La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha dado luz verde a la comercialización de la vacuna de Hipra contra la COVID-19. El Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP), dependiente del organismo regulador europeo, ha recomendado su autorización, después de analizar durante un año los datos aportados por la compañía farmacéutica española. El suero tendrá el nombre comercial de Bimervax.
Tras el aval científico de la EMA, la Comisión Europea tendrá que aprobar definitivamente su uso, tal y como marca el procedimiento. Normalmente, este proceso suele ser corto, y dura apenas unos días.
La primera vacuna desarrollada por un laboratorio español se apoya en una tecnología más tradicional que los fármacos de ARN mensajero, utilizado por otras compañías como Pfizer o Moderna. Bimervax se basa en una proteína recombinante bivalente, y se empleará como dosis de refuerzo en mayores de 16 años que hayan sido vacunados previamente al menos seis meses antes con una vacuna de Pfizer o Moderna.
En los ensayos clínicos, la farmacéutica ha demostrado que genera más anticuerpos frente al coronavirus como dosis de refuerzo si se compara con un pinchazo extra de Pfizer. Además, se almacena a temperatura refrigerada de entre 2 y 8º C, lo que facilita su almacenamiento y distribución.
A través de un comunicado, la EMA ha asegurado que «ya dispone de datos suficientemente sólidos sobre la calidad, seguridad e inmunogenicidad de la vacuna para recomendar su autorización de comercialización en la UE». «Los beneficios de ‘Bimervax’ superan sus riesgos», ha esgrimido.
“�� ÚLTIMA HORA | La Agencia Europea de Medicamentos da su visto bueno a la vacuna española contra el COVID-19 del laboratorio Hipra
▪️ La autorización permite su uso como refuerzo. Ampliamos más información a las 16:30h en https://t.co/wJd1IHykI5
Igualmente, el organismo regulador europeo ha asegurado que el perfil de seguridad de la vacuna de Hipra «es comparable al de otras vacunas contra la COVID-19». Los efectos secundarios más frecuentes fueron dolor en el lugar de la inyección, dolor de cabeza, cansancio y dolor muscular. «Suelen ser de leves a moderados y desaparecen a los pocos días de la vacunación», precisa el organismo europeo.
Hipra firmó un acuerdo con la Comisión Europea para la compra conjunta de hasta 250 millones de dosis de su vacuna, al que se unieron 14 estados miembros, que tienen la opción de compra pero no están obligados. La ministra española de Ciencia, Diana Morant, ha celebrado el «salto cualitativo» que supone para España la fabricación de una vacuna humana y situarse en el grupo de «sólo» siete países que han sido capaces de desarrollar un vial efectivo y seguro para combatir el coronavirus responsable de la COVID-19. Asimismo, ha considerado que su aprobación supone «un hito histórico» para España que «no puede pasar desapercibido».
Bimervax llega en un momento en el que, al menos en España, la inmensa mayoría de la población está vacunada y la COVID ha reducido sustancialmente su incidencia y gravedad. Si bien inicialmente Hipra diseñó su producto para la primovacunación -el primer pinchazo-, posteriormente se lanzaron a buscar una indicación como dosis de refuerzo (booster) para personas ya vacunadas previamente con otras vacunas, aunque sin renunciar a ser la primera opción en otros países de otros continentes donde la inmunización no esté tan extendida.
La campaña otoñal de vacunación de refuerzo contra la gripe y el COVID ya ha terminado en España, pero Bimervax está llamada a ampliar el abanico de opciones.
Celebración de la farmacéutica
La vicepresidenta ejecutiva de Hipra, Elia Torroella, ha destacado este jueves que la vacuna española contra la covid es «de nueva generación» y que responde a las necesidades actuales ante la pandemia. Torroella, que ha ejercido de portavoz de la compañía tras el visto bueno europeo, ha calificado el día de «muy especial y emotivo» para todo el equipo de estos laboratorios afincados en la localidad gerundense de Amer.
«Esto es gracias al esfuerzo, el compromiso, el conocimiento, la ilusión, la perseverancia y el optimismo del equipo de Hipra junto a muchos investigadores y centros de investigación, hospitales, profesionales sanitarios y profesionales expertos en muchas áreas», ha subrayado la portavoz de Hipra.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que «hoy es un día para recordar en la historia de la sanidad y la ciencia de nuestro país». «Felicidades a Hipra y a las instituciones públicas que lo han hecho posible», ha escrito Sánchez en su cuenta de Twitter, donde ha señalado que «la EMA recomienda la comercialización de la primera vacuna española contra la COVID-19».
Por su parte, el nuevo ministro de Sanidad, José Miñones, ha valorado la aprobación como un hito científico y sanitario sin precedentes «que muestra el compromiso de España con la mejora de la salud de las personas, sin dejar a nadie atrás».
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a cuatro años de cárcel y a su expulsión de España durante 10 años al joven que agredió a un enfermero en el metro. El sanitario le instó a ponerse la mascarilla cuando estaba en vigor la normativa de su uso obligatorio en el transporte público por la pandemia de coronavirus.
Juan Camilo, de 20 años y origen colombiano, deberá también indemnizar a la víctima con más de 76.000 euros. El sanitario, entonces enfermero del Hospital 12 de Octubre, perdió la visión de un ojo por la gravedad de la lesión. Los hechos quedaron grabados por las cámaras del suburbano, que mostraban que el agresor era la única persona que no llevaba mascarilla.
El suceso ocurrió sobre las 22.30 horas del 13 de julio de 2021 en el interior de un vagón de la Línea 1 de Metro, en el trayecto comprendido entre las estaciones Cuatro Caminos y Alto del Arenal.
La Fiscalía pedía ocho años de cárcel
La Fiscalía, no obstante, solicitó en el juicio para el procesado ocho años de prisión por un delito de lesiones y más de 80.000 euros de indemnización al entender que el enfermero sufrió una lesión con pérdida de un órgano principal que es irreversible y que se produjo con dolo directo.
Según el relato del Ministerio Fiscal, el sanitario reclamó en repetidas ocasiones al pasajero que se colocara «correctamente» la mascarilla, dado que la llevaba puesta a la altura de la barbilla sin cubrir nariz y boca. Aunque otros pasajeros se unieron a este llamamiento, el acusado se negó «reiteradamente».
Cuando una vez que el vagón se detuvo en la parada de metro Alto del Arenal, y antes de salir de su interior, el acusado, «con ánimo de menoscabar la integridad física» del enfermero, le dio un puñetazo en el ojo con el borde del teléfono móvil que llevaba en la mano, al tiempo que le gritó «gilipollas, ojalá te mueras». A continuación, huyó del lugar.
Como consecuencia de este golpe, según la Fiscalía, el enfermero ha sufrido la «pérdida funcional, completa e irreversible» del ojo derecho, además de otras lesiones. «Las secuelas oculares que presenta «le suponen un perjuicio moral por pérdida de calidad de vida en grado ligero», señala.
Imprudencia grave
Las magistradas consideran que por estos hechos Juan Camilo es responsable de un delito de lesiones dolosas en concurso ideal con un delito de lesiones de pérdida de miembro principal por imprudencia grave, rechazando la calificación de la Fiscalía, que veía dolo en su conducta, y de la acusación particular, que le acusaba de tentativa de homicidio.
Las magistradas sostienen que la conducta del acusado fue dolosa en cuanto a la acción de dar un puñetazo a la víctima, pero imprudente en lo referido al resultado final provocado, ya que el hecho de que llegara a provocar el estallido del globo ocular era poco posible.
En este sentido el tribunal detalla que, aun habiendo utilizado el acusado un teléfono móvil para golpear al enfermero, «no era altamente probable» que el impacto causara la pérdida de un ojo, y que de su actitud no se deduce que tuviera la intención de estallar el globo ocular.
En España la impunidad y la falta de rendición de cuentas se agravó en 2022, según destaca el informe anual de Amnistía Internacional. La organización ha publicado este martes un análisis sobre la situación de los derechos humanos en 156 países del mundo. «Lo más preocupante es la falta de justicia y conclusiones judiciales sobre lo que pasó en las residencias durante la pandemia. Al menos 25.000 personas mayores han fallecido y no se ha avanzado en las investigaciones», asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, en una entrevista con RTVE.es.
La mayoría de las comisiones de investigación de las comunidades autónomas encargadas de examinar el trato recibido por las personas mayores en las residencias se cerraron sin una explicación clara, denuncia. «Las autoridades no establecieron ninguna comisión de investigación nacional para hacer rendir cuentas a los responsables de estas muertes«, recoge el estudio.
Otro de los asuntos en los que hace especial hincapié es que «sigue habiendo uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de cuerpos de seguridad y la represión de manifestaciones». Una situación que se ve además «agravada por las facultades otorgadas por la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la Ley Mordaza, que permanece como ley hasta ahora», añade Beltrán. Insiste en que el rechazo a la tramitación parlamentaria de la reforma de Ley Mordaza ha supuesto «una oportunidad perdida de última hora» en materia de libertad de expresión, reunión y manifestación.
Lamentan que estas dos cuestiones del pasado hacen que se mantenga un clima de impunidad por el incumplimiento de las autoridades de su obligación de investigar de «forma exhaustiva y adecuada las vulneraciones de derechos humanos sufridas por las personas mayores que vivían en las residencias y los abusos que ampara la Ley Mordaza que han dejado a la ciudadanía desprotegida frente al uso excesivo de la fuerza por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad«, señala la investigación.
«Actos que podrían ser tortura» en Melilla
Por otro lado, AI se detiene en las violaciones de los derechos humanos llevadas a cabo durante la tragedia de Melilla, cuando las autoridades españolas y marroquíes emplearon la «fuerza ilegítima» en la frontera española. «Han cometido actos que podrían ser constitutivos de tortura y otros malos tratos para reprimir el intento de un numeroso grupo de personas, conformado exclusivamente por hombres negros del África subsahariana, a solicitar protección«. Al menos 37 personas murieron y más de 470 fueron «expulsadas ilegalmente».
Amnistía recuerda que en octubre varios expertos de la ONU condenaron la persistente ausencia de rendición de cuentas por las muertes y la deshumanización de personas migrantes africanas en las fronteras de Europa. «Lo peor de todo es que a pesar de los informes del Defensor del Pueblo, se ha producido un pacto de silencio entre ambos gobiernos para no hablar de nada», concluye Beltrán.
Pegasus y el derecho a la privacidad
Otro de los acontecimientos que ha suscitado preocupación de la organización defensora de los derechos humanos es el uso en España del software espía Pegasus, de NSO Group, que se empleó en teléfonos móviles de personalidades políticas catalanas, periodistas y profesionales de la abogacía. En mayo, la entonces directora del Centro Nacional de Inteligencia admitió que se había espiado a varios políticos independentistas catalanes.
El Gobierno también ha confirmado que los teléfonos oficiales del presidente del Gobierno, del ministro del Interior y de la ministra de Defensa se infectaron con el software espía Pegasus. En mayo, la Audiencia Nacional abrió una investigación al respecto, pero Amnistía denuncia que las pesquisas que estaban realizando los tribunales de Cataluña siguen estancadas.
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Consideran que este nuevo elemento viola el derecho a la privacidad de al menos 63 personas que han sido víctimas de espionaje. «Algunos sin orden judicial y es especialmente grave que el presidente del Gobierno y varios ministros hayan sido espiados y que no se haya llegado a ninguna conclusión de quién pudo ser. Es un delito que debilita la justicia y hace aumentar la impunidad«, completa el director de la organización en España.
Derechos sociales, económicos y vivienda
En el apartado de esfuerzos del informe aplauden que el Gobierno ha aprobado mediante un Real Decreto Ley una ayuda de 200 euros para personas que residan en hogares con rentas inferiores a 14.000 euros, una rebaja al 5% el IVA de la luz y ha prorrogado la reducción de los demás impuestos de la electricidad hasta el final de 2022, así como el Salario Mínimo Vital. Por otra parte, y para limitar los efectos de la inflación en los alquileres, el Gobierno también limitó el incremento de la renta del alquiler a un 2%. «Pero esto en un contexto de incertidumbre económica como el que vivimos España se evidencia la insuficiente protección de los derechos económicos, sociales y culturales por parte de las autoridades», explica Beltrán.
De hecho, Amnistía Internacional considera preocupante la «desprotección del derecho a la salud y a la vivienda» en nuestro país. Las autoridades sanitarias centrales y autonómicas en los últimos dos años «no han dejado de subrayar en sus discursos la importancia de la Atención Primaria y la necesidad de reforzarla, pero la realidad es muy diferente», advierte. Según AI, la inversión sanitaria de las comunidades autónomas sigue muy lejos de dedicar a la Atención Primaria el 25% de la inversión total en sanidad, tal y como aconseja la Organización Mundial de la Salud. «Sin lecciones aprendidas, la atención sanitaria está en bucle», denuncia Beltrán.
La organización también lamenta el debilitamiento del derecho a la vivienda. En 2022, la situación de crisis económica ha hecho que miles de personas no puedan acceder o conservar un hogar. «Hemos contabilizado casi 30.000 desahucios y es una barbaridad», cuenta Esteban Beltrán.Un dato que se traduce en la negación a miles de familias el derecho a una vivienda adecuada. En junio, el Gobierno prorrogó hasta el 31 de diciembre la suspensión de los desahucios de personas económicamente vulnerables. «Aunque bien recibida, la medida fue insuficiente para proteger de la carencia de hogar a miles de personas no incluidas en esa categoría», dice el informe.
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Por otro lado, el aumento del precio de la energía afectó a miles de familias, y el 14,3% de la población no podía permitirse mantener su casa a una temperatura adecuada, frente al 10,9% en 2020. Amnistía Internacional recuerda que en la Cañada Real, en Madrid, 4.500 personas, entre las que había 1.800 menores de edad, siguen viviendo sin acceso a electricidad tras ser desconectadas de la red en 2020 a pesar de la recomendación del Defensor del Pueblo de que se restableciera la conexión.
Pese a este contexto, la ONG ve como gran paso la ley de vivienda. «Por primera vez en democracia, podemos contar con una ley que considere el derecho a la vivienda como un derecho humano tal y como respaldan la Constitución Española y el derecho internacional», dice textualmente el documento. También aplaude el proyecto de ley que modifica la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo que «mejora el acceso al aborto en España y supone un reconocimiento más amplio del derecho a la reproducción y la maternidad libremente decidida».
Por último, en 2022 persistió la violencia contra las mujeres: 49 fueron asesinadas a manos de su pareja o expareja. Desde 2013, año en que se comenzó a llevar un registro, 48 menores de edad habían muerto de manera violenta en el contexto de la violencia de género contra sus madres, incluidos un niño y una niña en 2022.
El Tribunal Supremo ha condenado a la aerolínea Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo, S. A., a pagar a sus pilotos y tripulantes de cabina el día que les descontaron por vacunarse contra el coronavirus, y los dos días siguientes que se tomaron para prevenir efectos secundarios. La aerolínea deberá abonar dichas cantidades con efectos retroactivos desde el inicio del periodo de vacunación contra la COVID-19.
Los magistrados concluyen que el hecho de que faltaran a su trabajo durante al menos 48 horas por haberse vacunado contra el coronavirus es una medida de prevención de riesgos laborales que no debe perjudicar a los trabajadores.
La aerolínea consideraba que no tenía obligación de retribuir esos días
La aerolínea sostenía que esta situación podía equipararse a las ausencias justificadas con un parte de consulta y reposo, y que no conllevan la obligación de retribución del salario a esos días correspondientes. El Supremo, no obstante, ha llegado a otra conclusión.
El tribunal rechaza este argumento y explica que esa falta de actividad “no deja de ser una medida en materia de prevención de riesgos laborales que no debe trasladarse en su coste hacia el trabajador, lo que se traduce en no perder la retribución que en esos días hubieran percibido de no adoptarse esa medida de protección eficaz frente a los efectos secundarios que la vacunación pudiera provocar”, subraya la Sala.
En la sentencia, además, el tribunal explica que no se trata de analizar si el suministro de una vacuna puede generar derecho a permiso o no, o si el contagio por el agente biológico genera una situación de incapacidad temporal, sino «si la medida consistente en estar un tiempo de espera de 48 horas (…) debe correr a cargo de quien tiene el derecho a la protección de su salud o de quién debe garantizarla».
La Sala de lo Social ha incidido en que tampoco se trata de un supuesto general que pudiera identificarse con un parte de consulta y reposo, como sostuvo la empresa, sino «ante la prevención de riesgos laborales en donde la empresa es la obligada a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en un supuesto de pandemia». Al hilo de esto, el Supremo ha subrayado que la repercusión mundial para la salud que tuvo la COVID-19 puso de manifiesto la necesidad de prevenir y controlar esos riesgos biológicos que se fueron expandiendo a todos los niveles, incluidos los lugares de trabajo.
El Supremo desestima el recurso de la compañía
En este contexto, el alto tribunal ha desestimado el recurso de casación que presentó Air Nostrum y ha confirmado la sentencia de la Audiencia Nacional que le dio la razón al Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (SEPLA), el Sindicato de Tripulantes Auxiliares de Vuelo de Líneas Aéreas (Stavla), la Confederación Sindical CCOO y el Sindicato Unión Profesional de Pilotos de Aerolíneas (Uppa).
En este caso, la medida afectaba a todos los pilotos y tripulantes de cabina de pasajeros de la compañía de las bases o centros de trabajo existentes en España, pero no al personal de tierra.
Según consta en la resolución, una vez publicada la programación mensual de actividad, cuando recibían la cita para vacunarse, Air Nostrum procedía a desprogramar al trabajador el día de vuelo y los dos siguientes, considerando este tiempo de espera como licencia no retribuida.
De acuerdo con las recomendaciones operativas de la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea sobre la vacunación de las tripulaciones aéreas, recogidas en un boletín de marzo de 2021, Air Nostrum remitió un correo a estos trabajadores en el que comunicaba la adopción de la medida controvertida.
Las estadísticas del INE muestran que respecto a 2019 los casos de enfermedades infecciosas y parasitarias que acabaron en el hospital se dispararon un 187%. Un aumento que contrasta con la reducción de las enfermedades del aparato respiratorio, que cayeron un 40,7% tras dos años de vigencia del uso obligatorio de la mascarilla en la mayoría de lugares públicos.
En cuanto al resto de patologías, las enfermedades del aparato circulatorio son la principal causa de hospitalización, con un 12,9% de los casos registrados en 2021. Les siguen las que afectan al aparato digestivo (12,3%) y los tumores (9,7%).
Por grupos de diagnósticos, las mayores tasas de morbilidad de los hombres fueron por enfermedades circulatorias (1.416 por 100.000 hombres) y del aparato digestivo (1.315); mientras que en las de las mujeres se dieron en los episodios del embarazo, parto y puerperio (1.552 por 100.000 mujeres) y por enfermedades del aparato circulatorio (1.053).
Las altas crecen un 6,1% respecto a 2020
El número de altas hospitalarias registradas en 2021 creció un 6,1% respecto a 2020, con más de 4,5 millones de altas, cuyo principal motivo fue la curación o la mejoría. Hubo incrementos en todas las patologías, salvo en las complicaciones del parto y los problemas del aparato respiratorio, y un tercio de ellas se concentraron en el grupo de 65 a 84 años.
No obstante, las altas siguieron siendo un 7,4% menores que ante de la pandemia. Y las cifras solo se recuperan en los casos de enfermedades infecciosas y parasitarias y en las endocrinas, nutricionales y metabólicas.
Las altas en los hospitales aumentaron independientemente de la titularidad de los centros. De todas las concedidas en 2021, ya sea por curación y mejoría del paciente o por defunción, siete de cada diez se produjeron en los hospitales públicos. Sin embargo, su aumento, que el INE cifra en un 5,9%, fue casi un punto menor que el de los privados.
En la línea del cómputo global, las principales causas de hospitalización en los hospitales públicos fueron las enfermedades circulatorias (14,5%), las del aparato digestivo (12,2%) y los tumores (10,4%). Por el contrario, los principales motivos de hospitalización en los privados fueron las enfermedades del aparato músculo-esquelético y del tejido conectivo (13,1% del total), las del aparato digestivo (12,4%) y las lesiones, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas (10,4%).
En lo que se refiere a los fallecimientos, en el año 2021 murieron 222.653 personas en los hospitales españoles, un 0,8% menos que en 2020. Los diagnósticos principales de los casos que terminaron en defunción fueron las enfermedades infecciosas y parasitarias, que incluye la infección por COVID-19 y representan casi un 21% del total, las del aparato circulatorio (18,8%) y los tumores (17,1%).
La estancia media en el hospital desciende a 8,3 días
La estancia media de los 37,6 millones de personas que pasaron por los hospitales españoles en 2021 fue de 8,3 días, una duración ligeramente inferior a la de 2020 y algo superior a la de 2019. El 69,2% de ellos fueron atendidos por la red pública.
Las enfermedades que causaron más estancias hospitalarias fueron los trastornos mentales y del comportamiento (16,1%), que además tuvieron los ingresos de mayor duración media, con 53,1 días. Le siguen las enfermedades del aparato circulatorio (13,2%) y las enfermedades infecciosas y parasitarias (10,4%), con ingresos de 8,5 y 11,6 días de media, respectivamente.
En este sentido, según el informe del INE, el «elevado» porcentaje de estancias hospitalarias por trastornos mentales y de comportamiento frente al escaso número de altas con dicho diagnóstico (2,5%) se debió al mayor periodo de internamiento hospitalario en los enfermos con esta patología.
Si solo se atiende a los casos urgentes, la estancia media en 2021 fue de 8,07 días, con ingresos de más de 24 días en el caso de los trastornos mentales y de más de 11 para tumores y enfermedades infecciosas y parasitarias.
El exconsejero madrileño de Políticas Sociales, Alberto Reyero, y el exdirector general de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur, han testificado este jueves ante un juzgado por los protocolos que impedían derivar a ancianos de las residencias a los hospitales según su grado de dependencia en la primera ola de la pandemia.
Por primera vez en España, el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ha tomado declaración como testigos a dos responsables políticos por su actuación en los primeros meses de la pandemia, cuando fallecieron más de 6.000 mayores sin asistencia sanitaria en las residencias madrileñas.
A su llegada a los Juzgados, Reyero ha subrayado que las personas que ocupaban las residencias «quedaron abandonadas a su suerte» por culpa de los protocolos de derivación implementados desde la Administración autonómica. «Fueron protocolos de exclusión; se excluía a personas en función de su situación de dependencia o discapacidad», y eso les impidió ser derivados a hospitales, ha asegurado.
En este sentido, ha incidido en que, además, «no hubo alternativas» a esos ingresos hospitalarios, puesto que en el hospital habilitado en Ifema Madrid para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus «no se atendió a personas de residencias» y tampoco «se medicalizaron las residencias».
Alberto Reyero, exconsejero de Madrid: «Había camas en los hospitales privados y no se derivó a nadie de las residencias»
«Realmente las personas quedaron abandonadas a su suerte«, ha insistido Reyero, quien ha respaldado esta afirmación en un informe de Amnistía Internacional.
Ambos discrepan sobre los protocolos
Tras la comparecencia, el abogado de las familias, Carlos Vilar, ha declarado que ambos han discrepado ante el juez sobre si los protocolos eran o no de obligado cumplimiento. La declaración de Reyero «ha sido contundente», según el abogado, mientras que Mur ha reproducido lo que ya había declarado ante la Asamblea de Madrid, aunque reconociendo que «recibió un correo de Reyero, el 22 de marzo de 2020, que en la Asamblea negó».
En dicho correo, Reyero decía que «estaba en contra de que se aplicara la escala Barthel y la GDS, que miden la movilidad funcional y los problemas psíquicos» de los ancianos para decidir las derivaciones, y advertía «que eso podría ser delictivo».
Según el abogado, Mur ha dicho al juez «que él también estaba en contra de estas escalas» y, tras ser preguntado por qué lo firmó, ha dicho que «lo hizo para apoyar a todos los médicos y geriatras que estaban desesperados y necesitaban un apoyo de la Administración para no tener que tomar una decisión personal en cosas como esta».
Tras definirse como «una persona sin mando en plaza en un puesto recién creado», Mur ha insistido en que los protocolos «no eran definitivos y que eran documentos clínicos», es decir, «de aplicación según el criterio del médico, no órdenes administrativas», ha relatado el abogado.
Preguntado si su superior jerárquico -el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero- lo sabía, Mur ha afirmado que Escudero «es quien da las instrucciones y decide mandar los protocolos a los hospitales. A las residencias los mandó la consejería de Políticas Sociales», siempre según el relato del abogado.
Mientras, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha expresado este jueves en la Asamblea de Madrid que espera que Reyero «acabe imputado» tras testificar sobre los protocolos. «Espero que este señor (Reyero) salga hoy imputado de sus declaraciones», ha dicho en respuesta a una pregunta parlamentaria de la portavoz de Más Madrid, Mónica García, en el último pleno de la legislatura.
Las querellas se dirigen contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Se investigan delitos de homicidio imprudente, omisión del deber del socorro y delito de prevaricación.
