encomendando al Sección de Inspección y Evaluación de los Servicios (SIES) de la Policía Municipal de Madrid, que movilizó a cerca de una quincena de agentes. Estos visitaron casi 200 centros, prácticamente todos ellos en el mes de abril.

Denuncian que lo hicieron sin una formación específica para utilizar el material de protección en lo que entonces era el principal foco de contagio, según constatan fuentes policiales conocedoras de la situación de las residencias. A diferencia de otros cuerpos como la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, el cuerpo policial local no dispone de un equipo específico de riesgos bacteriológicos.

Además, según estas mismas fuentes, la misión de entrar en los centros de mayores se dio sin una orden de servicio, el documento habitual en estos casos en los que se advierte del riesgo del cometido o el número de agentes requeridos, entre otros datos. La ausencia de esta orden podría ser «irregular», apuntan.

«No se les ha dado la posibilidad de vivir»

“Ha muerto mucha gente sola”, denuncia Nandi, otra trabajadora, en su caso en la Gran Residencia de Carabanchel. Se trata de otro centro de grandes dimensiones, con 450 residentes, y donde fallecieron alrededor de 150 personas, según denuncia. Allí, con un personal ya insuficiente antes de la pandemia, lamenta, llegó a haber solo cuatro asistentes para cada 80 mayores por las numerosas bajas, muchas de las cuales no se cubrían.

De entre todos los enfermos, “muy pocos” se derivaron al hospital, asegura. Su testimonio coincide con el de trabajadores de cinco residencias, tanto públicas como privadas, consultadas por este medio. “No se les ha dado la posibilidad de vivir. Se les dejó encerrados y dejados de la mano de Dios”, señala en ese sentido Lucía. 

También las actas policiales dan cuenta de la no derivación a los hospitales. “De los 69 fallecidos, 9 fallecieron en el hospital y el resto (60) fallecieron en la residencia provocado por la no admisión de derivaciones de dichos pacientes en el hospital de referencia (La Paz)”, se lee literalmente en el documento sobre la residencia Mirasierra. En ella, también se recoge que “la directora manifiesta el absoluto abandono por parte de las instituciones públicas”.

En el acta sobre la residencia Geriasa de Doctor Esquerdo los agentes recogen el testimonio de la directora, quien asegura que: “Si se hubiera podido derivar a los residentes al hospital no hubiera habido tantos fallecimientos, puesto que solo son residencia y no hospital (carecen de los medios hospitalarios)”. De los 33 fallecidos que había a día 9 de abril, 31 murieron en la residencia.

La situación en este centro fue especialmente grave, y los documentos de la policía resaltan que la UME montó un hospital de campaña en su interior “ante la imposibilidad de parar la propagación” o que tenían un ascensor “de uso exclusivo para servicio funerario”. También recogen que la directora “quiere hacer constar que se encuentra todo el personal agotado física y emocionalmente”.

La Comunidad aseguró que el protocolo era un borrador enviado «por error»

La cuestión de la no derivación de mayores enfermos a hospitales ha estado recurrentemente en el centro de la polémica en la Comunidad de Madrid desde el inicio de la pandemia. La oposición ha denunciado, en base a investigaciones periodísticas como la de Infolibre, la existencia de un protocolo enviado a residencias y centros sanitarios a principios de marzo que impedía que los enfermos con alto grado de dependencia o de discapacidad fueran trasladados a hospitales para así evitar sobrecargar los centros médicos.

También el entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs), quien estaba al frente de las residencias, denunció el llamado “protocolo de la vergüenza”, que provocó que las personas mayores «quedaron abandonadas a su suerte», según ha asegurado en repetidas ocasiones y en su libro Morirán de forma indigna. Mientras, Amnistía Internacional recalcó en un informe que en Madrid y en Cataluña se habían vulnerado los derechos humanos por la falta de derivación a los hospitales.

Por su parte, desde la Comunidad de Madrid han señalado que aquel protocolo que establecía criterios de exclusión fue enviado “por error” y que no se trataba de una versión definitiva. En las últimas semanas, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha justificado que “cuando una persona mayor estaba gravemente enferma con el COVID no se salvaba en ningún sitio”. Pese a ello, un estudio científico publicado en 2023 en la revista Epidemiología mostró que en dos hospitales de Madrid que atendieron a mayores en residencias la tasa de supervivencia fue de entre el 57,5% y el 72,3%.

«No había oxígeno suficiente para todos los usuarios»

Los trabajadores consultados denuncian que no contaban con medios suficientes para atender a los pacientes más graves, ya que por su propia condición las residencias no son centros médicos. 

“No había concentradores de oxígeno suficientes para atender a todos los usuarios, sobre todo los primeros días. Había gente a la que nosotros no podíamos suministrar oxígeno”, relata Víctor, enfermero en una residencia concertada del grupo Los Nogales. Más adelante, con donaciones privadas y ayuda de los hospitales, sí que consiguieron más material, detalla. 

Además, las residencias solo disponían de concentradores, máquinas portátiles de reducido tamaño, y no de tomas de oxígeno, con mayor capacidad, como tienen en los hospitales. “Los concentradores de oxígeno no tienen la suficiente potencia para poder aguantar una situación así”, asevera Lucía.

Algunas de las actas apuntan a la falta de material de cuidados paliativos. Es el caso de la residencia Las Azaleas. “Manifiestan que no disponen de médico ni enfermera en turno de noche […]. Los cuidados paliativos de noche al no tener médico y enfermera les autorizaron desde el servicio de paliativos del Hospital Ramón y Cajal el uso de palomillas subcutáneas que tampoco disponen de ellas (no encuentran, actualmente tienen cuatro)”. Las palomillas subcutáneas son un tipo de aguja usado habitualmente para administrar cuidados paliativos.

“Muchos han muerto sin sedación, porque al principio no daban mórficos. Han muerto ahogados”, relata Nandi, un testimonio compartido por otras trabajadoras.

El día 12 de marzo de 2020, la Comunidad de Madrid anunció que las residencias se iban a “medicalizar” y que los mayores contagiados serían “atendidos allí mismo”. Sin embargo, los trabajadores consultados coinciden en que esa medicalización no fue tal. Aunque tenían médicos y enfermeros, ni había personal ni material suficiente, insisten. 

Falta de material: «Una mascarilla para 17 días»

Tampoco había material de protección frente al virus, como mascarillas o EPIS, ni para los residentes ni para los trabajadores, resaltan. De hecho, en las actas algunas de las palabras que más se repiten son “mascarillas”, “necesitan” e incluso “urgente”. “Teníamos una mascarilla para 17 días”, recuerda Lucía. Los EPIs, por ejemplo, en ocasiones se lavaban y tendían en los pasillos para reutilizarlos.

Mariví, cuya madre estuvo internada en una residencia, recuerda coser mascarillas y equipos de protección para donarlos al centro. También recibían donaciones de empresas privadas, recuerdan otros trabajadores.

Los agentes que visitaban los centros recogían asimismo la falta de ayuda de las administraciones. “No se ha personado ni UME, ni Comunidad de Madrid. En definitiva, ‘nadie’”, se lee en el acta de la residencia Rafael Alberti.

Cuatro años después de aquellos duros días de primavera, familiares de víctimas y trabajadores de las residencias siguen marcados por la profunda herida que dejó la pandemia. Isabel, quien lloraba cada día al volver a casa, sufrió tiempo después una “depresión impresionante” y buscó ayuda psicológica. Pese al dolor que sienten con el recuerdo, todos coinciden en pedir una sola cosa, como dice Lola: “Que no nos olvidemos”.