«Lentitud en la recuperación»

En el caso particular de España y Portugal, los dos países más atrasados respecto de la evolución de la renta disponible, la OCDE indicó que el resultado puede explicarse en parte por «la lenta recuperación» del superávit de explotación bruto y la renta mixta de los hogares desde la pandemia. «Este tipo de ingresos suele estar asociado al trabajo por cuenta propia y, en la mayoría de los países, aporta alrededor de una quinta parte de la renta disponible de los hogares», precisó la institución.

De este modo, recordó que Portugal y España registraron grandes caídas de esta referencia en la primera mitad de 2020 y se recuperaron lentamente a partir de entonces, mientras que, en contraste, en la mayoría de los países de la OCDE se observó un crecimiento sólido después de la recesión inicial relacionada con la pandemia.

España es uno de los pocos países de la OCDE en el que todavía no se ha vuelto a alcanzar el nivel de producción previo a la crisis de la COVID. En concreto, entre el último trimestre de 2019 y el tercero de 2022, seguía arrastrando un descenso del 1,94% de su Producto Interior Bruto (PIB), cuando en el conjunto de la OCDE se había producido una progresión del 2,73%.

Los ingresos reales acumulan cuatro trimestres en retroceso

En cuanto a la evolución de los ingresos reales por habitante en el tercer trimestre de 2022, mientras que en la OCDE se registró un incremento del 0,2%, el primero desde los tres primeros meses de 2021, en España el dato retrocedió un 2,76%, cumpliendo cuatro trimestres consecutivos en retroceso.

Los ingresos reales disponibles por habitante representan el conjunto de ingresos recibidos, una vez descontados impuestos y contribuciones sociales e incluyendo prestaciones sociales monetarias como el cobro del paro. El dato revela la cantidad máxima que una persona puede destinar a consumir sin reducir su riqueza neta.

De fabricar colchones a producir millones de mascarillas

Alberto Sánchez es el administrador único de Fibras Textiles Sánchez S.L, una antigua fábrica de colchones que, con la llegada del coronavirus, empezó a hacer mascarillas quirúrgicas y FFP2. «Llamé a varios clientes y me dijeron que querían pedidos de 20.000 mascarillas diarias, así que decidimos comprar una primera máquina que nos costó unos 180.000 dólares», explica a RTVE.es.

La demanda de esta pequeña empresa fue subiendo y, con ello, también su inversión, de modo que en octubre de 2022 llegó a tener ocho máquinas que fabricaban 80 mascarillas por minuto y otra que fabricaba las FFP2. En total, según calcula, fue un gasto de más de un millón y medio de euros. «Compramos todas en China porque allí eran más baratas y, además, era donde más rápido nos las servían», matiza. También multiplicó su plantilla: «Pasamos de tener 8 trabajadores a un total de 48».

“«Todavía tengo todas las máquinas, que están paradas, y estoy intentando venderlas»“

Llegaron a producir 50 millones de mascarillas en 2020 que vendían a empresas, laboratorios y hospitales de España, Reino Unido, Portugal y Francia. «El ritmo variaba por los repuntes, pero desde junio de 2021 todo fue bajando y en septiembre solo teníamos el 10% de máquinas funcionando», explica. De esta manera, Fibras Textiles Sánchez ha estado todo 2022 sin funcionar y se ha quedado sin los trabajadores que tenía. Ahora, su administrador acumula la materia prima que le ha sobrado, como filtros y tejido, y lo que más dinero le costó: «Todavía tengo todas las máquinas, que están paradas, y estoy intentando venderlas».

Con la poca demanda que hay, explica, no le sale rentable volver a encender los motores: «Puedo mantenerla cuando hay cierto volumen, pero si solo me piden 15.000 mascarillas al mes y las tengo que vender al precio chino, que son tres céntimos por cada una de ellas, no puedo asumirlo porque no cubro gastos». Cuenta que a él le cuesta producirlas más de tres céntimos y ha estado vendiendo las que le han sobrado a 4 o 5 céntimos por unidad, que incluye su coste de fabricación y la tarifa de transportes. «Lo he hecho para que no se echen a perder porque tienen fecha de caducidad», remarca, pero para reactivarse tendría que subir la cifra: «Para poder sobrevivir ahora mismo, tendría que venderlas a 9 o 10 céntimos«.

En busca de otro sector donde reactivarse

En esta situación, Sánchez explica que su prioridad está en volver a reconvertirse y empezar una actividad en otro ámbito, aunque todavía no sabe cuál: «Estamos buscando otro nicho al que nos podamos adaptar fácilmente para entrar y trabajar». Además, entre sus opciones tampoco está volver a su antiguo modelo., y señala que «no hemos vuelto a fabricar colchones porque quitamos las máquinas que teníamos para comprar las de las mascarillas».

“«He aprendido una lección: si vuelve a haber un ‘boom’ de este estilo, nunca dejaré mi negocio de siempre por algo nuevo»“

Ahora, mirando atrás, hace una reflexión: «He aprendido una lección: si vuelve a haber un boom de este estilo, nunca dejaré mi negocio de siempre por algo nuevo». Asegura que su antigua fábrica funcionaba bien y decidieron invertir «para ayudar» y porque desde los organismos públicos les prometieron que iban a dar impulso a su actividad. «Decían que luego se iban a acordar de nosotros«, señala, «y al final me he dado cuenta, con el paso del tiempo, de que se han olvidado y nosotros ya no estamos«.

Tres socios que no pertenecían al ámbito sanitario se lanzan a fabricar mascarillas

Por otro lado, hay empresas que se crearon de cero para cubrir la necesidad de material que hubo al comienzo de la pandemia. Es el caso de Pi Medical Labs, situada en Don Benito (Badajoz) y fundada en verano de 2020 por tres socios alejados del entorno sanitario, ya que se dedicaban al comercio mayorista y al diseño gráfico.

«Decidimos montar la fábrica con una mentalidad a largo plazo. Creíamos que no era bueno que el país dependiera del exterior para adquirir material para protegerse», explica a RTVE.es Juan Francisco Sánchez Gordo, uno de sus socios fundadores y también presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Mascarillas, Batas y EPIs (OESP). «Hemos llegado a tener 20 máquinas operativas: 12 para quirúrgicas y 8 para FFP2», señala, una inversión que estima en unos cuatro millones de euros.

“«Cada uno estamos reactivando la actividad que hacíamos antes y, a nivel de empresa, tenemos un producto en marcha que no es sanitario»“

En algunos picos del coronavirus, llegó a emplear a 200 personas, el 90% con discapacidad, pero desde el verano de 2022 ha ido reduciendo considerablemente su ritmo de fabricación. «Hemos tenido que parar el 60% de las líneas de producción», indica, aunque todavía siguen vendiendo a grandes supermercados, perfumerías y comercio mayorista. «Donde no conseguimos vender es en lo público porque compran producto chino», matiza.

«Aunque no es nuestro caso, hay empresas que están sufriendo y muchas han cerrado«, explica, y reconoce que está explorando otros nichos. «Cada uno estamos reactivando la actividad que hacíamos antes y, a nivel de empresa, tenemos un producto en marcha que no es sanitario», señala el socio, que tampoco quiere desvelar más datos porque aún no está en el mercado.

De producir mascarillas a elaborar vitaminas

Airnatech es una empresa de Castellón que nació de la idea de seis socios de Ibiza que no tenían ninguna relación con el ámbito sanitario. «No éramos industriales y no habíamos visto una mascarilla en nuestra vida», explica a RTVE.es Andrés García, uno de sus socios fundadores. Como explica, patentaron una mascarilla que mantiene la protección de una FFP2 y que tiene una respirabilidad un 60% mayor: «Compramos una primera máquina, la producción fue muy buena y hemos acabado siendo la fábrica más grande de Europa en dos años».

Han llegado a tener las 24 máquinas con las que cuentan actualmente y llegaron a dar trabajo a 360 personas al mes durante la variante ómicron. «Produjimos el 50% de mascarillas FFP2 en España y hacíamos 16 millones de mascarillas al mes», sobre todo a nivel nacional, suministrando al 40% de farmacias del país y a grandes cadenas de supermercados y comercio.

“«Ahora están en funcionamiento el 10% de todas las máquinas y vamos a dejar bajo mínimos la fábrica»“

No obstante, García señala que a partir de abril de 2022, cuando dejaron de ser obligatorias en espacios interiores, notaron una importante caída en la demanda y, por tanto, en su producción. «Ahora están en funcionamiento el 10% de todas las máquinas», explica, «y vamos a dejar bajo mínimos la fábrica» para poder atender a una demanda que es reducida, pero estable. «Tenemos clientes en Suecia y seguimos trabajando para el 40% de farmacias españolas. Son pedidos más normalizados porque son personas que siguen recurriendo a las mascarillas», cuenta.

De forma paralela, llevan un año embarcados en otro proyecto de ámbito farmacéutico: «Hemos estado desarrollando cuatro tipos de vitaminas que son muy específicas y que están teniendo buena entrada». Su actividad, por tanto, combinará la producción de mascarillas con este nuevo nicho: “Llevamos un año, ya tenemos stock y estamos vendiendo”.

Critican la posición de las Administraciones públicas

Según explican estos empresarios, el escenario actual está regido por los precios y las Administraciones públicas prefieren importar producto chino antes que recurrir al español porque es más barato, algo que ocurre más ahora, remarcan, cuando la urgencia ya no es la misma que al comienzo de la pandemia.

«Al principio, todos queríamos comprar mascarillas nacionales para reactivar nuestro tejido productivo, pero eso se ha olvidado y se ha vuelto a comprar producto chino», indica el administrador de Fibras Textiles Sánchez. Asimismo, el socio de Pi Medical Labs matiza que «es imposible fabricar en España al mismo precio que en otros sitios como China porque las condiciones y las garantías son completamente distintas».

Por otro lado, aunque algunas tienen el foco en su reconversión, también recuerdan la importancia de poder mantener reservas de mascarillas por si en un futuro vuelve a haber otra emergencia sanitaria global. Según apuntan, esta es una tarea a nivel nacional y el socio de Airnatech destaca que «España y Europa deben pensar qué quieren hacer, ya que depender del exterior para protegerte no es bueno». No obstante, estos empresarios explican que ese no es el escenario actual y dan pie a una reflexión: «El futuro de todas las empresas de mascarillas va a ser cerrar. Lo que no se sabe es qué pasará si vuelve a haber un problema».

Una «hoja de ruta planificada para volver a la normalidad»

La mascarilla dejó de ser obligatoria en entornos exteriores hace casi un año, el 10 de febrero de 2022. Dos meses después, el 20 de abril, también se levantó la imposición en la mayoría de los espacios interiores, si bien se mantuvo en centros sanitarios, farmacias y también en autobuses, metros, trenes, aviones, taxis…

Ahora se da un paso más, con la retirada de la norma en el transporte público, como hizo Alemania hace solo una semana y ya habían hecho la mayoría de los países europeos. «Significa seguir cumpliendo esa hoja de ruta planificada para volver a la normalidad», ha afirmado Darias.

«Nos encontramos en un momento de una enorme estabilidad en cuanto a la situación epidemiológica», ha justificado en su introducción, al tiempo que ha indicado que existe una «clara tendencia a la baja» en los últimos días.

Entrará en vigor el próximo martes

La modificación de la norma que aprobará el Gobierno el próximo martes entrará en vigor cuando se publique en el BOE, lo cual ocurrirá previsiblemente al día siguiente. Además, la ministra ha insistido en la necesidad de seguir impulsando la vacunación con la segunda dosis de recuerdo, especialmente en las personas vulnerables.

Por último, en la reunión los representantes del Ministerio han avanzado que van a iniciar las acciones para poner en marcha el Plan de Infraestructuras y equipamientos en Atención Primaria previstas en los Presupuestos Generales del Estado de 2023, que destinaban con este objetivo una partida de 406,7 millones de euros que se distribuye a través de transferencias de capital a las comunidades.

Esta cantidad se suma a los 172,4 millones de euros que se distribuyeron el año pasado para el Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria a través de transferencias corrientes y de capital, y que vuelven a estar presupuestados en las cuentas de este 2023.

Con ello se pretende contribuir a la mejora las instalaciones e infraestructuras de los centros de Atención Primaria o la construcción de nuevos centros, y la mejora y desarrollo de la Cartera Básica Común de Atención Primaria, en especial en lo referente a la indicación y realización de procedimientos diagnósticos en este ámbito. 

Convivir con el virus de manera segura

Los expertos del Comité de Emergencia han señalado que ahora hay que reflexionar en cómo pasar de una fase de emergencia a una fase de normalidad -en la que se conviva con el virus- de manera segura. Por ello, han aconsejado a la OMS que desarrolle una propuesta de mecanismos alternativos para mantener el enfoque «global y nacional» sobre coronavirus y, a su vez, proporcione una evaluación con respecto a las implicaciones regulatorias para desarrollar y autorizar vacunas, diagnósticos y terapias si esta emergencia se terminara en los próximos meses.

En este sentido, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha agradecido al Comité de Emergencia que haya «mitigado» las posibles consecuencias negativas que tendría dejar de considerar al coronavirus como una emergencia de salud pública de importancia internacional.

El director general de la OMS ha recordado que la respuesta mundial a la pandemia no puede considerarse exitosa en la medida que muchos países todavía carecen de vacunas y tratamientos suficientes para atender a sus enfermos y que muchas redes sanitarias de países de escasos recursos siguen sufriendo de esta situación.

A pesar de que oficialmente el COVID-19 no ha perdido su estatus de amenaza grave a la salud pública internacional desde el 31 de enero de 2020 (fecha de la declaración por parte de la OMS), el mundo ha dejado atrás la mayor parte de las medidas restrictivas asociadas al control de la pandemia. El último caso ha sido el de China, que el pasado diciembre levantó medidas que aplicó estrictamente durante tres años, en particular confinamientos y cierre prácticamente total de fronteras. Tras un violento repunte de muertes y hospitalizaciones, la pandemia también parece remitir de forma sostenida en este país.

Pacientes con alzhéimer sin cita para el neurólogo

«Me han empeorado las migrañas, así que la doctora del centro de salud vio oportuno derivarme al neurólogo. Pedí cita en julio de 2022 y hasta finales de diciembre no me ha llegado la información. Tengo la cita a finales de marzo», cuenta Nahia, una joven andaluza que no dudó en reclamar en su centro de salud para intentar adelantarla, sin éxito. Esperará ocho meses, algo más de los cinco que tienen que pasar de media para que un andaluz acceda a una primera consulta con neurología.

El embudo puede marcar el seguimiento de aquellas personas que ya están diagnosticadas de enfermedades como el alzhéimer. «Una compañera de la asociación de afectados de Motril todavía no ha visto al neurólogo de la Seguridad Social desde 2015 que la diagnosticaron. En Andalucía, las personas con un deterioro cognitivo leve no tenemos derecho a seguimiento», denuncia José Antonio, que también sufre esta demencia. Ambos han podido participar en ensayos clínicos de fármacos, donde sí hay un control por especialistas, pero ahora que las pruebas de ella han terminado, volverá a intentar conseguir una cita por la vía ordinaria. 

La Organización Mundial de la Salud señala el alzhéimer como la «epidemia del siglo XXI», y ha pedido a los países envejecidos como España que dispongan los medios para darle respuesta. Sin embargo, neurología es la especialidad con más tiempo medio de espera, de 97 días. Le siguen digestivo y dermatología, con 84 días, desbancando a traumatología, que en los últimos años había sido la más demandada.

«En Andalucía lo que ha sucedido es que durante 40 años no se dotó a los hospitales comarcales de neurólogo», justifica el presidente de la Sociedad Andaluza de Neurología, Jesús Romero Imbroda, que confía en que se subsane en los próximos años. Coincide en su análisis con la Sociedad Española de Neurología. «Tiene que aumentar en dotación porque las enfermedades neurológicas están creciendo. Cada vez vivimos más y, aunque cada vez retrasemos un poco su aparición, el alargamiento de la vida nos desborda», comenta José Miguel Láinez, que encabeza la asociación nacional. «El tiempo consume cerebro», agrega el facultativo. «Es bien conocido que un dolor de cabeza, si se cronifica, se hace más refractario a la medicación. Un alzhéimer o un Parkinson, si se tratan más precozmente, evolucionan mejor…».

‘Atajos’ por las unidades de diagnóstico rápido 

Con todo, la mayor demora para medicina hospitalaria en España se da en Cataluña: 162 días de espera para ser derivado al urólogo, solo un día más que neurología en la sanidad andaluza. ¿Supone esto un riesgo para posibles pacientes de cáncer de próstata?

«Si el médico de cabecera sospecha que hay una posible neoplasia [tumor, benigno o canceroso] por un aumento importante del PSA [antígeno prostático específico], a ese paciente normalmente se le deriva a las unidades de diagnóstico rápido y no se demora en exceso. El acceso a un urólogo para una patología convencional, en según qué zonas de Cataluña, sí se puede demorar», responde a este respecto el doctor Francesc Vigués, jefe de servicio del Hospital de Bellvitge y miembro de la Sociedad Española de Urología.

Cuatro meses para ver a un digestivo: «Me veo consumido»

Los datos dejan ver grandes diferencias entre comunidades. Las listas de espera reflejan el registro de pacientes pendientes de intervención o consulta, donde una persona debe ingresar en el momento de la prescripción, un criterio único establecido por Sanidad. El ministerio recopila, estandariza y publica estas cifras que permiten su comparación por regiones, aunque no son inusuales denuncias de ‘maquillaje’ de datos como las publicadas en elDiario.es. Y es que las listas de espera son una parte fundamental del funcionamiento del sistema sanitario y de la valoración que de él hacen los ciudadanos.

«Digestivo me ha dado cita para el 15 de marzo, sabiendo desde diciembre lo que me pasa. Solo queda tratarme», relata Antonio, quien ha perdido 40 kilos desde marzo del 2022 por vómitos continuos y un profundo malestar en el estómago. El diagnóstico, finalmente, se lo ha proporcionado su médica de familia en Canarias, tras conseguir que le hicieran una gastroscopia: hernia de hiato y gastritis crónica. Sin embargo, él todavía no ha podido hablar con un gastroenterólogo. «Sin comer ni beber, me pongo a vomitar. Me veo consumido y eso me choca, ¿cuándo voy a parar de adelgazar sin querer?», se pregunta.

Los cuatro meses de espera no son un caso aislado en Canarias. Antonio está en medio de una tormenta. Por un lado, la suya es la segunda comunidad con más esperas para acudir al digestivo, con 128 días de media, frente a los 84 del promedio nacional y solo por detrás de los 131 días de Extremadura. Por otro, el problema en el archipiélago no se limita a ese servicio: más del 50% de los pacientes canarios esperan más de 60 días para todas las especialidades. Para dermatología, neurología u oftalmología el porcentaje supera el 90%.

Años de espera en dermatología

«— ¿Sabes para cuándo me han dado la cita del dermatólogo? Para el 10 de abril»
— Pues, qué suerte, ¡tampoco es tanto!»
— No, no, ¡para abril del 2024!»

Eva reproduce la conversación que mantuvo recientemente con su madre, de más de 70 años, por unas manchas que le han salido en la piel. Más allá de las marcas típicas de la edad, nos cuenta, estas le pican y están creciendo, por lo que prefieren consultarlo para descartar un melanoma u otros cánceres de la piel. «A lo mejor no es nada, pero si es algo y no te lo tratan en su debido momento…», comenta la hija.

Tras las primeras dificultades para obtener cita en el centro de salud de la Comunidad de Madrid por la huelga, ahora tendrán que esperar más de dos años hasta la exploración. Con otros especialistas ha tenido más suerte. «En menos de un mes o mes y medio, ya ha tenido la cita con el cardiólogo», compara Eva. Y es que dermatología es la rama en la que es más habitual que haya pacientes en larga espera en España. A más del 60% les toca esperar más de dos meses. Le siguen oftalmología (57%), traumatología (53%), neurología (53%) y digestivo (52,5%). 

Desde la Academia Española de Dermatología (AED), explican el atasco por diversos motivos. Las enfermedades de la piel han aumentado con el envejecimiento de la población y unos hábitos de exposición al sol más agresivos por el cambio climático. Además, existen más tratamientos para patologías como la psoriasis, al tiempo que ha crecido la preocupación por los problemas dermatológicos, tanto por razones de salud como estéticos. Y aunque las plantillas de dermatología han crecido mucho en los últimos años, hay plazas que siguen siendo complicadas de cubrir por la competencia de la práctica privada, mucho mejor remunerada.

«Hasta que no seamos capaces de no derivar una gran cantidad de cuestiones más banales y estéticas, que saturan las consultas, necesitaremos un número casi infinito de dermatólogos», afirma el doctor José Manuel Carrascosa, vicepresidente de la AED. Él pide un «pacto» de las autonomías para establecer criterios de prioridad y hacer más atractiva la trayectoria de los dermatólogos dentro del sistema público de salud. «Tienes que garantizar que se vaya rápido con los pacientes que tienen cosas graves», afirma, sin olvidarse de las enfermedades de transmisión sexual. «Si en venereología tienes lista de espera, garantizas que no sirve para nada».

Abocados a buscar un diagnóstico en la medicina privada

«Llegué ya con el ojo bastante dañado. A día de hoy, no sé si tendría tantas cosas si no hubiera esperado tanto. En esta enfermedad un año es muchísimo», afirma Noemí, ahora diagnosticada de uveítis. En la Comunidad Valenciana, la joven tuvo que esperar cerca de un año desde que acudió en su pueblo al médico de cabecera por las «manchitas» que veía, hasta que le derivaron a un oftalmólogo que identificó la inflamación en la capa intermedia del ojo.

Desde la Asociación de Pacientes de Uveítis reconocen que los retrasos en esta especialidad son tan habituales que buena parte de sus miembros han sido diagnosticados en clínicas privadas y, si es en la red pública, a través de urgencias oftalmológicas. Pero la suya es una patología minoritaria y los facultativos expertos suelen encontrarse en la sanidad pública. Así, Noemí cuenta que, en cuanto se le diagnosticó, se la incluyó en la unidad específica del Hospital General de Alicante, donde la atención ya es siempre rápida.

La alternativa del médico privado suele sobrevolar las conversaciones sobre listas de espera, especialmente, en dermatología y oftalmología. Pero muchos o no se lo pueden permitir o no lo ven como una solución cuando hay un problema grave. «Hay una cuestión ética también, preferiría no ir a la privada», reivindica, por su parte, Antonio desde Canarias, por sus problemas digestivos.

La lista de espera para operaciones: 113 días de media 

Víctor ha tenido que pasar por hasta cuatro neurocirugías para tratar de controlar la epilepsia que padece desde los ocho años. «Era muy joven y tenía muchas crisis», cuenta agradecida María Luisa, su madre, sobre las operaciones que se sucedieron en 2015, 2016, 2017 y 2018, con tiempos de espera de en torno al año. «Yo no me quejo mucho porque oyes a gente que tarda tanto… y tampoco estas intervenciones son para hacerlas cada dos o tres meses».

Pero la situación se ha ido deteriorando en los últimos años. Neurocirugía en Aragón arroja la mayor espera media del país con 533 días, es decir, más de un año y cinco meses, frente a los 200 de la media nacional. El dato también contrasta con los 126 días que la misma autonomía registraba en 2012 y que ha ido aumentando paulatinamente.

Y esa tendencia se repite en todo el país y en muchas otras especialidades. Como ocurría en las consultas, se está volviendo a niveles ‘prepandemia’ en las listas de espera para ser operado en España. Sin embargo, todavía hay que esperar 113 días de media para acudir a una operación, casi cuatro meses, un dato muy por encima de los 61 días hasta los que se bajó en junio de 2010. Lo más alto del ranking hoy lo ocupa la cirugía plástica, con 226 días para operarse.

Ismael, también paciente de epilepsia en Aragón, aguarda desde 2020 a que sus médicos den el visto bueno a una operación, para la que luego se sumará a la lista de espera. «Es un fastidio para el día a día, para encontrar trabajo…», afirma sobre su enfermedad y deseando que den finalmente con la tecla que acabe con sus crisis. Actualmente, en España, el 18% de la población que espera a ser operada aguarda más de seis meses, cuando llegó a estar por debajo del 5% en 2010. En lo peor de la pandemia, en cambio, el porcentaje llegó al 34%.

Desconocimiento sobre los plazos máximos que marca Sanidad

Pero el servicio no ha empeorado en todos los campos. Para reducir las listas de espera, al menos en intervenciones críticas, el Ministerio de Sanidad fijó en un real decreto de 2011 un máximo de 180 días para realizar cirugías cardíacas valvulares, cirugías cardíacas coronarias, cataratas, prótesis de cadera y de rodilla. Según los últimos datos, las comunidades han cumplido por lo general con los plazos, aunque sí se han registrados retrasos con las prótesis de cadera (en Aragón, Canarias y Castilla y León) y con las de rodilla (en Canarias).

«Desde septiembre estoy esperando una ablación, una especie de raspado de una zona del corazón que se supone que me va a mejorar la arritmia. He mirado en la ley y mi prueba no está contemplada en los plazos», comenta Florencio desde Andalucía, que comprende que su intervención no es tan urgente como otras e insiste en lo agradecido que se siente por todas las pruebas y tratamientos prestados desde la sanidad pública.

La comunidad autónoma en la que vive, Andalucía –como Aragón, Asturias, Extremadura, Galicia o País Vasco, por ejemplo– tiene leyes anteriores a la de Sanidad que incluyen más intervenciones para las que no se puede superar un tiempo de espera. Si eso ocurre, la administración puede optar por sufragarla en un centro privado o concertado. El problema está en que muchos pacientes desconocen que pueden reclamar este derecho y algunas fuentes critican que eso suponga un desvío de fondos a la sanidad privada.

«A mi madre le tienen que operar de juanetes desde julio y todavía no sabemos cuándo. Le han hecho las pruebas y todo, pero no nos dicen nada», sostiene Lucía, que también espera desde hace meses una consulta con el nefrólogo en Valencia. Pero su madre puede tener más suerte. La operación de hallux valgus o juanete es una de las intervenciones que Sanidad considera que es necesario monitorizar, junto a la de cataratas, el túnel carpiano o la hipertrofia benigna de próstata, entre otras.

De todas ellas, la de juanetes -que registraba la mayor espera hace una década- es la intervención que más ha minimizado el tiempo de espera desde 2003, aunque otras tres operaciones también han reducido sus tiempos (cataratas, quiste pilonidal y prótesis de cadera). No llevan la misma trayectoria los últimos procesos incluidos (prótesis de rodilla, cirugía cardíaca valvular, by-pass coronario, angioplastia percutánea transluminal -PCTA- e histerectomía). En todos ellos los tiempos de espera han aumentado respecto a diciembre de 2019, momento en el que se empieza a brindar la información.

Y la ola que viene podría ser mayor, advierten algunos facultativos. “Han disminuido cirugías porque se ha diagnosticado a menos pacientes”, aseguró a RTVE.es Francisco José Saez Martínez, del grupo de trabajo de Cronicidad de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. También el Ministerio de Sanidad prevé más casos de pulmón, mama y colon tras la pandemia de coronavirus. En definitiva, las autoridades sanitarias tienen ya las pruebas para el diagnóstico del sistema público de salud, el siguiente paso sería pautar el tratamiento. Aragón, Comunidad Valenciana o Madrid ya han anunciado sus planes al respecto.