Los fallecidos en las residencias

Junto al informe, la presidenta de la Comunidad de Madrid presumía este miércoles de su gestión de la pandemia, al tiempo que denunciaba que la cifra de 7.291 fallecidos en residencias, que se refleja en el documental que lleva por título ese número y que se podrá ver en La 2 y en el Canal 24 horas de RTVE este jueves, fue «un invento del entonces consejero» de Política Social Alberto Reyero, de Ciudadanos.

Este documental y varias asociaciones de víctimas como Marea de Residencias, Verdad y Justicia o la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias cifran en 7.291 los fallecidos en las residencias madrileñas.

Por contra, el Gobierno de Ayuso reduce ahora a 4.143 la cifra de personas que murieron en residencias de mayores de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia (desde enero a julio de 2020), unos datos, que según fuentes del Ejecutivo autonómico a RTVE, han conseguido a partir de la estadística oficial del INE de defunciones, comparable entre Comunidades Autónomas.

Este jueves el propio Reyero ha negado tajantemente en una entrevista en Las Mañanas de RNE que se haya inventado la cifra y ha explicado que sale de «una respuesta al portal de transparencia en la que se indicaba el número de fallecidos en cada una de las residencias».

«Son los que nosotros trasladábamos diariamente a la Consejería de Sanidad, en los que indicábamos los fallecidos que había en cada una de las residencias», ha señalado. Además, ha defendido que esa información era enviada al Ministerio de Sanidad y «periódicamente» a la Fiscalía.

Familiares de víctimas dicen que Ayuso miente

Por su parte, los familiares de los residentes fallecidos en las residencias han acusado a Ayuso de «no decir la verdad» y han considerado un «insulto» que la Comunidad rebaje ahora la cifra de muertos y que niegue la existencia de los «protocolos de la vergüenza».

«La presidenta regional no dice la verdad cuando habla de 4.100 víctimas, cuando la propia comunidad a través de su portal de transparencia admite que 7.291 residentes fallecieron por no derivarlos a los hospitales. Una actuación que se recoge en esos protocolos de la vergüenza que ahora niega que existieran, pero que sus propios técnicos reconocieron en la aniquilada comisión de investigación creada en la Asamblea de Madrid», subraya la asociación ‘7.291: Verdad y Justicia’ en un comunicado.

Además, la entidad insta a la presidenta madrileña a reabrir la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid para escuchar a las familias, y a los trabajadores de las residencias, así como a asumir su responsabilidad sobre los actos y los documentos que salieron de su equipo de Gobierno.

Precisamente este jueves los familiares de los fallecidos en residencias se han reunido con la ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha reprochado a Ayuso su «escalada de soberbia» y «falta de respeto» en este asunto. «Lo que está haciendo la señora Ayuso con esta estrategia de mentiras es tratar de reescribir la historia, tratar de ocultar una realidad, que es que fallecieron de manera indigna más de 7.100 mayores por el protocolo de la vergüenza», ha denunciado García.

La ministra, que en tiempos de la pandemia era la líder la oposición en la Asamblea de Madrid, ha lamentado el «trato indigno» que recibieron los residentes, a los que se les «negó la asistencia» y ha acusado a Ayuso de «anteponer la propaganda por encima del cuidado de los ciudadanos».

Ayuso acusa a la izquierda de «retorcer el dolor de las víctimas»

Previamente a la reunión, los familiares de los mayores fallecidos en las residencias han asistido como invitados a la sesión de control en la Asamblea de Madrid, donde han recibido un fuerte y largo aplauso por parte de la bancada de la izquierda, que ha sido interrumpido por el presidente de la Cámara, Enrique Ossorio, justificando que el Pleno debía continuar.

En la sesión de control de este jueves en la Asamblea de Madrid, Ayuso se ha defendido de las acusaciones sobre el «baile» de cifras asegurando que «no se sabe» cuántas personas murieron durante la pandemia del coronavirus en España y que desde el Ejecutivo regional han estado «callados» cinco años porque les daba «vergüenza utilizar a las víctimas». Y ha apuntado que sobre los «hombros» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «recaen 130.000 muertos».

También ha acusado a la izquierda de «retorcer el dolor de las víctimas» e «instrumentalizarlas» con «fines políticos», y ha reprochado al Gobierno de España y al PSOE de estar «más preocupados» de llevar «a las mujeres a las calles» con su «supuesto feminismo», en alusión a la manifestación del 8M del año 2020, que de escuchar las «alertas sanitarias» que había por la pandemia.

La portavoz del PSOE-M en la Asamblea, Mar Espinar, ha afeado a Ayuso que «no es solo cuánta gente murió, sino cómo murieron aquí en Madrid». «Sería un buen ejercicio que hoy usted nos contará por qué aprobó esos protocolos, por qué no trasladó a esas personas a los hospitales, por qué no medicalizó las residencias… En definitiva, por qué los abandonó y dejó que murieran así», ha cuestionado.

Por ello, la dirigente socialista ha instado, primero, a la presidenta autonómica a «pedir perdón y dimitir», para a continuación recriminarle que ella y «su entorno» aprovecharon la pandemia «para dar el pelotazo». «Unos morían y otros se forraban para que usted viva como una reina, señora Ayuso», le ha espetado Espinar.

Después, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, también ha puesto el acento en que «claro que fueron 7.291 fallecidos», aunque ahora el Ejecutivo madrileño rebaje la cifra. «Como si eso le exculpara de la gravedad, como si los protocolos fueran menos vergonzosos porque afectaran solo a 4.000 personas. Quieren descontar muertos como si por descontar una cifra fuera menos grave su responsabilidad», ha señalado.

Asimismo ha lamentado que solo en Madrid se firmó «un protocolo que los dejaron morir por el hecho de vivir en residencias», y le ha afeado que «saque pecho de la gestión que convirtió a la Comunidad de Madrid en la capital europea con mayor exceso de mortalidad en la pandemia».

Por su parte, Ayuso ha pedido la dimisión a Bergerot por «difamadora», al haberle adjudicado la frase «iban a morir igual» en referencia a los mayores de residencias no derivados a hospitales. Además, ha destacado que «dos sentencias» le han «dado la razón» sobre la gestión de la pandemia en las residencias, por lo que ha exigido a la oposición que «no mientan» con este tema.

Acusa al Gobierno de Ayuso de «mentir»

Además, el que fuera consejero por Ciudadanos ha tildado al Gobierno de Ayuso de haber sido «muy opaco y nada transparente». «Las mentiras en las que continuamente incurre al final tienen unas patas muy cortas y se irá viendo», ha zanjado.

Reyero ha insistido en que sí que existían unos «protocolos de la vergüenza», que impedían el traslado de residentes mayores a los hospitales cuando comenzó la pandemia de la covid, aunque ahora el Ejecutivo de Ayuso lo niegue.

También ha considerado falso que existieran residencias «medicalizadas» como la dirigente ‘popular’ dice que hubo. «Habría que saber cuáles son esas residencias que dice Ayuso que son medicalizadas. Pero no puede haber un listado porque no se medicalizaron», ha subrayado.

Por ello, Reyero ha justificado su marcha del Gobierno de Ayuso. «Decidí marcharme porque, primero, no estaba en absoluto de acuerdo con los protocolos de la vergüenza, porque no se habían medicalizado las residencias, por cómo se había gestionado Ifema…, y por una cuestión moral, me negaba a seguir compartiendo mesa con personas que no tenían ningún escrúpulo», ha confesado.

Un vuelco de 180º: los casos de Cristina, Rubén y María

La vida de Cristina es una de las que ha sufrido un vuelco de 180 grados estos cinco años. Sin patologías previas, no fumadora y deportista, esta joven de 35 años pasó de tener una vida laboral y personal activa a no poder hacer tareas cotidianas de manera independiente. Se contagió hasta en cuatro ocasiones entre 2020 y 2024, con numerosas visitas a urgencias y a médicos especialistas. En una de las ocasiones, tuvo hasta que ingresar en el Hospital Isabel Zendal de Madrid, saturado en plena pandemia.

En estos años ha padecido, además del agravamiento y alternancia de síntomas, la “incomprensión” por parte de algunos médicos, que no reconocían la enfermedad y achacaban los síntomas a “ansiedad”. Finalmente, se le diagnosticó covid persistente, y aunque en 2024, con su última infección, pudo acceder a un tratamiento con el que consiguió «capear» los síntomas con respecto a las otras veces, denuncia la complejidad para acceder a algunos de ellos, ya hay que traspasar largas listas de espera. Siente que «las instituciones y la sociedad les han dado la espalda», por que «la covid es un mal recuerdo». «Hubo uso político de la pandemia y muchas medidas ineficaces y recordar la enfermedad genera un sentimiento de rechazo en la sociedad. También a veces mofa hacia los enfermos, echándoles en cara que no quieren avanzar o no quieren trabajar, cuando no es verdad», dice.

Desde su contagio, Cristina ha experimentado dificultad para respirar —“como si tuviera un bloque de cemento en el pecho”—, taquicardias, alergias, cansancio extremo, un dolor muscular que incluso le impide andar, fotosensibilidad, tos crónica y una fuerte niebla mental. “No era capaz ni de leer un libro. También se me olvidan cosas del día a día, lo que hace más difícil las tareas. No digamos ya otras aspiraciones personales como tener una relación sentimental o intentar ser madre”, relata. Ha necesitado, asimismo, atención psicológica para hacer frente a esta lucha y tratamientos farmacológicos fuertes. Ante la impotencia, también sufrió intentos de suicidio.

En numerosas ocasiones, la joven ha intentado retomar su vida laboral como sastra en programas de televisión, siendo casi misión imposible. Le prescribieron bajas varias veces, pero ante las recaídas constantes y la gravedad de los síntomas le acabaron por conceder el grado de discapacidad en 2023. “A día de hoy, no soy una persona funcional. Estoy con mi familia porque no puedo realizar mi día a día de manera independiente. Ahora estoy esperando para pelear la incapacidad en un juicio”, cuenta, ya que hace un año el Instituto Nacional de la Seguridad Social le comunicó “que debía volver al trabajo”. “Me encantaría volver a trabajar en lo de antes y seguir con mi vida, sin duda. Pero hay semanas que no me puedo levantar de la cama”, asegura Cristina, que indica que los gastos por el proceso judicial se unen ahora a unos años en los que apenas ha recibido ingresos. “Sin trabajar o ayudas, si no hubiera sido por mi familia, estaría literalmente viviendo en la calle.”, ha apuntado, a la vez que pide a las instituciones «dejar de mirar para otro lado» y «dar un paso adelante» para reconocer la enfermedad.

“No puedo realizar mi día a día de manera independiente“

Rubén es otro de los afectados por covid persistente desde hace cuatro años. Cuenta que él pasó la infección con “molestias leves, casi asintomático”, pero poco después comenzó “la pesadilla”. Tuvo que abandonar su afición de caminar —10 km todos los días y hasta 20 los fines de semana— por una “fatiga totalmente incapacitante”.

“El dolor era muy fuerte por todo el cuerpo. Era como si tuviera alcohol ardiendo en las piernas”, describe, a lo que también se unió contracciones involuntarias, dolores de cabeza, visión borrosa y zumbidos en los oídos. “Los primeros años fueron durísimos. Yo llegaba a casa llorando del médico porque no me creían, me decían que era un trauma por la pandemia o ansiedad. Pero era dolor físico. Mi cuerpo era una cárcel, no me permitía hacer vida normal”, lamenta y agradece el haber tenido a su familia cerca ese entonces. “Sin ellos, no habría podido seguir. Vivir algo así en soledad es demoledor”, apunta.

Hace diez meses le prescribieron la baja por la gravedad de los síntomas, teniendo que tomar, en ocasiones, más de seis pastillas diarias. “Cuando me daba el brote de fatiga, no podía hacer nada más, mi batería era mínima”, explica. Este año le han reconocido la discapacidad en un grado del 37%, pero “no aparece que sea por covid persistente”, sino por secuelas como la fibromialgia, con más de 18 puntos de dolor. El reconocimiento, indica, te ayuda en algunos aspectos fiscales, pero “no va más allá”.

“Vivir algo así en soledad es demoledor“

Este riojano tan solo ha conseguido un leve alivio en los últimos meses debido a un nuevo tratamiento en el Hospital de San Pedro en Logroño, ya que no hay unidades especializadas de covid persistente en la comunidad. Está en pruebas y, aunque percibe nuevos síntomas, aún se investiga si se debe a la enfermedad o a efectos secundarios. “La incertidumbre nos ha llevado a muchos a ultrainformanos y estar activos en la búsqueda de tratamientos”, aunque llama a la cautela y a fijarse solo en instituciones fiables.

Por el momento, ha conseguido a dar algún paseo y presidir la ARIOCOP porque, dice, quiere que se conozca la enfermedad y tejer una red de apoyo. “Somos muchos, pero no veo campañas de concienciación o de recogida de fondos para investigación como ocurre con otras enfermedades. Me preocupa, no solo por los pacientes sino porque mucha gente aún sabe que existe o que puede padecerla. Es importante contarlo”, asegura y anima a que los afectados que lo necesiten contacten con las asociaciones de covid de su provincia o comunidad.

Al igual que Cristina y Rubén, María también tiene grabada en su cabeza cada fecha de la enfermedad, especialmente, del contagio: diciembre de 2021. En su caso, esta joven de 28 años pasó los síntomas comunes de la infección inicial (dolor de garganta o perdida de gusto y olfato) y al mes se vacunó. Poco después, comenzaron de nuevo las dolencias: vértigos, fuerte fatiga, taquicardias, disnea, “piernas moradas con solo unos minutos en pie” y hasta “el olvido de términos comunes como mesa o cuadro” y “dejar de ver objetos o percibir que se movían cuando no era así”.

A caballo entre España y Bélgica en los últimos años por temas laborales, reconoce que ha pasado el periodo de la enfermedad “en modo supervivencia, intentado descubrir qué pasaba y cómo volver a la normalidad”. “Nunca me había ocurrido algo así. No me hacían caso, algunos médicos no me creían y los que sí tampoco tenían herramientas para tratarlo”, asegura esta malagueña, por lo que dedicó “la poca energía que tenía” a leer cada nuevo avance, intentar conocer su cuerpo y a probar tratamientos desinflamatorios.

Tras unos diez meses, “mejoré, pero a nivel memoria e intelectual, perdí muchos recuerdos y capacidades del lenguaje, como si mi cerebro desconectara”, enumera. “En lo social, a medida que pasaba el tiempo he visto mucha incomprensión y a amigos que desaparecían del mapa, porque físicamente, salvo algunas cosas, parecía que estaba bien”, señala, por lo que se refugió en su padre.

Actualmente, aunque ha conseguido recuperar mayormente su vida, está en tratamiento neuropsicológico para monitorizar las secuelas. “Mi duda es si hay un daño que se puede reparar o si va a ir a más. O si el resto de síntomas reaparecerán”, se pregunta. Reconoce que está “agotada” y “frustrada” con el periplo médico y la falta de investigación, pero todavía reconoce que no pierde la esperanza de “ponerse totalmente bien”. Y, aunque confiesa que le cuesta contar su testimonio y revivir la experiencia, espera que al menos lo sufrido pueda ayudar a que “alguien se sienta menos solo o sola o incluso a que siga luchando” para salir adelante.

Perfiles más afectados y cómo funciona una Unidad Covid

En cuanto al perfil de los más afectados, la mayor incidencia —entorno a un 50%-60% de los pacientes—, cuenta Rodríguez Laredo, “siguen siendo mujeres de mediana edad”, entre los 35 y los 55 años. “Sigue siendo muy importante la vacunación para prevenir contagios, así como mantener medidas de precaución. Estamos todavía en época de alta tasa de infecciones respiratorias y no debemos olvidar la mascarilla y la ventilación”, recuerda.

En la unidad del Hospital Germans Trias en Badalona, se confirma la feminización de la enfermedad con un 70-80% de pacientes mujeres, en su caso, entre 40 y 50 años. Reconoce, no obstante, que siguen “teniendo casos de covid persistente de todo tipo”, también en hombres y personas mayores; que han habilitado una unidad para casos de niños y adolescentes; y que tienen lista de espera de pacientes. «Las reinfecciones aumentan el riesgo de tener secuelas. Aunque muchos quieran pasar página de la pandemia, no podemos olvidarnos del covid”, explica la doctora Mateu, que calcula que se han tratado unos 2000 pacientes adultos desde que se creó la unidad.

“En España, aún tenemos que justificar la enfermedad. Hay mucha gente que no se cree que estos pacientes estén realmente enfermos. Lo atribuyen a alteraciones psicológicas. Aquí también influye el hecho de que son mujeres, en muchos casos, en una edad premenopáusica, que puede llevar un estigma asociado”, cuenta. Algo que se añade a que cada vez se hacen menos pruebas de detección de covid, pudiendo quedar encubierta por otras enfermedades.

“Hay mucha gente que no se cree que estos pacientes estén realmente enfermos“

Sobre la Unidad, la doctora explica que tiene enfoque multidisplinar y cuentan con especialistas en enfermedades infecciosas, psicólogos, cardiólogos, dietistas, enfermería, etc. “En la primera visita, se valoran todas las exploraciones realizadas a lo largo y en función del estado paciente se definen los siguientes pasos para el tratamiento”, cuenta. Según un estudio interno, un 7,6% de sus pacientes vuelve a la normalidad previa a la infección covid, pero puntualiza: puede haber hay un sesgo ya que suelen tratar solo a los más graves, los más leves se derivan a atención primaria y no se contabilizan. “Recuerdo casos de pacientes, que después de dos años recuperados y con vida normal, han vuelto a tener clínica compatible con covid persistente. Les afecta mucho emocionalmente, es un calvario para ellos”, dice.

De diagnóstico a tratamientos: investigaciones en España

Ante la enfermedad, tanto las expertas consultadas como los pacientes coinciden: se necesita voluntad institucional y más investigación. Sobre la primera, cuando hecha la vista atrás, Pilar Rodríguez Laredo recuerda que se han dado muchos pasos importantes: desde la definición de la covid persistente, hasta la creación de una guía de la enfermedad o el traslado de la lucha este mismo noviembre al Congreso con una Proposición No de Ley (PNL). “Hubo el compromiso de todos los partidos políticos a intentar mejorar esta situación y abordarla de un modo determinado”, cuenta sobre la medida que, aunque no obliga al Gobierno, si permite, por ejemplo, la creación de grupos de trabajo al respecto.

No obstante, si hace el ejercicio al contrario y mira al futuro, ve necesario que “las buenas voluntades se transformen en hechos” y mejorar la “salud laboral”. “Habrá que intentar, cuando sea posible, hacer adaptaciones de puestos de trabajo, y cuando no lo sea, ayudarles a buscar alternativas o en el caso de ser necesario, la incapacidad”, propone, tras mencionar que el “el 15% de los afectados no pueden continuar con su trabajo como lo hacía antes” y el “10% lo ha perdido por esta causa”.

En cuanto a la segunda, la investigación, cuenta que desde la Red Española de Investigación en covid persistente y con la financiación del Instituto Carlos III, se está trabajando en la mejora del diagnóstico. Se busca, continúa, que través de una definición probabilística se llegue a determinar las posibilidades de padecer la enfermedad en función de los síntomas o situación del paciente, pero “aún hacen falta mucho más”. Otros de los centros que llevan a cabo estudios son los sanitarios. Este es el caso, por ejemplo, de los hospitales Infanta Leonor y 12 de Octubre, junto con la Universidad Rey Juan Carlos, en Madrid que investigan la patogenia y posibles vías de tratamiento para pacientes; o del Hospital Clínico San Carlos que ha establecido una relación directa entre las alteraciones cognitivas, cerebrales e inmunológicas en pacientes y el aumento del volumen del plexo coroideo.

Lourdes Mateu, por su parte, apuesta por la investigación en tres ejes: caracterizar bien la enfermedad para saber quién puede padecerla; la fisiopatología para saber qué está pasando; y la tercera, los tratamientos haciendo ensayos clínicos». “En nuestra Unidad estamos muy centrados en esta última. Hace pocas semanas, de hecho, hemos publicado el primer ensayo que se ha hecho con plasmaféresis y hemos visto que no era eficaz. Así que ahora estamos haciendo un ensayo con otro antiviral”, explica.

Para la ministra de Ciencia, Diana Morant, el avance en la producción científica durante la pandemia fue uno de los grandes logros. «Tenemos grandísimos científicos y sabemos que existe el COVID persistente, por lo que hay líneas de investigación que siguen vivas y debemos seguir trabajando en esta dolencia nueva”, explicaba este martes a RNE. Morant ha añadido que la participación en proyectos europeos ha fortalecido esta capacidad, lo que augura que «una empresa española tendrá capacidad de producción y fabricación de la vacuna si volvemos a enfrentarnos a algo así».

Mientras continúan los esfuerzos, la vida de los pacientes sigue en pausa. “Solo queremos respuestas y la compresión de que para nosotros el covid no ha pasado”, es una proclama unánime de los afectados.

Una generación diezmada

La consecuencia más evidente del impacto de la pandemia en España es que toda una generación, la de la posguerra civil, fue diezmada por el SARS-CoV-2, un virus cuya letalidad aumentaba cuanto mayor era el paciente y más dolencias asociadas presentaba a la hora de enfrentarse a la infección. Con los datos de mortalidad ya revisados, el 95,5% de los fallecidos por covid en España entre 2020, cuando se desató la pandemia, y 2023, cuando se dio por finalizada la emergencia sanitaria, tenían más de 60 años, esto es, 147.632 muertes de un total de 154.490 en el país.

Si el umbral de edad se coloca un poco más alto, a partir de los 70 años, la proporción sigue siendo elevadísima, casi el 87% del total. Pese a las dificultades de todo tipo que la enfermedad impuso a toda la población, quienes estuvieron -y todavía están- en verdadero riesgo por el contagio fueron sobre todo los más mayores, entre ellos los últimos testigos de la Guerra Civil y de las primera décadas del franquismo. Una pérdida irreparable para las familias, pero también para la sociedad en su conjunto.

La trampa de las residencias

Ese riesgo mortal para los ancianos fue especialmente evidente en las residencias de la tercera edad, donde se estima que fallecieron 34.683 personas, incluyendo en ese cálculo 10.546 a las que no se les practicó la prueba, aunque tenían síntomas compatibles con la enfermedad, casi todos en la primera ola de la pandemia. En total, son más del 23% de todos los fallecidos en España, aunque algunos estudios apuntan que en la primera oleada -entre marzo y junio de 2020-, cuando la recolección de los datos era más compleja, las muertes en las residencias supusieron entre el 40% y el 80% del total, según las comunidades autónomas.

Evaristo Barrera, catedrático de Trabajo Social y Servicios Sociales en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, es autor de uno de esos estudios y asegura que desde el primer momento se advertía que la situación era «una catástrofe». Las conclusiones de su equipo, publicadas ya en 2021, apuntaban que la letalidad fue mayor en las regiones con más residencias privadas y, sobre todo, en los centros más grandes, con más de cien internos, en los que era mucho más difícil contener y gestionar los contagios. «No se ha aprendido, no ha habido una corrección del sistema», se lamenta ahora, temiendo que se pueda repetir: «Sabemos que las macrorresidencias están muy expuestas y, además, la inversión sanitaria está en retroceso, así que cuando vuelva otra epidemia, ¿qué hospitales, qué servicios de urgencia, que atención primaria va a frenar la enfermedad?».

El triunfo de las vacunas

En el otro lado de la balanza sanitaria se encuentran las vacunas, que salieron muy respaldadas: la inmunización contra la covid-19 se empezó a inocular a los ciudadanos europeos a finales de 2020, apenas un año después de los primeros casos en China, y fue fundamental para dejar atrás la pandemia. «La vacuna contra la covid fue el gran éxito colectivo de la pandemia, y así se percibió», refrenda Daniel La Parra, catedrático de Sociología de la Salud en la Universidad de Alicante, que recalca que «tuvo un impacto, en general, positivo en el discurso sobre las vacunas, aunque también se utilizara como altavoz por parte del movimiento antivacunas».

Este experto se dice convencido de que ese éxito, junto con el buen funcionamiento del sistema en España –nueve de cada diez ciudadanos mayores de cinco años fueron vacunados contra la covid-19, una de las tasas más altas del mundo-, ha impulsado también a las vacunas estacionales. Así, a pesar de que España es un país con unas tasas de inmunización muy elevadas, desde la crisis sanitaria se ha incrementado la cobertura de vacunas como la de la gripe o la segunda dosis de la varicela, que hasta 2019 no alcanzaba el 50% y ahora supera el 90%.

Una relación diferente con la sanidad

Ese impulso a las vacunas forma parte de una nueva relación del ciudadano con la sanidad, a raíz de una mayor concienciación sobre la importancia de la salud. Inés Calzada, socióloga de la Universidad Complutense de Madrid especializada en Estado del Bienestar, señala, desde una perspectiva amplia, que la pandemia fue un aldabonazo sobre la «necesidad del Estado: la gente entendió de una manera muy directa por qué esa institución te puede proteger». Daniel La Parra coincide en que «la salud pasó a estar tan en el centro de todo que, en una sociedad puramente capitalista, logró parar la actividad económica» y apunta que «probablemente, ha habido un aumento de la demanda» de servicios sanitarios.

Un efecto muy evidente de ese cambio en la relación con la sanidad es el auge de la teleasistencia: según el último barómetro sanitario del CIS, el 56% de los pacientes de la sanidad pública han tenido una cita médica por teléfono. «Eso, claramente, lo ha impulsado la pandemia, porque antes tenía muy poca aceptación, profesional y ciudadana. Se convirtió en necesidad y se descubrió que puede ser práctico para algunas cosas», explica La Parra. Calzada abunda que la cita telefónica supone una primera toma de contacto entre médico y paciente que es positiva, porque permite «ahorrar tiempo en un sistema estresado, con mucha carencia de personal».

La salud mental, en primer plano

La pandemia también contribuyó a visibilizar otros problemas de salud y, en concreto, la salud mental. El CIS inició en octubre de 2020 una serie de estudios sobre el impacto de la covid-19 en la salud mental de los ciudadanos y, en ese primer informe, apenas un 8,6% de los encuestados decía haber recurrido a ayuda profesional debido a su estado de ánimo o situación emocional durante el año anterior a la pandemia. En 2024, esa pregunta se ha incorporado al barómetro sanitario y un 18,2% de la población dice haber recurrido a un profesional sanitario por salud mental.

Lo cierto es que la propia pandemia tuvo un efecto directo sobre la salud mental, ya que, como señala Daniel La Parra, el confinamiento impidió mantener con normalidad las relaciones familiares y laborales, mientras que las restricciones posteriores modificaron las pautas de comportamiento introduciendo un apreciable estrés social: «Para la salud mental fue terrible». Pero más allá de ese efecto, «la pandemia hizo que la gente se sintiera más legitimada para decir que se encuentra fatal y que necesita ayuda», afirma Inés Calzada, que opina que la crisis sanitaria «legitimó la salud mental como parte de la salud: igual que si te duele mucho el estómago vas al médico, si tienes mucha ansiedad, mucho miedo, y te están pasando cosas anímicamente, tienes derecho a ir al médico».

El parón en la educación

El confinamiento tuvo también un impacto directo en el rendimiento de los estudiantes, al obligar a cerrar colegios e institutos durante casi medio curso, sustituyendo sobre la marcha la educación presencial por la telemática. Así lo reflejó dos años después el informe PISA, que hablaba de una «caída sin precedentes» del rendimiento académico en todos los países de la OCDE tras la crisis sanitaria, si bien indicaba que eran necesarios más estudios para aislar el efecto de la pandemia de otros factores que habían contribuido al declive.

El informe subrayaba que, como en otros ámbitos, la pandemia había acelerado una tendencia previa, aunque el descenso del rendimiento había sido evidente en lectura y matemáticas. En esta última competencia, por ejemplo, la nota de los alumnos españoles cayó siete puntos hasta su peor resultado histórico, aunque el hundimiento generalizado hizo que España quedara por encima de la media de los países desarrollados, mientras que en lectura quedó por debajo tras una nueva caída y en ciencia la nota se mantuvo estable. En cualquier caso, está por ver si los efectos de aquel parón fueron temporales o suponen un lastre a lo largo del tiempo.

El teletrabajo se consolida, aunque sea minoritario

Quizá uno de los cambios más evidentes y duraderos de la crisis sanitaria sea el impulso al teletrabajo, dentro de una tendencia generalizada a la digitalización de numerosas actividades. En España, según los datos de la Encuesta de Población Activa, hasta 2019 apenas teletrabajaba algo más de un 8% de la fuerza laboral, poco más de un millón y medio de personas, de las que casi 700.000 solo lo hacían ocasionalmente.

Ahora esa proporción se ha duplicado, con un 14,6% de trabajadores que realizan su actividad a distancia, lo que supone 3,2 millones de personas, de las que más de la mitad, por encima de 1,6 millones, teletrabajan más de la mitad de los días. Es todavía una cifra modesta, pero la tendencia es creciente, lo que llevó al Gobierno a regularlo en 2021, con una nueva ley de trabajo a distancia.

Un frenazo en los viajes

La pandemia tuvo un efecto inmediato en una de las actividades sociales esenciales en el siglo XXI, el turismo, a raíz de los confinamientos iniciales y las restricciones posteriores. En España, a pesar de que se baten récords de visitantes extranjeros -94 millones en 2024-, la población viaja menos que antes de la crisis sanitaria: según la Encuesta de Turismo de Residentes (Familitur), que elabora el INE, se hacen menos viajes de fin de semana y de puente, y más o menos los mismos en Semana Santa y verano. Los últimos datos disponibles sugieren que esa tendencia se mantiene: hasta el tercer trimestre de 2024, se realizaron 58,4 millones de viajes de fin semana, diez millones menos que en los nueve primeros meses de 2019.

Al mismo tiempo, la forma de viajar ha cambiado, como señala Raquel Huete, catedrática de Sociología e investigadora del Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas de la Universidad de Alicante: «El fenómeno de los nómadas digitales se ha acelerado muchísimo, también la combinación de ocio y trabajo, como cuando alguien prolonga una estancia unos días después de un congreso. Y el alojamiento en vivienda privada, los pisos turísticos, se han superacelerado, al ofrecer tras la pandemia un aislamiento y una relajación que no ofrecían los hoteles, además de ser más económico». Huete recalca, además, que el turismo se ha convertido en un bien de consumo primario para los ciudadanos: «Encerrarnos puso en valor la movilidad».

La recuperación de las relaciones sociales y del ocio

De la misma forma que con los viajes, los datos sugieren que la población está tardando en recuperar actividades sociales y de ocio que antes realizaba con más frecuencia. Así lo refleja un módulo específico sobre este asunto que el INE incluyó en la Encuesta de Condiciones de Vida en 2015 y en 2022, lo que permite comparar ambos momentos, uno previo y otro posterior -aunque aún con algunas restricciones- a la pandemia. Respecto a las relaciones sociales, por ejemplo, se advierte que las reuniones y contactos con familiares y amigos se han espaciado: ha bajado el porcentaje de encuestados que decía verse con ellos diaria o semanalmente, mientras aumenta la que dice reunirse o contactar mensual y anualmente.

Esa menor frecuencia se aprecia también en actividades como asistir a eventos deportivos o acudir a espectáculos en directo: la proporción de personas que dicen hacerlo es similar antes y después de la pandemia, pero bajan quienes lo hacen más de tres veces en los últimos doce meses y aumentan quienes lo han hecho menos de tres veces. «Hay pequeñas cosas que se han quedado», concede José Rubén Pérez, sociólogo de la Universidad Rey Juan Carlos también especialista en turismo, que señala que «el ocio es ya muy poliédrico, se ha digitalizado y se ramifica en el descanso, en actividades recreativas… no solo en el consumo». Una tendencia evidente en el descenso de la asistencia a los cines, ya que cada vez más gente prefiere ver las películas en casa, a través de plataformas digitales. Otro cambio que aceleró la pandemia y que el tiempo dirá si se convierte en permanente.

‘7.291’: Hora, canales y dónde ver el estreno del documental

El estreno del documental ‘7.291’ en televisión podrá verse el jueves 13 de marzo a partir de las 23.10 horas en La 2 y en el Canal 24 horas, así como en streaming a través de la plataforma de RTVE Play. En el Canal 24 horas, además, el documental vendrá precedido por un programa especial presentado por Xabier Fortes, que arranca a las 21.55 horas.

Defiende que su Gobierno adoptó medidas «equilibradas»

A lo largo de la emisión, la presidenta ha ensalzado las medidas «equilibradas» y «sensatas» que adoptó su Gobierno, pese al «rechazo frontal» del Ejecutivo de Pedro Sánchez, y ha defendido acciones como la construcción del Hospital Isabel Zendal en 100 días, la aplicación del Plan Vigía para analizar las aguas residuales a través del Canal de Isabel II y el traslado de «11.200 residentes a hospitales».

En este punto, Ayuso también ha comparado su gestión con las de otras administraciones, a quienes ha señalado por apostar por cierres prolongados «sin basarse en nada», algo que «hubiera supuesto la ruina de Madrid y, por tanto, de España entera».

«Gracias a nuestras medidas quirúrgicas, en cuanto la Comunidad de Madrid gestionó en solitario la pandemia a partir de la segunda ola, el virus descendió drásticamente», ha agregado Ayuso, quien ha concluido su mensaje televisado exigiendo «responsabilidad, sensatez y respeto por la verdad y por los que murieron».

López le pide que «asuma la responsabilidad por el protocolo de la vergüenza»

Horas antes de la declaración de Ayuso, el Ejecutivo madrileño también ha emitido un comunicado en el que afirma que «el Gobierno central y la izquierda están empeñados» en «utilizar el dolor para sus intereses políticos» y señala la existencia de «documentales engañosos» centrados exclusivamente en la gestión de la Comunidad de Madrid, en referencia a 7.291, dirigido por Juanjo Castro y que se podrá ver en La 2 y en el Canal 24 horas de RTVE el 13 de marzo.

Este documental y varias asociaciones de víctimas como Marea de Residencias, Verdad y Justicia o la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias, cifran en 7.291 los fallecidos con coronavirus en las residencias madrileñas. El Gobierno de Ayuso, sin embargo, reduce ahora a 4.100 el número de personas fallecidas en residencias y asegura que la cifra de 7.291 «fue un invento» del entonces consejero de Políticas Sociales, de Ciudadanos, Alberto Reyero».

En el comunicado del Gobierno regional, aseguran que Reyero, «tuvo que ser apartado de sus responsabilidades por ineficaz». «La falsedad nació de él. Nunca hubo protocolos firmados por políticos. Ni discriminación», arremeten.

El exconsejero ha manifestado este miércoles que «no hay ningún invento de ningún número» sobre los muertos en residencias, ya que los datos que se publicaron «son los que nosotros trasladábamos diariamente a la Consejería de Sanidad, en los que indicábamos los fallecidos que había en cada una de las residencias». Esta información era, además, enviada al Ministerio de Sanidad y «periódicamente» a la Fiscalía.

Los datos oficiales del Imserso elevan la cifra a un total de 6.937 fallecidos en la Comunidad de Madrid.

«Esa cifra le saca de quicio, se llama mala conciencia»

Tras la reacción del Gobierno de la Comunidad de Madrid, el ministro Óscar López ha calificado de «soberbias» y «altaneras» las palabras de Ayuso, a la que ha acusado de tener una «falta absoluta de empatía» con las víctimas. «Esa cifra le saca de quicio, se llama mala conciencia», ha declarado a los medios de comunicación el también secretario del PSOE de la capital, antes de la entrega de los Premios Igualdad Ana Tutor.

López, que también se ha referido a los datos del documental, ha exigido a la presidenta madrileña que «asuma la responsabilidad por el protocolo de la vergüenza«, haciendo referencia a la política de traslados hospitalarios desde las residencias. «Los residentes de centros privados fueron derivados a su hospital privado. No es el caso de los públicos, porque existía el protocolo», ha argumentado.

«La mala conciencia le persigue y lo va a hacer hasta el final», ha continuado el también líder del PSOE de Madrid, quien ha acusado a Ayuso de «negar» los testimonios de las familias de los afectados y de «insultar» a la memoria de las víctimas.

Por su parte, la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha opinado que Ayuso trata de «desviar la atención de los protocolos de la vergüenza» con «mentiras y excusas sobre la gestión de la pandemia». «Pero le ha salido el tiro por la culata. Por mucho que mienta no podrá negar la realidad», ha agregado la ministra, que ha pedido «que, al menos, deje de faltar el respeto a las víctimas y a las familias».

La ministra ha preguntado a la presidenta de la Comunidad de Madrid en un vídeo remitido a los medios de comunicación si «volvería a firmar los protocolos de la vergüenza» y si cree que «lo hizo todo bien». La ha acusado de mentir al afirmar el Ejecutivo regional que no fallecieron 7.291 en las residencias en la primera ola del Covid-19