Sumar ha mostrado este lunes su respaldo a la investigación de la supuesta trama de comisiones ilegales por la compra de material sanitario a raíz de la detención de Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos. «Da igual que se llame Koldo o Tomás Díaz Ayuso: hay que condenarlo y depurar responsabilidades. Sea quien sea y tenga el carnet que tenga», ha expresado la líder de Sumar, Yolanda Díaz.
– Díaz, que ha insistido en que hay que ser «implacables» ante cualquier presunta trama, ya sea el conocido ya como ‘caso Koldo’ o las posibles irregularidades en la Comunidad de Madrid. También ha considerado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está siendo contundente al pedir la dimisión como diputado de Ábalos.
“En lo peor de la pandemia necesitábamos gente a la altura, no personas que se aprovecharan de la emergencia para hacer sus negocios.
Da igual que se llame Koldo o Tomás Díaz Ayuso: hay que condenarlo y depurar responsabilidades. Sea quien sea y tenga el carnet que tenga.“
«El señor Ábalos es un diputado del PSOE y creo que debe ser el PSOE el que tome las decisiones que estime respecto de la actuación del señor Ábalos. En segundo lugar, la condena absoluta, como hemos hecho durante estos días, con cualquier forma de corrupción en nuestro país», ha aseverado la también vicepresidenta segunda en un encuentro con la prensa en la embajada española en Estados Unidos.
En la misma línea se ha expresado el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, quien ha pedido que se «llegue hasta el final» en la investigación sobre las presuntas mordidas y se diriman las responsabilidades políticas que sean necesaria. «Desde Sumar seremos implacables ante cualquier caso de corrupción, venga de donde venga», ha afirmado.
«Siempre hemos sido proactivos en dirimir responsabilidades y en pedir explicaciones. Lo hemos sido en la Asamblea de Madrid y lo seremos en el Congreso», ha subrayado Urtasun, recalcando que eso es lo que esperan los ciudadanos.
En redes sociales, la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, se ha sumado a sus compañeros de partido y ha subrayado que «no hay nada más execrable que el negocio obsceno con las mascarillas cuando todos los españoles» estaban con «un nudo en la garganta y los profesionales sanitarios dejándose la piel y la vida» durante la crisis sanitaria. «Que se llegue hasta el final y caiga del primero al último», ha zanjado.
“No hay nada más execrable que el negocio obsceno con las mascarillas cuando todos los españoles estábamos con un nudo en la garganta y los profesionales sanitarios dejándose la piel y la vida. Que se llegue hasta el final y caiga del primero al último.“
ERC pide la dimisión de Ábalos y Podemos pide una investigación
Por otro lado, ERC ha reclamado la dimisión del exministro José Luis Ábalos como diputado del PSOE, pero ha evitado posicionarse sobre el exministro de Sanidad, Salvador Illa.
La portavoz republicana, Raquel Sans, ha recordado en una rueda de prensa que su partido tiene «tolerancia cero con la corrupción» y que este caso se agrava por haber podido aprovecharse la situación de excepcionalidad por la pandemia «para enriquecerse».
Sans ha puntualizado, sin embargo, que ERC no secundará una petición de comparecencia de Salvador Illa ante el Parlament pedida por Vox, si bien «no descarta» la posibilidad de secundar otras iniciativas encaminadas a favorecer la transparencia sobre el caso.
Mientras tanto, Podemos ha indicado que pedirá en el Congreso una comisión de investigación sobre presuntas prácticas corruptas en contratos impulsados por administraciones públicas de compra de material sanitario durante la pandemia, al considerar que no es suficiente con la posible dimisión de Ábalos.
La coportavoz de la formación morada, Isa Serra, ha explicado en una comparecencia que no basta con la dimisión del exministro, dado que no se trata de buscar un «chivo expiatorio», sino que es necesario investigar lo sucedido y comprobar «quién sabía» sobre las presuntas mordidas.
«El PSOE, por su propio bien, debe ser el primero que investigue todos los contratos que se hicieron», ha remachado Serra, quien ha insistido en que el caso ‘Koldo’ es un «grave caso de corrupción» con «enorme coste» en plena pandemia, aprovechándose de la situación de emergencia.
Coalición Canaria y EH Bildu son otros de los partidos que han avanzado que apoyarán la investigación en el Congreso, mientras que UPN de momento se ha limitado a confirmar que apoyará la del Senado.
El PP pide esclarecer el ‘caso Koldo’
Vox tilda la marcha de Ábalos de «cortina de humo»
Vox, por su parte, considera que la dimisión de Ábalos no es suficiente y ha considerado una «cortina de humo» la respuesta del PSOE al ‘caso Koldo’.
En una rueda de prensa en la sede nacional del partido, el vicepresidente de la formación, Ignacio Garriga, ha indicado que se han personado como acusación particular en la causa judicial con el objetivo de «acorralar» al PSOE en este caso de «corrupción» y se han mostrado a favor de comisiones de investigación para depurar responsabilidades políticas.
«Si hablamos de responsabilidad política, es el momento de empezar por el primero, por el señor Pedro Sánchez», ha agregado Garriga, que ha pedido «llegar hasta el final». Asimismo, ha considerado que «el PSOE tiene la delincuencia en su ADN» y le ha acusado de «beneficiarse a sí mismo y a los suyos» cuando gobierna.
La Guardia Civil ha detenido a Koldo García Izaguirre, que fue asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, entre una veintena de arrestados por un caso de presunta corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia de COVID-19, en una operación en la que han sido arrestadas una veintena de personas.
La operación, dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 2, está coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y se ha desarrollado en distintas provincias de la geografía española, según ha informado el Ministerio Público en una nota en la que no aporta detalles de nombres de los detenidos, aunque fuentes de la investigación a RTVE confirman que uno de ellos es Koldo García, que pasará este jueves a disposición judicial.
Otras fuentes a Efe añaden que éste habría sido arrestado en Alicante y que entre los detenidos estaría también el presidente del Zamora Club de Fútbol, Víctor de Aldama.
La Fiscalía informa además de que las detenciones, que tuvieron lugar este martes, se enmarcan en una investigación vinculada a presuntos hechos delictivos asociados a delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, relativos a la adjudicación de diferentes contratos de varias administraciones. En este contexto se han realizado, además, alrededor de 23 registros domiciliarios o requerimientos. Mientras, se ha decretado el secreto sobre las actuaciones.
Supuesto cobro de sobornos en los peores meses del COVID
Europa Press cita además fuentes que informan de que la investigación se debe al cobro de sobornos en adjudicaciones de mascarillas en los peores meses de la pandemia. Las supuestas mordidas se habrían producido en contratos de material sanitario que iba destinado a los ministerios de Transportes e Interior, así como comunidades autónomas como Baleares y Canarias. Añaden que entre los detenidos no figura ningún cargo público, ya que las diligencias se centran sobre el papel de intermediarios como Koldo García y el resto de implicados.
Apuntan, además, a que el montante de los contratos de estas administrativas públicas supera los 50 millones de euros, según la estimación de los investigadores.
Koldo García Izaguirre fue nombrado consejero de Renfe Mercancías por Ábalos en su etapa al frente del Ministerio de Transportes en el Gobierno de Pedro Sánchez y como secretario de Organización del PSOE.
Precisamente, en 2020 y a preguntas del PP, Ábalos ya tuvo que dar explicaciones en el Congreso sobre el papel de su asesor en este caso en lo relativo al encuentro en Venezuela con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la líder de Más Madrid, Manuela Bergerot, han protagonizado este jueves un nuevo rifirrafe en la Cámara regional por la gestión de las residencias en la primera ola del coronavirus. En una tensa sesión de control al Gobierno, Bergerot le ha acusado de provocar la muerte de un gran número de ancianos por no recibir asistencia hospitalaria, a lo que Ayuso ha contestado que muchos morían también en los hospitales. «Cuando un mayor estaba gravemente enfermo, no se salvaba en ningún sitio», ha afirmado.
“Señora Ayuso, sus protocolos condenaron a morir a miles de mayores sin ir a un hospital, murieron ahogados, sin medicación para el dolor”, ha cuestionado la líder de Más Madrid, quien ha interpelado a la presidenta madrileña por los «protocolos de la vergüenza» y le ha acusado de estar «escondiendo» las actas policiales de inspección de las residencias durante la pandemia.
En dichos documentos, a los que tuvo acceso RNE, aparecen reflejadas las reclamaciones de los responsables de los centros sobre la falta de recursos materiales y humanos para hacer frente a la crisis sanitaria, así como sobre la orden de no derivar pacientes a los centros hospitalarios. «Si se hubiera podido derivar a los residentes al hospital, no hubiera habido tantos fallecimientos«, puede leerse en una de las actas.
Ayuso, sin embargo, ha defendido la gestión que hizo el Ejecutivo regional del COVID-19, que le dio en las elecciones «una amplia mayoría y después una absoluta», y ha acusado a Bergerot de hablar «sin total humanidad» sobre las residencias. «No lo soportan. De una manera mezquina, sin ningún tipo de humanidad, intentan retrotraerse a una época en la que ustedes lo único que hacían era tuitear«, ha espetado.
«Responda, presidenta, si no hicieron nada mal, entonces es que lo volverían a hacer, pero no me lo diga a mí, dígaselo a los familiares de los 7.291 mayores que murieron sin ir al hospital por culpa de sus protocolos», ha insistido Bergerot.
Ante ello, la presidenta ha vuelto a sacar pecho de la gestión de la pandemia y ha recordado que las primeras decisiones, las «más importantes», se hicieron «con todos delante, porque eso es democracia». «Y senté a los grupos parlamentarios para explicarles la situación en la que se encontraba España, en la que el Gobierno de Pedro Sánchez no hizo nada», ha expuesto.
Asimismo, ha afirmado que tuvo que ser el Ejecutivo autonómico quien «diera la voz de alarma» y «cerrase los colegios». En este contexto, ha acusado al Gobierno central de haber prohibido a las autonomías la compra del material sanitario y ha ironizado con «la toma del mando único» por parte del entonces vicepresidente Pablo Iglesias, «que no hizo absolutamente nada».
«Había muertos en todas partes, en las casas, en los hospitales, en las residencias, todo colapsado. ¿Y sabe lo que sucedía también? Que mucha gente mayor, cuando iba a las residencias, a los hospitales, también falleció. Porque cuando una persona está gravemente enferma, cuando una persona mayor está gravemente enferma con el COVID-19, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio«, ha concluido Ayuso.
García cree que la Comunidad debería hacer un ejercicio de transparencia
Posteriormente, en declaraciones a los medios, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha opinado que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso debería hacer un ejercicio de transparencia y mostrar el contenido de las actas de las residencias.
Según ha remarcado, esas actas ponen encima de la mesa «el abandono y la existencia real de esos protocolos de la vergüenza» que hicieron que miles de mayores «murieran de forma indigna en las residencias de la Comunidad de Madrid». «El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha hecho todo lo posible para que no se conocieran», ha denunciado la que fuera líder de Más Madrid en la región, que ha recriminado al Gobierno autonómico no desvelar su contenido.
«Yo creo que podría ser un buen momento para que la Comunidad de Madrid fuera transparente. Ya bloqueó una comisión de investigación y yo creo que tenemos ese derecho a saber como ciudadanos y ciudadanas a reparar también el dolor de las familias y ya de paso le podemos pedir perdón también», ha recalcado.
En los últimos días, además de Más Madrid, el PSOE también ha pedido que las actas sean públicas y que haya «transparencia total». Por su parte, Rocío Monasterio (Vox) deslizó también que «si el Gobierno cree que actuó correctamente, que publiquen ellos las actas».
La Policía Municipal de Madrid fue testigo de las carencias en las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid entre marzo y abril del año 2020, durante la primera ola de la pandemia de coronavirus. Las visitas a todas ellas se plasmaban en actas de inspección a las que ha tenido acceso RNE y en las que también aparecen reflejadas algunas quejas comunes de los responsables de los centros.
Los agentes registraron en prácticamente todos los informes las denuncias de falta de material adecuado, en especial de equipos de protección (EPI) y de test diagnósticos, lo que impedía diferenciar qué pacientes estaban sanos y cuáles no. Una situación que, por ejemplo, se encontraron los agentes en su visita del 6 de abril a la residencia de Nuestra Señora de Montserrat, donde había un paciente con síntomas compartiendo espacio con personas aparentemente sanas.
Una de las actas a las que ha tenido acceso RNE, en la que se detalla la situación del personal y la necesidad de materiales como los equipos EPI
Si bien era habitual el aislamiento de los casos sospechosos y el cierre de zonas comunes, algunos responsables relataron a la Policía la imposibilidad de realizar un correcto cribado en los centros, e incluso hubo quejas por la orden de no derivar pacientes a los centros hospitalarios.
Acta fechada el 9 de abril en la que se recoge que «si se hubiera podido derivar a los residentes al hospital no hubiera habido tantos fallecimientos» (RNE)
Este es el caso de la residencia de mayores Mirasierra. Allí fallecieron 60 personas y su responsable contó, según un acta fechada el 23 de abril, que no se aceptaron derivaciones de pacientes al Hospital de La Paz. Días antes, el 9 de abril, en la residencia Geriasa contaron a los agentes que si hubieran podido contar con esa ayuda, no habrían fallecido las 33 personas que perdieron la vida en el centro.
Acta de inspección de la residencia Mirasierra (RNE)
También es recurrente la mención al cansancio físico y mental de los trabajadores y la falta de rotación de las plantillas, mermadas por las bajas provocadas por la COVID-19. Es por eso que muchos centros relataron a los agentes la necesidad de contar con más personal, sobre todo de enfermería o médicos.
El 2 de abril, en la residencia de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, la responsable relató una situación muy dura: eran solo seis trabajadores para atender a los 46 internos y no daban abasto para realizar una atención adecuada.
Los familiares piden “verdad, justicia y reparación”
En España, durante la primera ola de la pandemia, murieron en residencias de mayores más de 20.000 personas, según los balances oficiales. En la Comunidad de Madrid, fallecieron hasta 9.468 ancianos en las residencias. De ellos, 7.291 no fueron trasladados a ningún hospital.
María Jesús Valero, familiar de una de las víctimas y miembro de la plataforma Marea de Residencias, ha afirmado en una entrevista en Radio 5 que han recibido la información de las actas policiales con mucha sorpresa. “Llevamos cuatro años pidiendo la verdad, investigando a través de querellas y estas actas no han salido a la luz. Y sobre todo que ahora la Comunidad de Madrid quiera seguir escondiéndolas, da lugar a pensar que habrá en ellas”, ha apuntado.
María Jesús Valero de Marea de Residencias: “Queremos verdad, justicia y reparación” – Escuchar ahora
Valero ha explicado que han llevado a cabo más de 350 querellas con un único objetivo: “Verdad, justicia y reparación”. Asimismo, ha asegurado que no se encuentran manipulados por nadie. “Por parte de la derecha están diciendo que las asociaciones de familiares estamos manipulados por partidos progresistas. Nosotros defendemos la verdad y sobre todo que se investigue y se vea de quién es la responsabilidad”, ha añadido.
La oposición pide que se publiquen las actas
Más Madrid ha anunciado su intención de acudir a la Comisión de Venecia, dependiente del Consejo de Europa, para que analice si se vulneraron derechos humanos. Para la portavoz en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, estos documentos muestran la «desesperación del personal» ante la «indefensión» en las residencias de mayores que «no tenían permitido derivar a mayores a los hospitales» y ha asegurado que las mismas dan constancia de los protocolos «de la vergüenza».
También se han pronunciado los socialistas, que han reclamado la publicación de las actas policiales. Así, el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha insistido en su «apuesta absoluta» por la «transparencia total para saber la verdad» y buscar con ello que «no pase nunca más».
Por su parte, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha recordado que la situación de las residencias en pandemia está en «procedimiento judicial» y que «como está en trámite, hay que ser muy respetuosos», pero ha deslizado que si «el Gobierno cree que actuó correctamente, que publiquen ellos las actas».
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha recurrido a los tribunales la publicación de los documentos alegando que contienen datos personales, cuya difusión está prohibida por ley. La consejera de Familia, Juventud y Asuntos sociales, Fátima Matute, ha asegurado que se hizo lo más «humanamente posible» para salvar todas y cada una de las vidas, tanto en los propios hospitales como en las residencias o en los domicilios.
Gripe, COVID-19 y resfriado, también conocido popularmente como ‘tripledemia‘, es el cóctel de virus que está protagonizando actualmente nuestras vidas. Un combinado que todavía «no ha llegado al pico de contagios» y que ya está saturando la «sanidad de nuestro país», tanto como que el Ministerio ha impuesto ya «el uso obligatorio de mascarillas en hospitales y centros de salud«. Un foco de actualidad que analizan en Mañaneros, programa de La 1 presentado por Jaime Cantizano, con la ayuda de la viróloga Margarita del Val. ¿Cómo protegernos y evitar caer enfermos?
Consejos básicos
Margarita del Val lo deja claro: «esta situación no es nueva y estamos actuando tarde«. Con el símil de la bola de nieve, la científica explica que es un momento equitativo a años anteriores a la pandemia o parecido al invierno pasado: «se inicia cuando empezamos las compras navideñas masivas en sitios aglomerados». Resulta que es muy importante saber la «cantidad de agentes infecciosos a los que nos exponemos», por ello, una solución rápida y sencilla es «actuar poniéndonos mascarillas«. Sin embargo, filtrar nuestro propio aire no es la única propuesta, antes de esto, «es mejor que el aire me venga ya filtrado«, es decir, que exista ventilación en los espacios de trabajo o ambientes interiores varios, «tanto públicos como privados«, domicilios o sitios de ocio.
Un remedio «de última hora» que sirve contra eso que ya hemos aprendido, «que la transmisión es por los aerosoles, permanecen tiempo en el aire y llegan a distancias cercanas por las gotitas», son agentes infecciosos que afectan a las vías respiratorias. Eso sí, «lo que tenemos que lograr es que no haga falta llegar a tener un uso obligatorio de las mascarillas, que no llegemos a colapsar la sanidad«. ¿Cómo se consigue este objetivo? Pues exponiéndonos menos «en zonas aglomeradas, o comidas familiares de larga duración con todo cerrado». No infectarse es importante no solo «por no saturar la sanidad, sino por no sufrir todos los síntomas que, en algunas personas, pueden llegar a ser graves». Además, también se evitan la tardía recuperación completa: «ya hemos aprendido que las infecciones no son inocuas, tienen secuelas».
Mascarillas, vacunas y contagios
La viróloga considera que las mascarillas deben usarse en «farmacias, residencias de mayores, centros de día, hospitales y sitios de mayor riesgo donde las personas están enfermas y son vulnerables«.
En el caso de haber tomado la precaución de vacunarse, esto no exime de coger la gripe o el COVID. El motivo es sencillo, lo que ocurre es que «las vacunas reducen mucho la probabilidad de que se tenga una enfermedad grave o el fallecimiento», es decir, disminuyen la cantidad de «agentes infecciosos que entran, de manera que el organismo lo puede combatir mucho mejor y, así, los síntomas son más llevaderos».
En resumen, «reducen parcialmente la probabilidad de contagiarse», pero no te mantiene ajeno por completo a la infección.
El Ministerio de Sanidad ha enviado este miércoles por la mañana una orden notificada a las comunidades autónomas para que establezcan la obligatoriedad del uso de mascarilla en todos sus centros sanitarios a partir de hoy mismo. La orden ha entrado en vigor desde el mismo momento en el que los gobiernos regionales han recibido la comunicación oficial, sin necesidad de publicación en el BOE.
Según ha anunciado la ministra de Sanidad, Mónica García, la obligación podrá pasar a ser recomendación en aquellas comunidades autónomas que presenten datos de descenso de contagios de enfermedades respiratorias durante dos semanas consecutivas. No obstante, «aquellas que a pesar de cumplir ese criterio quieran mantener la obligatoriedad, de acuerdo con el análisis de sus datos, podrán hacerlo durante la vigencia de la Declaración de Actuaciones Coordinadas», subraya el documento remitido a las comunidades autónomas.
«El Ministerio se hace cargo de esta evolución desigual en las comunidades de la epidemia, a la vez que sigue dando ese aval jurídico necesario a aquellas que necesitan más tiempo para descender», ha apuntado García, quien no ha especificado durante cuánto tiempo se prolongará la vigencia de las actuaciones coordinadas, aunque ha asegurado que «nos vamos a ir adaptando a la situación epidemiológica general».
Asimismo, entre otras medidas, Sanidad recomienda el uso de mascarillas en farmacias y otros espacios sociosanitarios, así como intensificar la vacunación de gripe y COVID-19. «Se trata de medidas de sentido común, un mínimo que se tiene que afrontar y que aprendimos con la pandemia», ha valorado la ministra.
Sanidad ha tomado esta decisión después de no haber llegado a un acuerdo con las comunidades autónomas en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que tuvo lugar este pasado lunes, en el marco del incremento de infecciones por virus respiratorios.
Epidemia de gripe y COVID-19
En los últimos días, ha habido un preocupante aumento de casos de gripe A y otras patologías respiratorias, como el COVID-19, coincidiendo con el fin de las fiestas navideñas y la bajada de las temperaturas, lo que ha favorecido el incremento de contagios. Aunque es difícil predecir cuándo se va a producir el pico epidémico, los especialistas creen que será entre esta misma semana y la próxima, mientras que los hospitales no comenzarán a notar una disminución en los ingresos hasta finales de febrero o principios de marzo.
En Cataluña, el menos media docena de hospitales han modificado la actividad quirúrgica no urgente, suspendiendo intervenciones agendadas o no programando nuevas, para hacer frente a la presión asistencial a causa de la ola de contagios de gripe y covid. La elevada incidencia de los dos virus mantiene la tensión en las urgencias, que en el caso de la atención primaria atienden a más de 5.000 visitas diarias de media y, en el de los hospitales, a más de 10.000.
La mascarilla es ya obligatoria en seis comunidades -Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón, Asturias y Canarias-, por lo que la medida del Ministerio de Sanidad implica que el resto, que abogaban por una recomendación, deben imponer su uso en centros de salud y hospitales. Sanidad materializa así su decisión de hacer uso de la declaración de actuaciones coordinadas contemplada en el artículo 65 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), con la intención de unificar la protección de los ciudadanos independientemente de donde vivan, además de dar un soporte jurídico a los gobiernos autonómicos que sí que han optado por hacerla obligatoria.
“��El Ministerio de Sanidad va a notificar esta misma mañana las comunidades la obligatoriedad del uso de mascarillas en centros sanitarios
Será entonces cuando entre en vigor. Así lo ha confirmado Sanidad a @rne
Varios presidentes autonómicos del Partido Popular, como los de Andalucía, Castilla y León, Aragón o Murcia, han censurado lo que consideran una «imposición» del Ministerio de Sanidad, al que acusan de actuar «tarde y mal» tras una epidemia de gripe que se ha disparado en las fiestas navideñas y que «ha pillado a la ministra Mónica García de vacaciones».
Andalucía ha considerado que «puede ser una medida positiva, pero siempre avalada por criterios sanitarios», Aragón ha cuestionado que la decisión del ministerio no haya sido tomada «pensando en la salud de los ciudadanos» sino «por las fotos» y Murcia ha reprochado al Gobierno «la falta de diálogo». Mientras que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tildado la medida de Sanidad de «improvisación»; mientras que Galicia, que defiende la medida en términos generales, lamenta que Sanidad haya impuesto la obligatoriedad de la mascarilla sin tener en cuenta la situación epidemiológica de cada territorio.
Euskadi y Navarra, que abogaban por que la medida no pasase de recomendación, ya han anunciado que estudiarán su legalidad. Otras como la Comunidad Valenciana o La Rioja pidieron que la vuelta al uso de la mascarilla se basase en informes técnicos y se tomase por consenso con los actores implicados, mientras que Baleares pidió que cada comunidad pueda actuar en función de su situación epidemiológica.
Extremadura ha insistido en que el uso de la mascarilla para evitar los contagios debe ser recomendable y pide una «mayor cautela» a la hora de dictar su obligatoriedad. Sin embargo, a final de la tarde, la Junta ha confirmado en un comunicado que «acata la orden» de Sanidad y que, en consecuencia, «exigirá el uso de mascarillas en centros sanitarios». En Cantabria, su Consejería de Salud aconsejaba hasta ahora el uso de la mascarilla en los centros médicos para la personas que presentan síntomas compatibles con una enfermedad respiratoria.
Las comunidades autónomas tenían hasta este miércoles para implantar nuevamente el uso de la mascarillas en los centros sanitarios, una medida que debían adoptar de forma voluntaria antes de que Sanidad recurriera a su imposición. La ministra Mónica García pidió a las comunidades que no lo habían hecho que se sumen a su propuesta «con un poquito de normalidad» porque es de sentido común «y la gente ya la está aplicando en los centros sanitarios pese a que no hay obligación».
Importancia de la mascarilla
Aunque no han valorado específicamente la medida impuesta por el Ministerio de Sanidad, diferentes especialistas en salud pública coinciden en destacar la importancia de la mascarilla para hacer frente a situaciones epidémicas como la actual, así como evitar tensiones en el sistema sanitario. La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) ha abogado por usar la mascarilla «apropiada» en «momentos en los que sea necesario» para afrontar el incremento de las infecciones respiratorias, así como también por solventar que las bajas laborales dejen de aumentar la saturación asistencial.
La SEE ha querido recordar las medidas farmacológicas y no farmacológicas que, «bien utilizadas», pueden ayudar y que deberían servir como lecciones aprendidas de la pandemia de COVID-19. Así, apuesta por aumentar las coberturas vacunales en gripe y COVID-19, mantener una ventilación adecuada de locales y viviendas y adecuar el sistema sanitario a los picos de aumento de la incidencia, «no solo para este año, sino para todas las temporadas de virus respiratorios».
Por su parte, la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria (SEMPSPGS) considera «altamente recomendable» las mascarillas en centros sanitarios y sociosanitarios, así como en aglomeraciones en espacios cerrados como cines, colegios, universidades, puestos de trabajo o transporte público, independientemente de la presencia de síntomas.
Por último, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) ha lamentado «profundamente» que la medidas de las autoridades sanitarias se hayan adoptado en los últimos días, cuando los profesionales llevan advirtiendo de la situación desde diciembre. Semergen recomienda usar mascarillas en los centros sanitarios, no solo a pacientes con síntomas, también a los que presentan patologías previas o están en contacto con personas vulnerables; en todo caso, aconseja acudir a los mismos solo «cuando sea realmente necesario» para evitar el colapso.
