7 de noviembre de 2023
El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado por unanimidad que un juez autorice la vacunación de una menor contra la COVID-19 en caso de que los padres estén en desacuerdo. Los magistrados han desestimado el recurso de amparo que había presentado la madre de una niña de 11 años contra las resoluciones judiciales que autorizaron que se vacunara a la menor.
Así, el Pleno ha aplicado la doctrina iniciada por el propio TC el pasado abril al considerar que, si bien la vacunación afecta directamente al derecho fundamental a la integridad física de la menor, las decisiones judiciales que la autorizan han sido dictadas con pleno respeto a las garantías constitucionales.
Según la corte de garantías, en esta ocasión el tribunal ha estudiado un caso en el que existía un «desacuerdo» entre los padres de la menor a la hora de decidir sobre la vacunación. La madre se oponía por considerar que se trataba de una modalidad de terapia génica que todavía se encontraba en fase experimental y podía generar efectos adversos graves. El padre, por su parte, acudió a los tribunales.
Mayores beneficios que riesgos
La justicia dio el visto bueno a la vacunación y se amparó en los informes y recomendaciones de organismos acreditados en materia de salud pública -Agencias Española y Europea del Medicamento y Productos Sanitarios, Consejo Interterritorial de Salud, Asociación Española de Pediatría y Centro para el Control y Prevención de Enfermedades- que avalaban el hecho de que la vacuna implicaba mayores beneficios que riesgos a nivel individual, también para el tramo de edad de la hija de los litigantes.
Ahora, el Constitucional se ha pronunciado, desestimando el recurso de la madre al considerar que la autorización judicial de vacunación encontraba sustento legal en la Ley 41/2002, básica para la autonomía del paciente.
La norma, al regular el consentimiento informado a actuaciones sanitarias, prevé la posibilidad de que este consentimiento sea dado por quienes representan a la persona menor de edad que carezca de la capacidad intelectual o emocional necesarias para comprender el alcance de la intervención.
La menor de 11 años no podía decidir
En el caso analizado los dos progenitores asumieron desde un principio que su hija carecía de la madurez necesaria para decidir por sí misma acerca de la vacunación, y que, en consecuencia, a ellos correspondía, como titulares de la autoridad familiar, adoptar la decisión.
Esta asunción, aceptada por los tribunales ordinarios, no podía tacharse de injustificada según el TC, dado que la decisión exigía llevar a cabo una compleja ponderación de los riesgos y beneficios de la vacunación, lo que, a su vez, requería de la capacidad de comprender y someter a juicio crítico documentos médico-científicos contrapuestos que utilizaban argumentos técnicos, propios de la medicina, la farmacología y la estadística aplicada, notablemente sofisticados e intrincados.
El TC ha considerado que cabía inferir razonablemente que una menor de 11 años no habría de contar con la capacidad intelectiva ni los elementos de juicio precisos para emitir un consentimiento informado por sí misma. La intervención de los tribunales se hizo necesaria desde el momento en que se produjo el desacuerdo entre los titulares de la autoridad familiar, de acuerdo con el Código Civil Foral de Aragón.
En la sentencia, de la que ha sido ponente la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, el tribunal ha avalado que las decisiones judiciales adoptadas en el caso concreto justificaron de manera adecuada y suficiente la decisión de autorizar la vacunación de la menor como medio para tutelar efectivamente su interés superior.
2 de noviembre de 2023
Circula por redes sociales y WhatsApp un vídeo que muestra varios coches de Policía retirándose de una calle por el avance de un grupo de personas que lanzan objetos contra el despliegue policial junto a mensajes que presentan la grabación como un ataque de «inmigrantes ilegales» contra las fuerzas de seguridad. Es un bulo. La grabación refleja unos disturbios registrados el 30 de octubre de 2020 en el barrio de Gamonal, en la ciudad de Burgos, en el marco de una protesta contra el confinamiento por la pandemia del nuevo coronavirus.
“La policía nacional española huyendo de un ataque de inmigrantes ilegales (sic)”, leemos en un mensaje que adjunta un vídeo de 18 segundos de duración y que circula por WhatsApp con la etiqueta de “reenviado muchas veces”. En la grabación vemos cómo cinco coches con sirenas huyen en el sentido contrario al que avanza un grupo de personas que lanzan objetos contra los agentes. La secuencia también la encontramos compartida en X el 29 de octubre con un mensaje que dice que «una pequeña turba hace retroceder a la policía”. En Facebook también se ha difundido la misma grabación presentándola con el siguiente texto: “La Policia Nacional, huyendo como cobardes ante una avalancha de inmigrantes ilegales !! (sic)”.
Este vídeo no es actual y no muestra un “ataque de inmigrantes ilegales” contra la Policía. Después de realizar una búsqueda inversa hemos constatado que la grabación que se ha compartido en redes sociales corresponde a los disturbios del 30 de octubre de 2020 en el barrio de Gamonal (Burgos) contra el confinamiento perimetral en Castilla y León a raíz del coronavirus. La emisión del Canal 24 horas de RTVE del 31 de octubre de 2020 difundió este vídeo para informar de que “más de un centenar de personas” participaron en los incidentes a las 10 de la noche del viernes 30 de octubre, “justo en la hora de inicio del toque de queda en la comunidad de Castilla y León». Como ya te contamos en RTVE.es, hubo “violentos enfrentamientos con la Policía, lanzamiento de piedras y quema de más de cien contenedores después de una concentración en contra del confinamiento perimetral” en la calle Vitoria del barrio de Gamonal de Burgos (42.353617,-3.6683402).
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Medios de comunicación locales como los diarios El Norte de Castilla, El Día de Soria, o León Noticias se hicieron eco de estos altercados y compartieron otros vídeos y fotografías relacionados con los incidentes (1, 2 y 3). El contenido multimedia recoge diferentes instantes de la intervención policial y los disturbios registrados en la calle Vitoria en el marco de una protesta contra las restricciones por la COVID-19 en octubre de 2020. En RTVE.es ya te contamos que, tras esos incidentes, se endurecieron las restricciones en Burgos para frenar el aumento de contagios.
En VerificaRTVE ya te hemos alertado sobre otros vídeos descontextualizados que se difunden en redes sociales como si fueran actuales. Es el caso de esta grabación de la retirada de una bandera de España del balcón de un edificio mientras los ciudadanos aplauden y vitorean que se comparte como si fuera de 2023. También este vídeo de 2015 de un altercado en una oficina de Correos que circulaba tras las elecciones autonómicas y municipales del 28-M o esta otra grabación de 2019 que denunciaba un posible ‘pucherazo’ en Huelva y que fue difundida durante los comicios del 23-J.
31 de octubre de 2023
El Tribunal Supremo ha descartado que el Estado tenga que indemnizar a los empresarios y autónomos por los daños ocasionados por las restricciones durante los estados de alarma decretados durante la pandemia de la covid-19 y que fueron anulados posteriormente por ser anticonstitucionales.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo ha dictado una sentencia que sienta las bases para los 1.000 casos pendientes, en la que rechaza el recurso del hotel Alhambra Palace, que reclamó 417.000 euros de indemnización por el cierre desde el 14 de marzo al 1 de junio de 2020.
En su recurso, alegó que el «desprecio» y «caso omiso» a las recomendaciones de la OMS, la imprevisión y la tardanza en adoptar medidas del Gobierno justificaban su petición de indemnización.
El tribunal ha señalado que los daños sufridos por los hosteleros no son antijurídicos. En este sentido, ha declarado que las medidas adoptadas por la Administración del Estado fueron necesarias, adecuadas y proporcionadas a la gravedad de la situación.
Esta es la primera vez que el Alto Tribunal sentencia sobre esta materia y ahora tendrá que evaluar caso por caso. Sin embargo, esta resolución marca el camino a seguir en el resto de reclamaciones.
Una sentencia pionera que ayuda a sentar precedente
La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha adoptado esta decisión después de que a finales de septiembre y principios de octubre sus magistrados escucharan a las defensas de varias compañías y a la Abogacía del Estado en una serie de vistas que celebraron para fijar su criterio sobre estas reclamaciones patrimoniales y determinar si el artículo 3.2 de la ley del estado de alarma obliga a la Administración a indemnizar a las empresas afectadas.
En la primera de las vistas, dos empresas del sector de la hostelería y la restauración defendieron ante el Supremo sus argumentos para reclamar una indemnización al Estado por los perjuicios que decían haber sufrido como consecuencia del estado de alarma que se decretó para hacer frente a la pandemia de la covid-19.
En aquella ocasión, esgrimieron, entre otras cuestiones, la falta de previsión del Gobierno que, a su juicio, pudo haber adoptado medidas menos restrictivas antes del 14 de marzo; y también han recordado que el Tribunal Constitucional dejó abierta la puerta para las reclamaciones patrimoniales.
La Abogacía del Estado se mostró en contra de los argumentos de los hosteleros al considerar que se trató de una causa mayor y que «se tomaron las medidas que se consideraron adecuadas con la información que se tenía». «No se puede exigir que con lo que se ha sabido dos años después se juzgue qué medidas deberían de haberse tomado», señaló.
30 de octubre de 2023
Los progresos en materia de preparación mundial tras la pandemia de COVID-19 siguen siendo «insuficientes» para hacer frente a posibles nuevas amenazas sanitarias de gran calibre, ha advertido un panel de expertos que asesora a la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Esta advertencia se desprende del informe anual presentado en Ginebra por la Junta de Monitoreo de Preparación Global, organismo de asesoramiento respaldado por la OMS y por el Banco Mundial (BM) que se creó a raíz de los brotes de ébola en África durante la década pasada.
El documento, titulado «Un frágil estado de preparación», pone de relieve que, a pesar de los logros conseguidos con la respuesta a la pandemia, el sistema sigue presentando «deficiencias críticas» que dejan a la humanidad «peligrosamente expuesta» a otras amenazas sanitarias futuras.
24 horas – Rafael Bengoa, exdirector de Sistemas de Salud de la OMS: «Debería ser buena noticia la preparación para la siguiente pandemia» – Escuchar ahora
Participación equitativa interestatal e intersectorial
Entre los factores que debilitan la resiliencia mundial ante pandemias, el informe apunta a la competencia económica, las tensiones geopolíticas y la desconfianza generalizada entre Estados como principales impedimentos para tener un sistema de preparación más “transparente y justo”.
“Hay muchas razones para dividir o distraer a los países de la búsqueda de soluciones multilaterales eficaces, como los conflictos en Ucrania y Oriente Medio, así como los crecientes efectos del cambio climático”, ha asegurado durante la presentación del informe la expresidenta croata Kolinda Grabar-Kitarović, que codirige el panel.
De acuerdo con las recomendaciones del informe, los países deben invertir más en herramientas de recopilación y análisis de datos para supervisar que los mecanismos de gestión de emergencias sanitarias cumplan con los principios de preparación ante pandemias acordados por la OMS.
También recomiendan aumentar la responsabilidad y rendición de cuentas mutua a un nivel regional y local, con una mayor participación de sectores distintos del sanitario como la sociedad civil o el sector privado, unos sectores que, advierten, se han “relajado” tras el fin de la fase aguda de la pandemia.
Una reforma “exhaustiva” de la financiación mundial
De la treintena de indicadores analizados por el equipo de monitoreo, la financiación mundial mostró los peores índices, con grandes inversiones en respuestas ante brotes epidémicos pero sin preparación “equitativa, accesible y sostenible”.
Así, aunque las inversiones para hacer frente a la pandemia alcanzaron una escala sin precedentes, los expertos denuncian la falta de un marco “claro y anticipado” de financiación, con un gran desajuste entre las necesidades y la disponibilidad en cada instante de la reciente emergencia sanitaria.
Para subsanar estas deficiencias, el panel de expertos considera necesaria una reforma “exhaustiva” de la financiación mundial para la prevención, preparación y respuesta pandémica, con un enfoque más orientado a escala nacional que permita ajustarse a las prioridades y necesidades de cada país.
La investigación, un recurso clave
El informe también hace hincapié en la importancia de aprovechar los esfuerzos de los países medios y bajos ingresos con una tendencia hacia las inversiones a largo plazo en inversión y desarrollo.
“La I+D se concentra en solo unos pocos países y regiones”, recuerda la codirectora del panel asesor, la botsuanesa Joy Phumaphi, quien subraya que este desequilibrio se manifestó en un acceso “desigual” a las vacunas contra la covid-19.
Phumaphi ha insistido en que los acuerdos para el desarrollo y la producción de contramedidas médicas para pandemias deben incluir términos que apoyen el acceso equitativo para todas las poblaciones que las necesiten.
“Es fundamental que el escenario de la covid-19 no se repita”, ha concluido.
18 de octubre de 2023
La vacuna española contra la COVID-19, desarrollada por la farmacéutica Hipra, ha recibido la aprobación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que podrá distribuirse fuera de Europa con mayor facilidad.
Según ha informado el laboratorio con sede en Amer (Girona), su producto Bimervax contaba hasta ahora con la luz verde de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), la Comisión Europea y la Agencia Reguladora de Medicinas y Productos Sanitarios del Reino Unido (MHRA), pero con el sello de la OMS «podrá llegar a países más allá de Europa».
La compañía ha destacado que, al tratarse de «una vacuna de proteína recombinante que se conserva a una temperatura refrigerada de entre 2 y 8 grados centígrados», esto es, en una nevera convencional, por lo que «su logística y distribución a nivel mundial es más sencilla». Con la aprobación, han dicho, se ha visto respaldada su «vocación de servicio internacional» en la lucha contra el coronavirus.
La EMA aprobó Bimervax en marzo de este año y sus dosis se destinaron a reforzar la inmunización de los mayores de 16 años.
Una vacuna «lista para utilizar»
Según han explicado, «se trata de una vacuna lista para utilizar», es decir, «no hace falta reconstituirla antes de su uso, facilitando así la labor del personal sanitario».
El laboratorio ha puntualizado también que la aprobación de la OMS se conoce como «precalificación en términos técnicos» y que, para otorgarla, aplica «los estándares internacionales para evaluar y determinar de forma exhaustiva si una vacuna es segura y efectiva».
«Además, lleva a cabo reevaluaciones, inspecciones, pruebas específicas e investigaciones periódicas a estas vacunas registradas dentro del Programa de Precalificación de Medicamentos (PQP)», han señalado.
17 de octubre de 2023
Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) han aprobado formalmente este martes el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia revisado de España. Este era el último paso para que el país tenga acceso a 83.200 millones de euros en préstamos y 10.300 millones más en subvenciones hasta 2026.
Este era el último paso para dar luz verde a la adenda remitida a la Unión Europea (UE) por el Gobierno español y llega apenas dos semanas después del visto bueno de la Comisión Europea el pasado 2 de octubre, tras tres meses de negociaciones con las autoridades españolas. Además de aprobar la versión revisada del plan español, los titulares de Finanzas de los Veintisiete han avalado también las estrategias de reformas e inversiones renovadas de Portugal, Eslovenia, República Checa y Países Bajos.
La adenda española modifica 52 de las medidas incluidas en el plan original por la existencia de «circunstancias objetivas» que justifican las modificaciones, como los problemas de suministros, la guerra rusa contra Ucrania, el aumento de precios y falta de demanda derivados de la alta inflación o la existencia de dificultades técnicas inesperadas. Entre estos cambios se encuentra la eliminación de los peajes por el uso de las carreteras, previsto en el plan original para 2024, a cambio de medidas de impulso al transporte ferroviario de mercancías.
En una rueda de prensa posterior a la reunión de este martes, Calviño ha explicado que se han abordado nuevas medidas para aumentar la resiliencia del sistema de energía de la UE, teniendo en cuenta las circunstancias geopolíticas, sobre todo la guerra entre Rusia y Ucrania. Asimismo, la ministra de Asuntos Económicos en funciones ha resaltado que en el encuentro se ha remarcado un «apoyo» unánime para dar una ayuda financiera estable para Ucrania.
Partida de 2.600 millones para reducir la dependencia de combustibles fósiles
De las nuevas subvenciones, 2.600 millones de euros se destinarán al nuevo capítulo que incorpora la adenda para implementar la estrategia Repower EU, la hoja de ruta comunitaria que busca reducir la dependencia en combustibles fósiles rusos, de la que España podrá recibir 1.400 millones como anticipo.
Dentro del mismo, España se compromete a simplificar los procesos y permisos para la producción de energía renovable y la infraestructura de la red eléctrica, así como a realizar inversiones para apoyar la producción de hidrógeno renovable, subsidiar las energías renovables y el almacenamiento de energía, la infraestructura eléctrica y la descarbonización de la industria, entre otras medidas.
A ello se suman 7.700 millones más en transferencias a las que tenía derecho España a raíz de la actualización que hizo Bruselas de las asignaciones nacionales. Se destinarán, en concreto, a financiar nueve reformas y 23 inversiones, entre ellas, la ley de protección de los derechos de los consumidores, una reforma para mejorar el acceso de pymes y autónomos a la financiación, la estrategia de microcredenciales en universidades o inversiones en medicina personalizada.
La partida más voluminosa del plan revisado serán los 83.200 millones de euros en préstamos -cerca del máximo de 84.000 millones que podía pedir España-, cuyo uso se concentrará en 2026, el último año de vida del fondo.
Entre las siete reformas y veinte inversiones que financiarán estos créditos figuran medidas para facilitar la construcción y alquiler de vivienda, inversiones en ciencia, tecnología e innovación en el sector sanitario o para modernizar el sector aeroespacial.
