26 de enero de 2023
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado que elevará al Consejo de Ministros del próximo 7 de febrero la solicitud de retirar la mascarilla en el transporte público, donde está previsto que se apruebe. En principio, su uso se mantendrá en hospitales, centros sanitarios y farmacias. La medida llega tras el acuerdo entre Sanidad y comunidades autónomas, y está motivada por la estabilidad epidemiológica en España, que las fiestas navideñas no ha alterado. «Tenemos una situación muy estable desde el punto de vista epidemiológico», ha valorado Darias durante el anuncio este jueves a los medios de comunicación.
La mascarilla dejó de ser obligatoria en interiores el 20 de abril de 2022, si bien se mantuvo el uso en centros sanitarios, farmacias y también en autobuses, metros, trenes, aviones, taxis y en el resto del transporte público.
Hasta ahora, la recomendación de la ponencia de alertas era mantenerlas por prudencia hasta que acabara la temporada de infecciones respiratorias agudas, aproximadamente en marzo, y a la espera del impacto que pudiera tener el estallido de contagios en China tras el abandono de la estrategia COVID cero.
25 de enero de 2023
El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad (CCAES), Fernando Simón, ha asegurado este miércoles que el fin de las mascarillas en el transporte llegará «en breve» y en un plazo «muy corto» de tiempo, para «la semana que viene o la siguiente».
«La decisión no es mía únicamente y las propuestas vienen de los técnicos, los expertos y las comunidades autónomas», ha señalado el responsable de las alertas sanitarias a los periodistas en Zaragoza, donde participa en la mesa redonda ‘Verdad y Mentira, código binario de la democracia’, organizada por el LAAAB del Ejecutivo aragonés.
La mascarilla dejó de ser obligatoria en interiores el 20 de abril del 2022, si bien se mantuvo el uso en hospitales, farmacias y también en autobuses, metros, trenes, taxis y en el resto del transporte público.
Hasta ahora, la recomendación de la ponencia de alertas era mantenerlas por prudencia hasta que acabara la temporada de infecciones agudas, aproximadamente en marzo, y a la espera del impacto que pudiera tener el estallido de contagios en China tras el abandono de la estrategia COVID cero. Pero en las últimas semanas han retomado el debate ante la estabilidad de la situación epidemiológica en España, que las fiestas navideñas no ha alterado, según trasladan fuentes de este órgano técnico a la agencia Efe.
Insta a usar la mascarilla con responsabilidad
De hecho, Simón ha indicado que lo ocurrido en «las últimas semanas en China ha complicado la situación», pero aun así, ha señalado que la retirada del cubrebocas es inminente: «Yo creo que en un plazo muy corto, no sé si la semana que viene o la siguiente, se retirará el uso obligatorio de la mascarilla», ha adelantado el epidemiólogo.
El uso de la mascarilla en el transporte público divide a los expertos
Pero el director del CCAES ha querido dejar claro que «el mensaje no es que se vaya a retirar la mascarilla, sino que ahora la población tiene que ser mucho más responsable».
«Cuando tenemos síntomas deberíamos utilizarla de manera responsable y si somos grupos de riesgo o vulnerables también. Hay que entender que nuestra salud afecta de alguna forma a la de los demás, sobre todo cuando hay una enfermedad infecciosa de por medio», ha agregado.
A lo largo de las últimas semanas, algunas comunidades han ido avanzando sus posiciones en el debate. Ejemplo de ello es la consejera de Salud de Navarra, Santos Induráin, quien opinó hace unos días que «no es momento» para retirar la obligatoriedad del uso de la mascarilla en ámbitos como el transporte público, si bien ha considerado que «es un tema que no se alargará demasiado».
Por el contrario, el conseller de la Comunidad Valenciana, Miguel Mínguez, confió en que la evolución epidemiológica permitiese eliminar «en breve» la obligatoriedad. «Vamos a pasar a ser usuarios responsables», declaró.
25 de enero de 2023
Casi tres años después del inicio de la pandemia y del decreto sobre el estado de alarma, Amnistía Internacional denuncia el abandono y la ausencia de justicia tras el fallecimiento de 35.000 mayores en las residencias.
Las autoridades han incumplido su obligación de investigar de forma exhaustiva y adecuada las vulneraciones de derechos humanos sufridas por las personas mayores que vivían en las residencias, como exige la normativa internacional, así como el acceso de las víctimas y sus familiares a un recurso judicial efectivo, expone en un informe publicado este miércoles.
«El abandono sufrido por las familias y la impunidad son patentes en seis instituciones del estado. Ni Gobierno central ni autonómico, ni Congreso de los Diputados, ni la Fiscalía General del Estado, ni el Defensor del Pueblo, ni el Consejo General del Poder Judicial han hecho los deberes para modificar esta situación y resarcir a las víctimas cuyos derechos han sido violados», explica Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.
Para la organización de defensa de los derechos humanos, es necesaria la reapertura de los casos archivados por la Fiscalía y que las autoridades reconozcan públicamente lo sucedido con un acto en el que se comprometan a buscar la verdad y garantizar la justicia y la reparación para todas las víctimas.
«Me he sentido abandonada, decepcionada y algo que no podré entender nunca: cómo una sociedad puede participar una masacre de estas características, única en la democracia, y que aún nadie haya tomado medidas para que se haga justicia y, sobre todo, para que nunca más se vuelva a repetir», indica Mercedes Huerta, familiar de una de las víctimas de las residencias madrileñas durante la primera ola de la pandemia y miembro de la Plataforma Verdad y Justicia.
Falta de medios para conocer la verdad
Para Amnistía, la ausencia de mecanismos y procedimientos adecuados para saber la verdad sobre lo ocurrido en los centros continúa hoy en día y no hay perspectivas de que vaya a cambiar, ni siquiera las instrucciones y protocolos que impidieron que miles de personas recibieran asistencia sanitaria.
«Amnistía Internacional documentó cinco violaciones de derechos humanos cometidas contra las personas mayores residentes y nadie ha rendido cuentas por ello. En concreto, por vulneración del derecho a la vida, a la salud, a la no discriminación, a la vida privada y familiar y el derecho a una muerte digna. Es más, la situación podría repetirse hoy en día si la pandemia se recrudeciera y se decretara un nuevo estado de alarma», asevera Beltrán.
La organización denuncia la opacidad de la Fiscalía General del Estado ante la inexistencia de datos de acceso público del total de diligencias penales en las que ha intervenido, ni sobre lo que ha consistido su actuación.
Destaca que el único paso positivo fue el oficio de la fiscalía el pasado mes de octubre para garantizar que las familias fueran escuchadas en las investigaciones aún abiertas, aunque debería incluir a los casos archivados.
También, expone algunos avances en fiscalías provinciales, como la de Mataró (Barcelona) que presentó una querella en abril de 2022 por homicidio imprudente, lesiones y maltrato contra responsables de una residencia, o la decisión de un juez de Madrid de solicitar la comparecencia como testigos del exconsejero Alberto Reyero y de Carlos Mur, firmante de los protocolos de exclusión de la derivación a hospitales.
El informe lamenta los obstáculos por parte de las autoridades autonómicas para esclarecer los hechos y señala que solo en el Parlamento de Cataluña haya activo un Grupo de Trabajo para analizar lo sucedido y debatir sobre un nuevo modelo residencial.
Amnistía Internacional recuerda que ha pedido al Defensor un monográfico de investigación sobre las muertes que incluya recomendaciones para autoridades y que el Consejo General del Poder Judicial tampoco ha realizado seguimiento sobre el acceso de las víctimas a la justicia.
Tras el acuerdo alcanzado sobre un nuevo modelo residencial, señala que corresponde a los gobiernos autonómicos implementarlo, garantizando que se respetan los derechos humanos de las personas residentes y asegurando una adecuada dotación de recursos económicos y humanos.
«Las autoridades pretenden pasar página sobre lo sucedido, sin tener en cuenta que la verdad, memoria, justicia y reparación son imprescindibles para que algo similar no vuelva a suceder y se garanticen los derechos humanos», concluye Beltrán.
23 de enero de 2023
Calles desiertas en el epicentro de la pandemia de Covid-19. Así era hace tres años la ciudad de Wuhan, en el centro de China. Las autoridades la cerraron a cal y canto para evitar la expansión del virus. Un equipo de TVE ha vuelto al lugar donde empezó todo, una ciudad que vuelve a la normalidad. En este tiempo ha sufrido más confinamientos, pero con el levantamiento de la férrea política de ‘COVID cero’, las calles se han llenado, de nuevo, de vecinos y turistas.
La ciudad que ahora está rebosante de vida estuvo desierta hace justo tres años. Sus 12 millones de habitantes pasaron dos meses y medio bajo un estricto confinamiento.
«Desde el brote de la pandemia en Wuhan en 2020, muchos ciudadanos se han sacrificado; pero, por fin, hemos vencido«, declara a TVE un vecino wuhanés.
El 23 de enero de 2020, el mundo asistió, por primera vez, al confinamiento de una ciudad. Lo recuerdan las vallas amarillas que todavía se encuentran en las calles. Al lado, turistas y locales hacen cola para probar la comida típica wuhanesa.
«Con el fin de las restricciones, los primeros días fueron difíciles, pero desde finales de diciembre o principios de enero, hemos vuelto a la normalidad«, explica la dueña de uno de los locales de la zona, Pan.
De vuelta al mercado donde empezó todo
Con dos vehículos de la policía secreta siguiendo sus pasos, un equipo del Telediario vuelve al mercado en el que empezó todo. Solo es posible verlo por una rendija. Lleva tres años clausurado.
En él se vendía pescado, marisco y productos frescos; pero, también, animales salvajes. Así se cree que se originó la actual pandemia, cuando ese coronavirus pasó de esos animales salvajes a los seres humanos.
La ciudad entera no se ha vuelto a cerrar, pero en julio confinaron a un millón de habitantes por cuatro casos; en octubre, a 800.000. En noviembre, varias protestas ciudadanas pidieron el fin de los confinamientos. En Wuhan tiraron abajo vallas. Dos semanas después, se levantaron las restricciones.
22 de enero de 2023
Un gran despliegue policial rodea el cementerio de Biantanshan, el más céntrico de la ciudad china de Wuhan. Aquí decenas de familias cumplen con una arraigada tradición: la visita a los difuntos en el día del Año Nuevo lunar, celebrado este domingo en el país hasta el próximo viernes.
Un equipo de TVE ha recorrido sus columbarios, muchos de ellos con fecha de diciembre, debido a una nueva oleada de contagios COVID en la ciudad. Esta es la segunda la vez que la enfermedad azota fuertemente Wuhan, después de que en 2020 se convirtiera en el epicentro de la pandemia y en la primera ciudad confinada por este motivo.
La realidad esta ciudad, sin embargo, ahora es muy diferente a la de hace tres años, cuando se construían hospitales en tiempo récord o se restringía el paso a sus ciudadanos. Pese al elevado número de muertes, este domingo se han notificado cerca de 13.000 en una semana en todo el país, las restricciones de la política ‘COVID cero’ ya no son la norma en China desde diciembre y las familias han podido volver a reunirse.
Flores y quema de papeles para honrar a los difuntos
Las tradiciones que rodean a esta visita de Año Nuevo van desde la tradicional ofrenda de flores para honrar a los difuntos hasta la quema de papeles que representan dinero para desearles que disfruten del más allá.
En estas fechas, es frecuente que las calles se llenen de vendedores de crisantemos que estiman que la demanda podría aumentar por el número de muertes, el fin de las restricciones a la movilidad y la mayor afluencia de los familiares que no han podido visitar a sus fallecidos estos años.
«Este año seguro que vendemos más flores, porque ha fallecido mucha gente», dice una vendedora a TVE, que ha vendido más de 2.000 ramos de crisantemos, casi todos, blancos y amarillos – típicos en funerales – y siempre, en número impar. «Hemos vendido casi 600 cestos de crisantemos. El año pasado vendimos solo 200», cuenta otra mujer, mientars continúa el trasiego de clientes.
Cerca de 13.000 muertes en una semana
China ha hecho público ha hecho domingo un nuevo balance de fallecimientos COVID, reconociendo 12.658 más en tan solo seis días. El número total de muertes ha ascendido, de esta manera, a 72.596 desde el pasado 8 de diciembre.
No obstante, algunas voces han puesto en duda las últimas semanas la veracidad de las cifras de fallecimientos ofrecidas por China, que contrastan con estimaciones como las de la compañía británica Airfinity, que aseguró recientemente que se podrían llegar a alcanzar unas 36.000 muertes al día durante las vacaciones del Año Nuevo Lunar, las primeras sin la política COVID cero.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido, por ello, a China que, para dar unas cifras más realistas de falleciemiento por COVID, calcule lo que se conoce como el exceso de muertes. Las estadísticas, por ahora, indican que en China murieron en 2022, 270.000 personas más que en 2021.
22 de enero de 2023
Las autoridades sanitarias de China han anunciado un total de 12.658 fallecimientos relacionados con la COVID en hospitales entre el 13 y el 19 de enero, que aumentan el balance oficial a 72.596 desde el pasado 8 de diciembre, cuando las autoridades comenzaron a desmantelar la política de ‘cero COVID’.
Entre estos casi 13.000 decesos, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) del país asiático diferencia entre 681 producidos directamente por la COVID y otros 11.977 en casos en los que también influyeron otras dolencias subyacentes. La última actualización de la institución da parte de más de 470.000 hospitalizados por COVID en todo el país, de los que unos 52.000 se encontraban graves, lo que supone cerca de la mitad de los notificados hace una semana.
Las cifras llegan en plena celebraciones del Año Nuevo chino, las primeras sin restricciones desde el inicio de la pandemia, y para el que se han previsto millones de desplazamientos, especialmente, hacia las zonas rurales. Estas son consideradas unas de las más vulnerables debido a una población más envejecida, servicios sanitarios más precarios y una tasa de vacunación inferior en los más mayores.
Los casos graves habrían descendido a la mitad
Hace una semana, China reconoció las primeras 60.000 muertes relacionadas con la oleada de COVID-19 entre el 8 de diciembre y el 12 de enero. En aquel momento, se especificó que la edad media de los fallecidos registrados en centros médicos fue de 80,3 años de edad. Asimismo, el 90,1 % de los fallecidos tenían más de 65 años, y más del 90 % sufrían enfermedades subyacentes, según la Comisión.
También aseguró que habían alcanzado el pico el pasado 5 de enero, cuando huvo 128.000 casos graves y que el 12 decendió hasta los 105.000. Según las cifran actuales, los enfermos graves habrían descendido, por tanto, prácticamente a la mitad desde el último parte, en diciembre pasó de ser diario a semanal.
No obstante, algunas voces han puesto en duda las últimas semanas la veracidad de las cifras de fallecimientos ofrecidas por China, que contrastan con estimaciones como las de la compañía británica de análisis del sector sanitario Airfinity, que aseguró recientemente que se podrían llegar a alcanzar unas 36.000 muertes al día durante las vacaciones del Año Nuevo Lunar que extenderán hasta el viernes.
Un epidemiólogo calcula que el 80% de la población se habría contagiado
Este mismo fin de semana, el epidemiólogo jefe del CDC, Wu Zunyou, ha estiamado en redes sociales que un 80 % de la población china ya había contraído la enfermedad en el marco de la primera gran ola de contagios, lo que situaría la cifra de casos en unos 1.129,4 millones.
El dato supera la estimación que ofreció hace poco más de una semana un estudio de la Universidad de Pekín, que hablaba de unos 900 millones de contagios hasta el 11 de enero. Acerca del riesgo derivado de «los 5.000 millones de desplazamientos» esperados para el primer Año Nuevo sin restricciones, ha reconocido que las cifras de contagios podrían aumentar en algunas áreas, pero ha descartado que se vaya a producir un «rebote a gran escala».
Tras casi tres años de unas duras restricciones, confinamientos y cierre prácticamente total de fronteras que acabaron cristalizando en protestas en diversas partes del país, China relajó de manera brusca las medidas, desembocando en una oleada de contagios. Su apertura de las fronteras el pasado 8 de enero, generó la alarma internacional ante la posible aparición de nuevas variantes, lo que motivó nuevas restricciones de varios países, entre ellos, España para los países procedentes del país asiático.
