Denuncian los «protocolos» que impidieron el traslado a los hospitales

Estas cifras, dicen, suponen casi la mitad de los 20.000 fallecimientos en todo España durante la primera ola de la pandemia, a pesar de que la Comunidad de Madrid contaba solo con el 13,5% de plazas (51.908 en Madrid y 384.251 en toda España).

La nota añade que en aquellas fechas, los días 18, 20, 24 y 25 de marzo de 2020, «unos protocolos emitidos por la Consejería de Sanidad impidieron el traslado de pacientes que sufrían determinado grado de dependencia o de deterioro cognitivo, a hospitales públicos, al hospital de campaña de Ifema, a los hoteles medicalizados y a los hospitales privados», y que «tampoco se medicalizaron las residencias».

Las plataformas dicen que estos hechos «tan graves» no han sido aún investigados y explican cómo el Parlamento regional de la Comunidad de Madrid constituyó en julio de 2020 una Comisión de investigación sobre la situación provocada por la pandemia en dichas residencias y cómo la gestionó el Gobierno regional entre febrero y junio.

«Dicha comisión, tras haber realizado ocho sesiones, quedó en suspenso por la convocatoria de elecciones anticipadas para el 4 de mayo de 2021. El 11 de junio, Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos pidieron la reapertura de la citada comisión, pero esta fue denegada por el PP y Vox», recuerdan ambas plataformas.

A lo largo de la legislatura PP y Vox negaron sucesivos intentos de reabrirla, según señalan, con «las consecuencias inmediatas de no investigar, no juzgar y no tomar medidas», que han contribuido a «la intensificación de la deshumanización que caracteriza el mundo de las residencias».

Formada por expertos en Derecho y Sanidad

La Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid está compuesta por el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, como presidente; la epidemióloga por la Universidad de California y profesora jubilada de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Montreal María Victoria Zunzunegui Pastor, o el experto en Gestión y Administración Sanitaria y miembro del Panel de Expertos de la Comisión Europea en políticas sanitarias Fernando Lamata.

También, la escritora y profesora jubilada de la Universidad de Córdoba Anna Freixas, el director del Instituto de Derechos Humanos y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia (IDH), Fernando Flores; la socióloga y profesora asociada de Sociología en la Universidad de Zaragoza, Cristina Monge, y el abogado y profesor de la Universidad Carlos III Eduardo Ranz.

El exconsejero madrileño de Políticas Sociales, Alberto Reyero, que ocupó este cargo en los primeros meses de la pandemia, autor del libro Morirán de forma indigna, dijo en octubre pasado al presentar su obra que en Ifema, que permaneció abierto 41 días, ingresaron 3.811 personas, de las que solo 23 procedían de residencias, y solamente murieron 16 personas, mientras que en esos mismos días en las residencias de la región fallecieron 5.000 personas.

Reyero testificó el pasado 23 de marzo ante un juzgado por los protocolos que impedían derivar a ancianos de las residencias a los hospitales según su grado de dependencia en la primera ola de la pandemia. A su llegada a los Juzgados, Reyero aseguró que las personas en residencias «quedaron abandonadas a su suerte» por culpa de los protocolos de la Administración autonómica.

Había «total consciencia» sobre las «elevadísimas» comisiones

Por otro lado, en el informe policial se muestran las conversaciones mantenidas entre los dos principales investigados –Alberto Luceño y su socio Luis Medina– y un interlocutor llamado ‘Anthony’ sobre el cobro de las comisiones por la venta de material sanitario investigada.

«Muestran su total consciencia sobre la elevadísima cuantía de las comisiones a percibir, e incluso sobre las procedentes indagaciones que conllevaría dicho cobro por parte de la Administración Pública española», indica el informe.

Por ello, continúa el documento, a iniciativa del propio Medina y «aceptado sin cortapisas por Alberto Luceño», se plantean la modificación de uno de los documentos a entregar a las entidades bancarias a donde llegarán los fondos (IMFPA o contrato de protección de honorarios/comisiones) para que las mismas «no sean conscientes de la abultada cuantía que implicarían las comisiones de ambos, respecto de una sola operativa comercial».

«Estas manifestaciones resultan el punto de partida de un intercambio de los mencionados IMFPAs con diversas versiones y modificaciones para ejecutar el plan pactado. A pesar de que, como se ha expuesto, dicho extremo no parece ser llevado a término por los investigados, si se observa con claridad el pleno conocimiento de lo comprometido de la operación comercial, mostrando su ánimo de ocultar y distraer el monto global de lo percibido respecto de una sola operativa de venta», incide la Policía.

De hecho, no solo los investigados parecen estar alertados por esta circunstancia, sino que en email enviado por Anthony a Luceño, se observa un requerimiento de la entidad bancaria MayBank (receptora de los pagos por parte de la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid) a San Chin Chon en el que, junto con la exposición detallada de las cantidades, se demanda una explicación al hecho de que las comisiones de los agentes españoles. 

Imputados por estafa agravada y falsedad documental

El pasado 3 de abril, el juez Adolfo Carretero decidió procesar a los empresarios investigados por los delitos de estafa agravada y falsedad documental al Ayuntamiento de Madrid por la la venta de material sanitario, como mascarillas, guantes y tests. Ninguno de los dos será procesado por delito de blanqueo de capitales, ya que los acusados «no trataron de ocultar el dinero percibido de las comisiones ni intentaron hacer desaparecer el mismo».

El magistrado sostiene que ambos ocultaron al Ayuntamiento su «nula experiencia en temas de material sanitario» y también «que habían inflado el precio de los contratos a causa de las elevadas comisiones que se llevaron».

Los hechos ocurrieron en marzo de 2020, «en el peor momento de la pandemia de la COVID y con miles de muertos» en España, cuando, según el juez, ambos investigados «aprovecharon la imperiosa necesidad» del Ayuntamiento para obtener material sanitario.

Disminuye la percepción de la importancia de las vacunas

Además, la percepción pública de la importancia de las vacunas infantiles ha disminuido durante la pandemia en 52 de 55 países analizados, entre ellos España, donde ha pasado de un 96,5% a un 88,6%. “A pesar de que el desarrollo de las vacunas contra la COVID-19 fue un logro histórico sin precedentes que permitió salvar innumerables vidas, las consecuencias de la pandemia han provocado la mayor caída de las últimas décadas tanto en tasas de vacunación infantil como en la confianza de la sociedad en la inmunización”, ha afirmado el director ejecutivo de UNICE España, José María Vera.

En 2022, por ejemplo, el número de casos de sarampión fue más del doble del total del año anterior. Mientras, la cifra de niños y niñas paralizados por la poliomielitis aumentó un 16% interanual en 2022. Si se compara el periodo de 2019 a 2021 con el trienio anterior, el número de niños y niñas que sufrieron parálisis a causa de la poliomielitis se multiplicó por ocho, lo que pone de manifiesto la obligación de garantizar que se mantengan los esfuerzos de vacunación.

La pandemia también exacerbó las desigualdades existentes. Para demasiados niños y niñas, especialmente en las comunidades más pobres, la vacunación sigue sin estar disponible. Incluso antes de la pandemia, los avances en la inmunización llevaban casi una década estancados, en parte debido a la dificultad para llegar a los niños y niñas de estas comunidades.

Ni una sola vacuna para 48 millones de niños

De los 67 millones de niños y niñas que se quedaron sin recibir inmunización sistemática total o parcial entre 2019 y 2021, 48 millones no tuvieron ni una sola vacuna sistemática, un factor que también se conoce como “cero dosis”. A finales de 2021, India y Nigeria (ambos países con datos de nacimientos muy elevados) presentaban el mayor número de niños y niñas cero dosis, aunque los aumentos en la cifra de niños y niñas cero dosis fueron especialmente notables en Birmania y Filipinas.

Los niños y niñas que no reciben ninguna dosis viven en las comunidades más pobres, remotas y marginadas, que en ocasiones están afectadas por conflictos. Los nuevos datos elaborados para el informe por el Centro Internacional para la Equidad en la Salud revelan que en los hogares más pobres, 1 de cada 5 niños son cero dosis, mientras que en los más ricos, solo lo son 1 de cada 20. El informe concluye que los niños no vacunados suelen vivir en comunidades de difícil acceso, como las zonas rurales o los barrios marginales urbanos. A menudo, sus madres no han podido ir a la escuela y su opinión no cuenta a la hora de tomar decisiones familiares.

Estos problemas son mayores en los países de ingresos bajos y medios, donde aproximadamente 1 de cada 10 niños y niñas en las zonas urbanas es cero dosis, frente a 1 de cada 6 en las zonas rurales. En los países de ingresos medios y altos, la diferencia entre niños y niñas de zonas urbanas y rurales es casi inexistente.

Para vacunar a todos los niños y niñas, es fundamental reforzar la atención primaria y proporcionar a los trabajadores sanitarios en primera línea, que son en su mayoría mujeres, los recursos y el apoyo que necesitan. El informe señala que las mujeres están en la primera línea de la vacunación, pero tienen salarios bajos, empleo irregular, falta de formación oficial y de oportunidades profesionales, y amenazas a su seguridad.

Para afrontar esta crisis de la supervivencia infantil, UNICEF pide a los gobiernos que redoblen su compromiso de aumentar la financiación de la inmunización y que trabajen con las partes interesadas para desbloquear los recursos disponibles, incluidos los fondos excedentes de la COVID-19, con el fin de aplicar y acelerar urgentemente los esfuerzos de vacunación de rescate, proteger a los niños y niñas, y prevenir brotes de enfermedades.

La confianza en las vacunas cae 8 puntos en España

El Estado Mundial de la Infancia 2023 revela que la percepción del valor de las vacunas infantiles cayó en casi 8 puntos porcentuales en España (de un 96,5% a un 88,6%) tras el inicio de la pandemia, y en más de una tercera parte (entre 33 y 44 puntos porcentuales menos) en Corea del Sur, Papúa Nueva Guinea, Ghana, Senegal y Japón.

Según los nuevos datos, recopilados por el Proyecto de Confianza en las Vacunas (The Vaccine Confidence Project en inglés) y publicados este jueves por UNICEF, China, India y México fueron los únicos países analizados donde la percepción de la importancia de las vacunas se mantuvo estable o incluso mejoró.

En muchos países, las personas menores de 35 años y las mujeres fueron quienes manifestaron menos confianza en las vacunas infantiles con la llegada de la COVID-19. En el caso concreto de España, la caída de la confianza fue similar por sexo y edad, aunque algo mayor entre las mujeres (un 8,1%, frente a un 7% en los hombres).

Piden que la COVID-19 se gestione como otros virus

Desde entonces, la carga del SARS-CoV-2 se ha mitigado gracias al acceso a las pruebas, la importante inmunidad de la población adquirida con el tiempo, la aparición de variantes menos virulentas y la disponibilidad y el uso generalizados de vacunas y tratamientos.

Esto significa que ha llegado el momento de gestionar la COVID-19 como otros virus respiratorios endémicos mediante la aplicación correcta y coherente de las precauciones estándar y las basadas en la transmisión, según señalan.

Estas incluyen el uso de mascarillas y protección ocular por parte del personal sanitario cuando realice actividades que generen salpicaduras o aerosoles en la cara, independientemente de los síntomas del paciente, y el enmascaramiento de los pacientes cuando presenten síntomas, entre otras precauciones.

Además de poner fin uso universalizado de las mascarillas, los expertos sugieren que en la era endémica se reconsideren otras estrategias de la época pandémica, como las pruebas asintomáticas y el rastreo de contactos.

Retirada gradual de la mascarilla en espacios públicos

En otros espacios públicos, como el transporte, la mascarilla dejó de ser obligatoria el pasado 7 de febrero, tras aprobarlo el Consejo de Ministros. También entonces se retiró su uso en otros establecimientos como ópticas y ortopedias.

España fue el último país de la Unión Europea en sumarse, hace dos años, a la retirada de la mascarilla en interiores. Su uso se flexibilizó primero en los centros laborales. 

La mascarilla en centros sanitarios se ha retirado ya en otros países de la Unión Europea, como en Portugal, donde este martes dejó de ser obligatoria en residencias, hospitales o centros de salud, según una resolución oficial publicada en el Diario de la República, reconoce que sigue siendo «una importante medida de prevención», pero «se considera oportuno cesar en la obligatoriedad» de utilizarla en centros de salud, instituciones de acogida de ancianos o servicios de atención a poblaciones vulnerables.

Relaciones sexuales fuera de la pareja

El 41,4% está de acuerdo o muy de acuerdo con que los miembros de una pareja pueden acordar tener relaciones sexuales con otras personas fuera de la pareja sin que haya vínculo sentimental con ellos/as, mientras que el 30% se posiciona en contra.

Además, cerca de un 70% cree que se pueden mantener relaciones sexuales con alguien sin querer a esa personas frente al 29% que están en contra de esa afirmación.

En cuanto a la importancia que los encuestados dan a distintos aspectos a la hora de comenzar una relación, el atractivo físico y el estatus económico no es de los que más destacan, mientras que los más relevantes, según afirman, son su implicación en las tareas domésticas, la satisfacción en las relaciones sexuales, la independencia económica y el deseo de tener hijos.

La encuesta pregunta también sobre la orientación sexual: el 90,9% se declara heterosexual; el 1,9% homosexual; el 3,7% bisexual, el 0,4% asexual y el 0,8% «otra orientación».

Solo el 0,4% es «completamente infeliz»

El CIS detecta asimismo que en una escala del uno al diez, solo el 0,4% se declara «completamente infeliz», frente al 20,2% que sostiene exactamente lo contrario, y un 18,5% que sitúa en el número 9.

Por otro lado, solo el 16,5% dice que es católico practicante, un 36,2% católico no practicante, un 2,7% creyente de otra religión; un 13,1 % agnóstico; un 13,3% «indiferente, no creyente» y un 17% ateo.

El 30% jamás acude a misa u otros oficios religiosos (sin contar las ceremonias de tipo social, tipo bodas o funerales); un 20,5% casi nunca, un 21% varias veces al año, un 10% dos o tres veces al mes, un 13,2% todos los domingos y festivos y casi un 5% varias veces a la semana.

Internet y las relaciones sociales

En cuanto al uso de internet, hay una percepción dispar sobre su repercusión en las relaciones humanas: el 73% cree que disminuye la comunicación en familia y el 81% que aísla más a las personas, pero un 82% sostiene que las nuevas tecnologías han acercado a familiares con los que no se convive.

En este contexto, la mayoría coincide en que las relaciones por internet frente a las de «cara a cara» no generan más confianza, afecto, sinceridad o fidelidad.

En caso de dificultades, el 60% de los españoles sostiene que con seguridad le ayudaría la familia, seguido de la pareja (58,8%), amigos (31,1%), los vecinos (17,1%) y en último lugar los compañeros de trabajo y/o de estudios.

En los últimos seis meses, casi un tercio asegura que ha aumentado la dedicación a las tareas del hogar y también a reunirse con amistades y familia y a estar con su pareja.

Proteína recombinante bivalente

La primera vacuna desarrollada por un laboratorio español se apoya en una tecnología más tradicional que los fármacos de ARN mensajero, utilizado por otras compañías como Pfizer o Moderna. Bimervax se basa en una proteína recombinante bivalente, y se empleará como dosis de refuerzo en mayores de 16 años que hayan sido vacunados previamente al menos seis meses antes con una vacuna de Pfizer o Moderna.

En los ensayos clínicos, la farmacéutica ha demostrado que genera más anticuerpos frente al coronavirus como dosis de refuerzo si se compara con un pinchazo extra de Pfizer. Además, se almacena a temperatura refrigerada de entre 2 y 8º C, lo que facilita su almacenamiento y distribución.

Bimervax llega en un momento en el que, al menos en España, la inmensa mayoría de la población está vacunada y la COVID ha reducido sustancialmente su incidencia y gravedad. Si bien inicialmente Hipra diseñó su producto para la primovacunación -el primer pinchazo-, posteriormente se lanzaron a buscar una indicación como dosis de refuerzo (booster) para personas ya vacunadas previamente con otras vacunas, aunque sin renunciar a ser la primera opción en otros países de otros continentes donde la inmunización no esté tan extendida.

La campaña otoñal de vacunación de refuerzo contra la gripe y el COVID ya ha terminado en España, pero Bimervax está llamada a ampliar el abanico de opciones.