El Senado ha dado luz verde este martes a la creación de una comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del ‘caso Koldo’, que ha sido apoyada por unanimidad por todos los grupos parlamentarios, algo poco habitual durante esta legislatura. En total, ha recibido 259 votos a favor y ninguno en contra.
En concreto, se estudiará si hubo cobro de comisiones irregulares en la compra de material sanitario destinado a entidades dependientes de los ministerios de Fomento e Interior, así como a los servicios de salud de Baleares y Canarias. Está previsto que la comisión, que fue propuesta por el PP, se constituya en las próximas semanas, cuando se elijan los miembros que la conformarán. Posteriormente, se empezarán los trabajos de la investigación parlamentaria, con las propuestas de los comparecientes y las solicitudes de informes, entre otros aspectos.
El PP no ha desvelado a quiénes citará para comparecer en la comisión, si bien su portavoz en el Senado, Alicia García, ha reiterado que no descartan «a nadie». En su intervención en el pleno, ha señalado a varios miembros del Gobierno como responsables, como la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska; y el de Transportes, Óscar Puente. También cabe la opción de citar a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por los contratos del Govern balear cuando ella lo presidía.
El PP defiende que servirá para «levantar las alfombras»
En su defensa de la iniciativa, el senador del PP Luis Santamaría ha afirmado que, tras la creación de esta comisión, se trabajará «hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga y le pese a quien le pese» para dirimir las responsabilidades de la trama. Según ha apuntado, el objetivo de esta comisión será «levantar las alfombras» y «poner luz donde estiran la manta», de lo que ha considerado, una «corrupción mezquina, criminalmente organizada y a costa del sufrimiento de los españoles».
Asimismo, ha señalado que este caso no se circunscribe solamente a Koldo García, sino que ha denunciado una «corrupción sistemática por parte del Gobierno»: «Lo de Koldo, lo de Armengol, lo de Marlaska, lo de Ábalos, lo de Ángel Víctor Torres, lo de Montero, lo de Illa, lo de Sánchez, lo del PSOE es corrupción».
«Ya les advertimos que no podrán ustedes ni pararla, ni manipularla, ni enfangarla con las cortinas de humo y las patrañas» que, según ha proclamado Santamaría, cree que usan «desde que saliera el escándalo». La senadora ha adelantado que espera que los trabajos de la comisión sirvan para «despertar del letargo ético en el que duermen algunos buenos socialistas».
UPN y Vox trasladan su apoyo
Desde UPN, María del Mar Caballero ha mostrado su interés en esta comisión por «muchísimas razones»: «En primer lugar, porque Koldo García inició su vida pública en Navarra y era una persona muy cercana a la dirección socialista en Navarra». «También queremos que se constituya porque el señor Santos Cerdán también es de Navarra y precisamente es el valedor de este señor García. Y porque también la compra de las mascarillas por parte del Gobierno de Navarra nos ha arrojado muchas dudas que no pudimos aclarar», ha añadido.
Por su parte, la portavoz de Vox en el Senado, Paloma Gómez, que también ha apoyado esta comisión de investigación, ha reclamado al PP que utilice también su mayoría absoluta en la Cámara Alta para negarse a tramitar la proposición de ley de amnistía.
El resto de partidos critican que solo se investigue el ‘caso Koldo’
A pesar del apoyo unánime, partidos como el PSOE, Sumar, PNV o Junts han criticado que se ciña exclusivamente a esta trama y no a todos los contratos durante la pandemia de coronavirus. «¿Por qué no quieren estudiar todos los casos sobre comisiones ligadas a material sanitario?», se ha preguntado el portavoz socialista, Juan Espadas, quien ha afirmado que el PSOE «quiere mostrar a la ciudadanía» que la respuesta de su partido a un «supuesto caso de corrupción» es «diferente» que la del PP.
Al igual que él, los portavoces del bloque Izquierda Confederal han demandado al PP que «amplíe» el foco a investigar y le han afeado sus casos de corrupción del pasado. Así, la senadora de Más Madrid, Carla Antonelli, ha asegurado que le parece «muy bien poner luz y taquígrafos» a todas las compras de material sanitario, aunque ha criticado que el PP quiera centrar esta investigación parlamentaria solo en el ‘caso Koldo’. En términos parecidos se ha pronunciado el senador de Compromís, Enric Morera, que ha definido el objetivo de la investigación como «loable», pero ha insistido también en que cree que debería ser para «todos los casos de presunta corrupción».
Los portavoces del PNV y el grupo Parlamentario Plural (Junts, CC, AHI, BNG) también han criticado el «afán investigador intermitente» del PP y han confiado en «una investigación más abierta». Desde el PNV, su portavoz en el Senado, Estefanía Beltrán de Heredia, ha justificado su apoyo en que esta medida «pueda dar algo de luz y de claridad» sobre este asunto, «aun siendo conscientes de que esta propuesta está inspirada en la utilización política y el desgaste al Gobierno».
El senador de Junts Joan Baptista Bagué ha apostado por que «caiga todo el peso de la ley» en las personas que se aprovecharon de la pandemia, aunque también ha denunciado la «vocación investigadora» de los ‘populares’. Y la senadora del BNG, Carmen da Silva, ha afirmado que al PP «no le interesa que se investiguen los contratos de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, o las sombras en las adjudicaciones y los procesos de compra de la Xunta de Galicia con los contratos de emergencia».
El senador de Bildu Josu Estarrona ha denunciado que la credibilidad del PP es «nula» a la hora de «crear una comisión de investigación de depuración de responsabilidades, para ayudar en el esclarecimiento, para sacar conclusiones y para identificar posibles soluciones a los sistémicos de la corrupción en el Estado español». Mientras, el senador de ERC Joan Queralt cree que la comisión de investigación «no es más que un ejercicio sectario, oportunista y populista». «La investigación duplicará en parte la del Congreso y está llamada a tener un 0% de eficacia. Ruido, sí, para canutazos en sus teles afines, pero nada más», ha opinado.
Montse recuerda lo que ocurrió aquellos fatídicos meses de marzo y abril de 2020 día a día y hora a hora. Mientras España se cerraba para controlar el coronavirus, ella acometía su lucha particular para saber cómo se encontraba su madre, Francisca, interna en una residencia a sus 87 años y con alzhéimer avanzado. Francisca murió, víctima del virus, el 11 de abril, pero la lucha de Montse no hacía más que empezar.
“Me cuesta mucho porque tengo mucha impotencia y a la vez tengo dolor y tengo rabia”, cuenta a RTVE.es. “Yo todavía el duelo no lo he vivido, no he llorado prácticamente por mi madre. No he cerrado ese capítulo porque a mí nadie me ha dado explicaciones”, denuncia.
Francisca llevaba interna desde hacía años en la residencia Reina Sofía de la localidad madrileña de Las Rozas. Sus hijos acudían a verla y cuidarla prácticamente todos los días, hasta que el 8 de marzo este y todos los centros de Madrid se cerraron a los familiares para evitar los contagios.
Francisca, en dos fotos cedidas por su familia
Desde entonces, Montse solo recibía información a cuentagotas y sobre todo gracias a una persona de confianza que tenía dentro del centro. Lo que le contaban desde la dirección del centro era “contradictorio” con la situación crítica que se vivía dentro, según sabía a partir de esta y otras trabajadoras.
A principios de abril, su desesperación por no saber nada de su madre se disparó hasta el punto de llamar a la Guardia Civil en varias ocasiones, que se personó en la residencia para interesarse por el estado de Francisca. También se puso en contacto con este medio para dar a conocer su situación. “Estoy desesperada, si pudiera sacar a mi madre de la residencia, lo haría”, relataba en un reportaje publicado por RTVE.es el 2 de abril, mientras que también invitó al Telediario a desplazarse hasta este centro.
Más de 50 muertos en su residencia en las primeras semanas
Cuatro años después de aquel último encuentro, RTVE.es ha vuelto a contactar con Montse tras acceder a las actas policiales sobre la situación de las residencias madrileñas en la primera ola de la pandemia. Aunque estos documentos solo recogen lo que ocurría en los centros de la ciudad de Madrid, y no aparece la residencia Reina Sofía, sí que dibujan un escenario similar al que recuerda esta familiar: un personal desbordado, falta de material, o escasa comunicación con las familias.
En la residencia Reina Sofía, una de las más grandes de la comunidad, con medio millar de plazas, habían muerto al menos 50 personas a principios de abril, según contaron los trabajadores del centro a los medios en aquel momento. Montse iba conociendo cómo empeoraba la situación a través de las auxiliares de enfermería. “Me decían que había muchos cadáveres, que no es lo que se estaba diciendo. También que había días que no les daba tiempo a cambiarles ni a darles de comer porque no tenían personal”, relata.
Con esa información su preocupación no dejaba de crecer, y a pesar de su insistencia, no lograba que le permitieran hacer una videollamada con Francisca, al menos para verla, ya que por su deterioro cognitivo ya no podía hablar. «Y para que mi madre escuchara mi voz y no pensara que la habíamos abandonado», añade su hija.
«Había un protocolo por el que no podían llevarla al hospital»
El día 8 de abril le informaron de que se había puesto enferma, y ahí empezó otra lucha por parte de sus cuatro hijos: la de que llevaran a Francisca al hospital. Montse habló con un doctor de la residencia, quien, asegura, le respondió que “había un protocolo de la Comunidad de Madrid por el que no podían trasladar a personas como mi madre”, además de que “la residencia estaba medicalizada y lo que se podía hacer en un hospital se podía hacer perfectamente allí”.
El documento al que hace referencia es el que familiares de las víctimas y cargos de la Comunidad que vivieron de cerca la crisis de las residencias, como el exconsejero Alberto Reyero, han denominado “protocolo de la vergüenza”. Fue enviado desde el Gobierno autonómico en marzo a hospitales y geriátricos y establecía criterios de exclusión según los cuales se impedía derivar a centros médicos a mayores dependientes o con discapacidad. Según el Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso, se trataba en realidad de un “borrador” que fue enviado “por error”.
Montse denuncia que de aquella residencia “no llevaron a nadie” al hospital de referencia, y critica que el centro no contaba con el material médico suficiente para atender a los pacientes graves. Asegura que su madre “no salió de su habitación” y no fue trasladada tampoco a la clínica del geriátrico.
14 horas – Alberto Reyero: «Lo de las residencias no era un borrador, era un protocolo firmado» – Escuchar ahora
«Mi madre sufrió al morir»
El día 11 llegó nueva información para la familia. Su madre había empeorado y podía morir. Entonces Montse consiguió llegar hasta la residencia, a pesar de la prohibición, para estar con Francisca en sus últimas horas. Sin embargo, por el estado en el que la vio, aquello no fue un consuelo. “Al principio no la reconocí. Estaba esquelética y sucia por falta de atención”, recuerda, emocionada.
“Mi madre sufrió al morir. Murió como si sacas a un pez del agua y le vas dejando ahí, que se vaya quedando sin oxígeno. Murió como nunca pensé que ningún ser humano se podía morir en los tiempos que estamos”, relata. Tenía, además, a otra persona fallecida en la cama de al lado, separadas por un biombo.
Aquella última visión la acompaña cada día. “Yo pienso en mi madre desde que me levanto hasta que me acuesto”. Y fue, junto a todo lo vivido los días anteriores, lo que la llevó a luchar. Se sumó a la primera querella de la Marea de Residencias, aunque por motivos personales no siguió adelante en aquel momento, y ahora volverá a acudir a los tribunales para buscar justicia.
“Se le negó el hecho de ser atendida, no creo que sea justo”. Para Montse el dolor de la pérdida de su madre se une también al la impotencia y a la culpa, ya que ella era su tutora legal: “Siento que le he fallado a mi madre”, lamenta.
Y recuerda: «Yo no pido ni dinero. Yo pido, para poder cerrar esto, que me miren a la cara y me digan por qué se hizo lo que se hizo».
Cerca de 7.000 muertos en Madrid en lo peor de la pandemia
Francica es una de las cerca de 7.000 personas que murieron por el coronavirus en las residencias de la Comunidad de Madrid por coronavirus durante la pandemia, más de 10.000 si se cuentan a los que presentaban síntomas compatibles con la enfermedad pero que no fueron confirmados, lo que sitúa a esta autonomía como la que cuenta con más muertes en geriátricos en España, según datos del IMSERSO recogidos por DatosRTVE. Un recuento del diario Infolibre en base a datos de la Consejería de Sanidad sitúa en 7.291 los muertos solo en los dos peores meses de aquella crisis, marzo y abril. En toda España, son 35.000 los mayores muertos, según Amnistía Internacional.
Los familiares de aquellos fallecidos han acudido a los tribunales en repetidas ocasiones, con poco éxito hasta ahora. De las 380 demandas presentadas en la Comunidad de Madrid, solo 150 siguen en la última semana su curso judicial, 60 en el Tribunal Constitucional. Del resto, la mayoría han sido archivadas, según explica Carmen Martín, de la plataforma Marea de Residencias. Responsabiliza en muchos casos de estos archivos a la Fiscalía, que «no se está presentando en los juicios». «No entendemos por qué no entran a investigar lo que pasó», denuncia.
A pesar de los varapalos judiciales, asegura que «la esperanza nunca se pierde». «Es el motor que nos mueve, los tribunales europeos y cualquier ventana por donde entre luz es lo que nos permite seguir vivos. Confiamos en que la Justicia nos dará la razón, porque lo que ha pasado es muy grave», señala. Cree, que de volver a darse una situación sanitaria similar, «se podría volver a repetir, no ha mejorado nada y siguen sin poner medios en las residencias».
“La gente parece que ha pasado página”, lamenta por su parte Montse, pero ella, con su dolor a cuestas desde hace cuatro años, y con el recuerdo imborrable de su madre cada día en su mente, no está dispuesta a tirar la toalla. “Me siento con más fuerzas que antes. Mi madre no se podía defender, así que yo quiero defenderla en un juicio”.
El pleno del Parlament balear ha aprobado este martes, a instancias de Vox, crear una comisión de investigación que analice las posibles irregularidades cometidas en la compra de mascarillas en el marco del ‘caso Koldo’. Lo ha hecho finalmente con la abstención del PSOE, tras no obtener el compromiso de que comparezca la presidenta del Govern, Marga Prohens, y considerar que la investigación se detendrá en el cambio de Gobierno y no abordará la tramitación actual del expediente de reclamación. Asimismo, Més per Mallorca y Més per Menorca se han abstenido y Podemos ha votado en contra.
«Nuestro deber es ofrecer respuestas a los ciudadanos de Baleares», ha subrayado la portavoz de Vox, Idoia Ribas, mientras que el diputado del PP Sebastià Sagreras ha sostenido que la comisión de investigación dejará en evidencia los «silencios atronadores» de Francina Armengol y las «mentiras descaradas de su portavoz personal», en alusión al diputado del PSOE Iago Negueruela.
Ribas ha planteado una relación de hechos desde el 25 de abril de 2020, cuando la empresa Soluciones de Gestión ofreció al Govern balear una partida de 1,5 millones de mascarillas, hasta julio de 2023, momento en el que el Ejecutivo de izquierdas en funciones formuló la resolución del contrato por sobrecoste del material suministrado por valor de 2,6 millones de euros, el 70% de lo que se había pagado.
La diputada de Vox se ha referido, entre otras cuestiones, al acuerdo verbal para la compra y la fabricación de un expediente a posteriori, a la rapidez en el pago, a la caducidad de las mascarillas y a que se ocultara a la Guardia Civil los certificados que apuntaban a la inutilidad de las mascarillas. Además, ha insistido en que el anterior Govern solo inició la reclamación «perdidas las elecciones» y, además, fijando como referencia el precio máximo de las mascarillas «para favorecer a la empresa de la trama».
El portavoz parlamentario del PP, por su parte, ha agradecido la «buena idea» de Vox de pedir la comisión y ha insistido en que quedan muchas preguntas por responder en referencia a la ramificación balear del ‘caso Koldo’. Así, ha apuntado a quién de la trama contactó con el anterior Govern, por qué se tardaron tres años en reclamar o por qué no se informó en el traspaso de poderes. «¿Es capaz de mirarme a la cara y decir que no conoce a Koldo García?», ha preguntado el ‘popular’ a Negueruela.
Además, se ha declarado convencido de que si el PSOE hubiese seguido en el Govern tras las elecciones de mayo de 2023 «nunca hubieran reclamado» porque era una «trama al más alto nivel» en la que estaba involucrada la actual presidenta del Congreso y líder socialista balear.
El PSOE pide que se investigue también al Gobierno balear actual
Iago Negueruela ha puesto de relieve que toda la información sobre el expediente de reclamación del sobrecoste de las mascarillas se conoce porque la ha hecho pública su partido en un ejercicio de transparencia que se interrumpe a partir de la llegada del PP al Govern, a pesar de que en el sumario se alude a presiones de la trama para facilitar la caducidad de esa reclamación.
El portavoz socialista ha sostenido que para aplicar «la misma vara de medir para todo el mundo» es necesario que quienes promueven la comisión de investigación acepten que comparezca la presidenta del Govern del PP, Marga Prohens, pues de lo contrario el organismo fiscalizador será una «caza de brujas sesgada» contra Armengol. «No participaremos en una caza de brujas ni en un circo. ¿Qué papel quiere jugar Vox, del lado de la investigación o del lado de tapar lo que sucedió a partir del 6 de julio de 2023?», ha preguntado.
El líder de Més per Mallorca, Lluís Apesteguía, ha reprochado a PP y PSOE el «triste espectáculo» de su competición «a ver quién pide la dimisión más gorda», un ejercicio de «partidismo barato» que no sirve para aclarar las numerosas dudas que arroja este caso de corrupción, mientras que el representante de Més per Menorca Josep Castells ha cuestionado que la intención real del PP sea conocer la verdad de los hechos y ha calificado como «infundadas» las peticiones cruzadas de dimisiones. «Nadie se las toma en serio», ha añadido.
Por su parte, la diputada de Podemos, Cristina Gómez, la única que ha votado contra la comisión, también ha aludido a la «comedia» al describir el enfrentamiento entre los dos partidos
Més per Mallorca, Més per Menorca y Podemos han presentado su propia propuesta de comisión de investigación, expresamente referida a la gestión del Govern en las legislaturas pasada y presente, que se debatirá en un próximo pleno.
El portavoz del PSIB en el Parlament balear y ‘exnúmero dos’ del Govern de Francina Armengol, Iago Negueruela, ha vuelto a negar este martes que recibieran órdenes del Ministerio de Fomento o el ministro José Luis Ábalos para adquirir material sanitario en la empresa investigada en el ‘caso Koldo’ y ha defendido que el contrato «fue legal”. «Jamás recibimos ningún tipo de presión ni orden para suscribir el contrato», ha insistido.
«Había un pedido del Gobierno de España de mascarillas para distintas administraciones y había posibilidad de entrar en él», ha explicado Negueruela en La noche en 24 horas, donde ha recordado que fue el sistema sanitario balear (IB-Salut) quien verificó y validó que la operación podía llevarse a cabo, un procedimiento habitual en estos casos. «Se puso en conocimiento el nombre de esta empresa, al igual que se hizo con el de otras muchas empresas», ha apuntado.
«Todas las administraciones arriesgamos porque no teníamos mascarillas, necesitábamos material. Para nosotros lo más fiable era el Ministerio. Por eso nos sentimos víctimas», ha agregado.
24 horas – Negueruela: «La mayor parte de las escuchas involucran al PP de Prohens» – Escuchar ahora
Anteriormente, en otra entrevista en 24 horas de RNE, Negueruela también ha defendido que «el contrato fue legal y tramitado exclusivamente por el Servicio de Salud de las Islas Baleares», si bien no ha indicado si tiene constancia de quién fue la persona que les aconsejó comprar las mascarillas en dicha empresa.
“Jamás recibimos ningún tipo de presión ni orden para suscribir el contrato. Lo hemos reclamado y les hemos exigido la devolución por la diferencia de mascarillas quirúrgicas a FFP2 KN95, y hemos verificado y mantenido el material para poder exigirlo”, ha dicho Nogueruelas, que ha señalado que si adoptaron todas esas medidas es porque no pertenecen a la trama ‘Koldo’. «Si uno lee el sumario, se da cuenta de que gracias a esto es cuando la trama se pone más nerviosa y se puede seguir mejor el rastro de las personas implicadas», ha argumentado.
Acusa al PP de llevar a cabo una «cacería»
Preguntado por la tardía reclamación, que se prolongaron hasta los tres años, en ambas entrevistas ha afirmado que cumplieron con los plazos legales y que el retraso vino dado por las circunstancias de la pandemia, que llevó a la Administración a enfrentarse a unos presupuestos muchos mayores y a un elevado número de contrataciones para poder gestionar tanto las desescaladas como las campañas de vacunación.
En este contexto, ha cuestionado las acusaciones vertidas contra el Govern y la expresidenta balear y ha mostrado su indignación. «¿Por qué tenemos que ser acusados de corrupción sin ninguna prueba?», ha lamentado el portavoz socialista, que no ha dudado en calificar de «cacería» la respuesta del PP a la situación. «Nunca ha respetado la figura de Armengol, parece que se trata de destruir a la tercera autoridad del Estado», ha agregado.
Por otro lado, ha tirado por tierra el argumento de su homólogo actual del Gobierno balear, que sostiene que la Administración de Armengol mandó la reclamación a la empresa tras las elecciones autonómicas del 28M. “El 20 de marzo de 2023 mandamos la primera carta de reclamación a la empresa. Por entonces todo el mundo pensaba que seguiríamos en el Gobierno», ha afirmado.
Asimismo, ha asegurado que «las escuchas policiales» involucran a la actual presidenta, Marga Prohens, a quien ha pedido que explique el estado del proceso de reclamación: «Está en cuestión si se puede llevar a término la ejecución del contrato porque, dentro del plazo legal, el PP de Prohens ha podido caducar el expediente».
El Gobierno balear que presidió Francina Armengol ha defendido su gestión de la pandemia y ha argumentado que compró las mascarillas a la empresa investigada en el ‘caso Koldo’ «porque venía del Ministerio de Fomento». Al ser una fuente oficial, «tenía más credibilidad que lo que nos llegaba de terceros o de los comisionistas que en esa época contactaban con nosotros», ha asegurado el que fuera entonces el ‘número dos’ del Ejecutivo autonómico, Iago Negueruela, que ha negado presiones.
Desde el pasado mes de febrero, la Justicia española y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigan el presunto cobro de comisiones irregulares en las adjudicaciones de contratos de material sanitario destinados a entidades dependientes tanto a los ministerios de Fomento e Interior como a los servicios de salud de Baleares y Canarias.
En el caso de la Administración balear, se adjudicó un contrato de 3,7 millones en abril de 2020, en plena emergencia sanitaria.
Este lunes, en un encuentro informal con periodistas, Negueruela ha asegurado que la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL «gozaba de fiabilidad» porque venía del Ministerio de Fomento, dirigido en ese entonces por José Luis Ábalos. Sin embargo, no ha aclarado quién fue el primer contacto del Departamento con el Govern balear, asegurando en todo momento desconocer esa información.
«Ábalos no presionó jamás a Armengol. No tenía capacidad para presionar», ha subrayado Nogueruela ante las preguntas de los periodistas sobre si fue el exministro de Transportes quien incitó a firmar los contratos de compra.
«Nos sentimos víctimas»
«Nos sentimos víctimas», ha afirmado el socialista, que ha insistido en que el contrato era regular. De esta forma, ha defendido la gestión sanitaria, si bien ha señalado que, aunque la compra pasó por el Consell de Govern, todo el proceso lo llevó el Instituto Balear de Salud (IBSalut) y que ni la presidenta ni los consejeros estaban al tanto de los detalles.
De hecho, aseguran que en esos primeros tres meses de pandemia autorizaron compras de material por un valor total de 90 millones, y ese era uno de tantos contratos que pasaban por la mesa del Consell.
Negueruela también ha reconocido que el pago a la empresa se hizo con celeridad –el 5 de mayo, ocho días después de recibir las mascarillas– porque «competíamos con todo el mundo» y ha incidido en que incluso hubo proveedores que pedían dinero por adelantado.
Reclamaron la compra tres años después
Por otro lado, ha apuntado que el contrato de emergencia buscaba la adquisición de mascarillas de uso domiciliario y para tener stock, no para uso inmediato en centros sanitarios, y la controversia arrancó cuando, en junio de 2020 vieron que el material adquirido no respondía a las cualidades técnicas que habían pedido.
Cabe recordar que se les reprocha que, en agosto de ese año, y pese a haber visto que las mascarillas adquiridas no eran las que habían pedido, el IBSalut emitió un certificado a la empresa señalando que no había habido ninguna incidencia con el contrato, pero aseguran que aquello fue solo una especia de acuse de recibo sin trascendencia que se daba por defecto.
Pero con el tiempo empezaron a revisar los contratos firmados y, en julio de 2022, el IBSalut ya pensaba en reclamar. No fue hasta marzo de 2023 que se comunicó a la empresa. Su reclamación buscaba la devolución de 2,6 millones, la diferencia de coste entre la clase de mascarillas que habían pedido y lo que les llegó. Dicha reclamación se formalizó en julio, tres años después de la compra, pero sin agotar el plazo de prescripción.
A la pregunta de por qué tardaron tanto en hacer la reclamación, Nogueruela ha indicado que la reclamación se hizo dentro de plazo y ha argumentado que los funcionarios avanzaban su trabajo de la pandemia al ritmo que les era posible.
Además, ha subrayado que en el traspaso de poderes al nuevo Gobierno del PP se informó de la existencia del expediente: «Por personal de la dirección, sabemos que se lo dicen». En este contexto, el PSOE ha pedido explicaciones a la presidenta actual, Marga Prohens, de por qué ha dejado caducar el expediente de reclamación.
La Fiscalía Europea ha abierto este lunes en Madrid una investigación por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias en los contratos firmados por los servicios de salud de Canarias y las Islas Baleares para el suministro de mascarillas durante la pandemia de COVID-19 en el conocido como ‘caso Koldo’.
Así lo ha anunciado este lunes el órgano comunitario en un comunicado en el que precisa que abre las diligencias tras recibir «una denuncia de un particular» y llevar a cabo «diversas medidas encaminadas a verificar su competencia para investigar los hechos alegados». Además, ha recopilado información adicional de la Fiscalía Anticorrupción y del Juzgado Central número 2, así como de los distintos organismos encargados de gestionar la financiación de la UE.
«A partir de la información recabada, se decidió iniciar formalmente la investigación por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias», de acuerdo con la legislación nacional y el Reglamento de la Fiscalía Europea, indica el comunicado.
El ‘caso Koldo’
El conocido como ‘caso Koldo’ estalló el pasado 21 de febrero con la detención de Koldo García Izaguirre, antiguo asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, por presunta corrupción en la compra de mascarillas en 2020, durante la pandemia de COVID-19.
La Justicia española, en colaboración con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, está investigando el presunto cobro de comisiones irregulares o ‘mordidas’ en las adjudicaciones de contratos de material sanitario destinados a entidades dependientes de los ministerios de Fomento e Interior, pero también de los servicios de salud Baleares y Canarias, comunidades entonces presididas por la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, respectivamente.
En concreto, se estudian cuatro contratos firmados por Canarias y uno por Baleares con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL entre abril y mayo de 2020, por importe conjunto de 16.019.079 euros, de acuerdo a los datos que recoge la querella de la Fiscalía española.
En el caso de Canarias, el primero de dichos contratos se firmó para el suministro de 837.300 mascarillas KN95 y 555.000 mascarillas FFP2 por un importe de 2.095.018 euros. El segundo se adjudicó en concepto de transporte, fletes aéreos y seguros de transporte de mascarillas por 447.061 euros. El tercer contrato alcanzó los 4,7 millones de euros para la adquisición de mascarillas FFP2. Y el cuarto se suscribió por cinco millones de euros para el suministro de dos millones de mascarillas KN95.
Respecto a la Administración balear, el contrato adjudicado por el Servicio de Salud de las Islas Baleares se firmó en mayo de 2020 por 3,7 millones de euros para el suministro de mascarillas FFP2.
El PP acusa al PSOE de «arrastra la imagen» de España por la corrupción
A raíz de estas informaciones, el PP ha registrado este lunes en el Congreso su escrito exigiendo la dimisión “cuanto antes” de Armengol por “limpieza democrática”, ya que «los hechos no la convierten en víctima, sino en presunta colaboradora necesaria de esta estafa.»
Posteriormente, tras conocerse la investigación de la Fiscalía Europea, fuentes del PP a RTVE han denunciado que España «está en el foco de las instituciones de Justicia comunitarias por una trama de corrupción de cargos socialistas», llevando al país a un desprestigio «irreparable» «por la corrupción que acecha a sus dirigentes» y por la vocación de «amnistiar los delitos de sus socios parlamentarios».
«Los españoles no merecemos este castigo en términos de reputación europea», han insistido las mismas fuentes, que han pedido también responsabilidades «inmediatas»: «La presencia de Armengol y Torres en la vida pública mancha la imagen de nuestro país».
