El 23 de enero de 2020, ante el creciente número de contagios de un virus desconocido entonces, la ciudad china de Wuhan entró en un estricto confinamiento de 76 días en lo que sería la primera muestra de la draconiana política ‘COVID cero’ de China y un presagio del colapso global que estaba por llegar.
Cinco años después, los animados distritos comerciales de la ciudad y su congestionado tráfico queda lejos de las desiertas calles y las abarrotadas salas de emergencia en los hospitales que caracterizaron el primer confinamiento del mundo por la COVID-19.
El hospital Huoshenshan, construido en pocos días ante la propagación del coronavirus a principios de 2020 y que se celebró como un símbolo de la lucha de China contra el virus, ahora es un edificio abandonado, escondido detrás de unos muros de reciente construcción, desvanecido -como casi todas las huellas de la pandemia en la ciudad-.
La vida ya ha vuelto a la normalidad en Wuhan, una ciudad con más de 11 millones de personas, que estos días se prepara para la llegada del Año Nuevo lunar y cuyas calles lucen adornos para acoger a cientos de turistas.
Wuhán, tres años después del comienzo de la pandemia
Condenados por informar
El brote de Wuhan marcó la pauta para la posterior política china de ‘COVID cero’, basada en encierros selectivos, test masivos y el cierre parcial de las fronteras.
Además, Pekín apeló al patriotismo relacionando los brotes con alimentos congelados importados y defendiendo que su estrategia salvaba vidas en contraste con el «caos» de Occidente.
El oftalmólogo Li Wenliang fue reprendido por advertir sobre la enfermedad en sus principios, y la periodista Zhang Zhan, encarcelada cuatro años por informar sobre las detenciones de reporteros independientes en Wuhan y el acoso a familiares de víctimas del coronavirus en los primeros días de la pandemia. Detenida de nuevo en septiembre porque «se negó a ser silenciada», hasta el momento se desconocen su paradero o de qué se le acusa.
El cineasta Chen Pinlin también ha sido recientemente condenado a tres años y medio de prisión por un documental sobre las protestas de finales de 2022 que pidieron el final de la política de ‘COVID cero’.
Pekín reaccionó con detenciones y despliegue policial para evitar proclamas contra las autoridades, incluyendo al presidente Xi Jinping, después de tres años de férrea política que daba síntomas de agotamiento entre la población.
Aunque fue eliminada, la política ‘COVID cero’ golpeó la economía, con una galopante crisis inmobiliaria y un desplome de confianza de los consumidores y del sector privado que Pekín trata ahora de solventar apelando al crecimiento de «alta calidad».
El Gobierno ha acordado prorrogar a 2025 y 2026 la moratoria contable establecida para evitar que las empresas tuvieran que disolverse a causa de las pérdidas generadas en los ejercicios de 2020 y 2021 por la pandemia del coronavirus. Además, ha extendido la medida a las compañías afectadas por la dana del pasado mes de octubre en Valencia.
De esta forma, las pérdidas de 2020 y 2021 provocadas por el coronavirus y las generadas a causa de la dana en 2024 no se tomarán en consideración para determinar la concurrencia o no de la causa legal de disolución hasta el cierre del año 2026.
Más margen a empresas para recuperarse del daño económico
La medida da más margen para que las empresas puedan recuperarse del daño ocasionado por acontecimientos naturales. Está incluida en el real decreto ley de medidas urgentes en materia económica aprobado en el Consejo de Ministros y publicado en el Boletín Oficial del Estado esta semana. Concretamente hace alusión a este aspecto el artículo 5 de dicho texto.
La moratoria ha evitado que muchas empresas se vieran abocadas a laliquidación al ver reducido su patrimonio neto, ya que una de las causas de disolución de una sociedad consiste en la existencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, siempre que no proceda solicitar la declaración de concurso.
La norma aprobada esta semana reconoce que «se impone arbitrar un mecanismo que permita que las pérdidas puedan ser absorbidas con la continuidad de la empresa en un plazo razonable, permitiendo que esta pueda sobreponerse y continuar su actividad», dado que las pérdidas no se deben al funcionamiento normal de la empresa.
La mitad de los científicos (el 51,05%) ha sufrido ataques tras expresar sus opiniones y exponer sus argumentaciones en los medios de comunicación durante los últimos años, unos ataques que aumentaron cuando disertaron sobre asuntos como el cambio climático o la COVID-19 y que fueron mayores entre las mujeres.
La red social X es el escenario más habitual en el que se sustancian esos ataques (el 59,86%), aunque son muy frecuentes también los comentarios de los usuarios en los propios medios de comunicación digitales (21,13%) o los señalamientos en persona, tanto en público (un 11,97) como en privado (un 7,39).
El trabajo recoge los datos de una encuesta pionera en España que analiza las experiencias relacionadas con la exposición mediática que tienen los científicos tras comunicar sobre ciencia en España en los últimos cinco años, la percepción que tienen los investigadores sobre los beneficios u obstáculos que les reporta esa participación y las consecuencias personales y profesionales de las experiencias negativas.
Los datos de la encuesta se han conocido semanas después de que casi un millar de organizaciones se hayan adherido a una carta de apoyo al investigador y divulgador Fernando Valladares, un activo comunicador de las amenazas del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, ante el creciente acoso, muestras de odio y amenazas que ha sufrido, y que aumentaron de forma considerable tras las devastadoras inundaciones del pasado 29 de octubre.
Abandonar la divulgación y el contacto con los medios
La investigadora Maider Eizmendi Iraola, del grupo Gureiker, de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y directora científica de la encuesta, ha asegurado que el trabajo es pionero en España y que sus resultados están en consonancia con estudios similares que se han publicado en las revistas Science y Nature.
En un encuentro con los medios de comunicación para exponer los resultados, Eizmendi ha puesto el foco en un dato: el 16,5% de los investigadores que ha tenido experiencias negativas opta por abandonar las labores de divulgación y por dejar de hablar con los medios de comunicación.
El trabajo corrobora además la trascendencia que tiene para la ciudadanía recibir información honesta y bien contrastada sobre ciencia para contrarrestar los bulos y la desinformación, y la importancia que tiene para los periodistas contar con fuentes fiables y adecuadas.
El 83,12% de los investigadores que respondieron a la encuesta (un total de 237; el 17% de los que fueron contactados) tiene una percepción positiva sobre su participación en los medios. Valoran sobre todo la posibilidad que tiene de hacer llegar su mensaje y la visibilidad que se da a sus investigaciones y citan, como principal obstáculo para hacerlo, el miedo a que se tergiversen sus opiniones o la falta de tiempo.
Una realidad más «hostil» para las mujeres
Los ataques más prevalentes son los insultos (un 30,38%), los comentarios sobre la capacidad profesional (28,69) o sobre la integridad profesional (17,72%).
La realidad «hostil» que dibujan los investigadores es que el 51,05% ha sufrido algún tipo de ataque tras hablar de ciencia en los medios, pero ese porcentaje es diez puntos superior en el caso de las mujeres (el 56,86) que en el de los hombres (46,21).
Los ataques suelen consistir en la mayoría de los casos en insultos; en un cuestionamiento de la capacidad profesional; ataques a la integridad profesional; por origen, etnia, ideología, religión o creencias; en un contacto intenso y repetitivo; o por el aspecto físico; y en menor medida los investigadores han sufrido la publicación de datos personales; ataques por su orientación sexual o género; amenazas de violencia física o sexual; y hasta amenazas de muerte.
Las asociaciones de la Marea de Residencias han vuelto a salir a la calle en una nueva manifestación este sábado para reclamar «justicia para los 7.291 residentes que murieron abandonados sin asistencia sanitaria» durante la primera ola de la pandemia de coronavirus en la Comunidad de Madrid.
Unas 2.500 personas han marchado desde Cibeles, según la Delegación del Gobierno, hacia la Puerta del Sol donde las asociaciones han hecho un homenaje simbólico a las víctimas con claveles y guardado un minuto de silencio, además de agradecer a todos los colectivos que les apoyan, que «son muchísimos», según la portavoz de la Marea, Carmen López. «Hay que cambiar la situación, reconocer los errores, buscar los responsables y que pidan perdón«, ha exigido.
Durante el recorrido se han escuchado proclamas como «No son muertes, son asesinatos»; como «Ayuso, escucha, seguimos en la lucha», «Residencias públicas y de calidad»; «No vamos a parar, estamos exigiendo justicia y verdad»; o «Nada para la privada». En el centro de la marcha varios asistentes han sostenido una pancarta donde se podía leer ‘7.291, no se iban a morir igual’.
Se estima que 7.291 mayores perdieron la vida en las residencias de la región por el llamado ‘Protocolo de la Vergüenza’, una decisión del Gobierno regional en la primera ola de pandemia que impedía derivar a los ancianos más dependientes a los hospitales, a cambio de medicalizar las residencias, lo que, sin embargo, no se hizo.
«Nuestras querellas siguen vivas, unas 100 aproximadamente siguen en juzgados de instrucción y hay unas 75 en recurso de amparo en el Tribunal Constitucional. También hemos enviado una denuncia a la Fiscalía para que actúe de oficio, con más de con 109 denunciantes y 115 víctimas fallecidas», ha explicado López.
‘7291’, un documental sobre los fallecidos por la COVID-19 en las residencias de mayores de Madrid
Elena Valero, integrante de la Marea de Residencias, perdió a su padre durante 2020 en lo que califica como «el abandono más absoluto, en la indignidad, faltándole a todos sus derechos humanos». En este sentido, Valero ha pedido que se reconozca que a los fallecidos «les abandonaron y les dejaron en la más absoluta soledad, muriéndose de dolor y ahogándose».
Desde su perspectiva de víctima, Valero cree que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, «tiene, junto a su Gobierno, una gran responsabilidad». «Queremos que esto no se vuelva a arrepentir», ha sentenciado.
Manifestantes, convocados por Marea de Residencias, depositan claveles ante a la sede de la Comunidad de Madrid EFE/ Fernando Villar
Más Madrid y PSOE exigen responsabilidades
La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha mostrado su respaldo a las familias de las víctimas. «Hoy hemos venido desde Más Madrid para apoyar esta causa por la verdad, la justicia y la reparación de todas las personas mayores que murieron durante la pandemia por los protocolos de la vergüenza de la señora Ayuso», ha afirmado.
Bergerot ha criticado la actitud de la presidenta de la Comunidad de Madrid hacia las víctimas y sus familias. «Frente a ese desprecio que muestra Ayuso por las víctimas, que lo hemos visto este jueves de cómo se encaraba a los familiares, van a contar siempre con Más Madrid para que esto no quede en la impunidad», ha declarado.
Por su parte, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha reclamado a la presidenta de la Comunidad que pida perdón. «Creo que las familias se merecen el perdón de la responsable de esas muertes«, ha señalado, calificando de «lamentable» que la líder regional sugiriera este jueves que estas familias están respaldadas por intereses económicos.
Maroto ha insistido en que reconocer los errores es fundamental para evitar que tragedias como la vivida se repitan. «Cuando uno se equivoca, lo primero que debe hacer es pedir perdón, asumir responsabilidades y trabajar para que no vuelva a suceder», ha subrayado.
Dicen que las casas guardan las historias de sus inquilinos y que, cuando nos vamos, siempre queda algo de nosotros en ellas. Los hoteles no son una excepción y el hotel Ilunion Alcora de Sevilla, del grupo social ONCE, guarda muchas historias entre sus paredes. «Tenemos un propósito», cuenta a RTVE.es Manuel Jiménez, director del hotel, «hacer de este un mundo mejor, con todos incluidos». Inaugurado en 1991, un año antes de la Exposición Universal de Sevilla, desde 2019 este hotel ha sido hospital de campaña durante la COVID-19 y casa de acogida para los refugiados ucranianos y subsaharianos, que se han alojado en sus instalaciones.
Fachada del hotel Ilunion Alcora de Sevilla.
Un hospital de campaña
«En marzo del 20 surge la pandemia del coronavirus y rápidamente pensamos cómo podríamos ayudar», declara Jiménez. «Es así como cedimos varios hoteles a la administración para su uso como hospital, siendo el Alcora el primero de toda España en ser medicalizado«. De esta forma, entre el 27 de marzo y el 1 de mayo de 2020, 89 ancianos que habían contraído la enfermedad fueron atendidos en sus instalaciones. «Es un hotel muy grande, 35.000 metros cuadrados, lo que le daba cierto valor porque permitía diferenciar zonas y poder construir toda la infraestructura hospitalaria», agrega.
Miembros del SAMU que estuvo en el operativo del Alcora
«Fue muy sorprendente y enriquecedor ver cómo los equipos sanitarios del SAMU (Servicios de Asistencia Médica de Urgencias) hicieron un trabajo brillante y cómo en tiempo récord construyeron la estructura necesaria para atender a los enfermos», continúa Jiménez, «Además, consiguieron hitos sanitarios importantes, como lograr que ninguno de los más de cien integrantes del SAMU que trabajaron en el hospital se contagiara«.
Marcos Saa lleva 10 años trabajando en el hotel y a día de hoy es su jefe de mantenimiento. Él se encarga de que todo funcione correctamente cuando el huésped llega a su habitación. Durante la época en la que el hotel se transformó en un hospital, fue de los pocos trabajadores que continuó prestando servicio, apoyando al SAMU en su labor. «Al principio ayudé con las instalaciones y luego tuve que darles soporte para lo que necesitasen junto a otro compañero, con quien cubríamos las 24 horas», cuenta a RTVE.es.
«Fue un momento penoso de vivir, pero al mismo tiempo también fue bonito dentro de lo que cabe», comparte Saa: «Vi cómo se trataba a esas personas mayores, lo mal que entraban en camilla y luego cuando los veías en las zonas comunes del hotel, sentados, ya charlando, era gratificante». Emocionado, nos cuenta cómo «Hubo muchas altas, gracias a Dios. Les veías con otro semblante, con la alegría de irse y nosotros de verlos irse«. Saa también fue testigo de la primera alta del Alcora. Un alta inmortalizada entre aplausos y vítores. «Íbamos todos a una con el SAMU, veíamos cómo ellos estaban día y noche, sin dormir», recuerda.
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La mayor parte de los empleados tuvieron que verlo todo desde casa, enfrentándose luego al impacto de volver al edificio. Carmen Ramos lleva trabajando en el Alcora desde 1993. Ahora, es la gobernanta, la responsable de hacer que el hotel sea lo más confortable posible para los huéspedes. «Tuvo que ser una etapa muy dura para los compañeros que siguieron en el hotel», cuenta a RTVE.es. «El primer día de reincorporarme al trabajo fue duro, fue triste. Llegas a un hotel que ha estado medicalizado, donde todo es diferente a cuando te fuiste«.
«Suelo recordarlo y hablar de esa etapa», comparte Saa. «Me dejó marcado el ver a tantos abuelos en tan malas condiciones allí en sus camas. Recuerdo el día en que era la Feria de Abril y le montamos una caseta en la zona noble del hotel para que los abuelos se pudiesen comer su pescaito frito. Fue muy bonito, pero te marca. A mí me ha marcado», concluye.
«El poder vivir la transformación del hotel en hospital en primera línea te daba cierta tranquilidad, porque veías que se hacía un buen trabajo. Veía más nerviosa a la gente que estaba en su casa encerrada viendo las noticias, sin poder ver realmente lo que estaba pasando», añade Jiménez. «A mí el poder verlo y tocarlo me aportó cierta tranquilidad, dentro de las circunstancias».
Desde casa, las familias de los trabajadores tuvieron que hacer frente no solo a la incertidumbre provocada por la pandemia, sino también al ERTE que sufrió la plantilla: «Económicamente, afectó mucho a las familias, algunas no tenían ni para comer. Por parte del hotel se creó una especie de banco de alimentos y pude, junto a la subdirectora, llevar comida a las familias de los trabajadores», cuenta Ramos.
Un refugio de la guerra
Una labor social, la del hotel, que también se vio después del estallido de la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022. Durante más de un año, el hotel acogió a cerca de un centenar de refugiados ucranianos que huyeron del conflicto. «Hemos colaborado fundamentalmente con CEAR en la crisis de Ucrania y luego también una pequeña colaboración con la crisis de los subsaharianos», cuenta Jiménez. «Algunos fueron rotando, pero calculo que al final habrán sido 60 o 70 familias las que habrán pasado por nuestras instalaciones«.
Refugiadas ucranianas junto a trabajadores del hotel. Ilunion Hotels
Una labor del hotel que no solo fue de acogida, sino también laboral, pasando algunos de estos refugiados a formar parte de la plantilla del hotel: «Pudimos ofrecer oportunidades de trabajo a algunas personas en este y en otros hoteles de la compañía. De hecho, algunos de ellos siguen todavía trabajando con nosotros».
«Llegué a trabajar con una de ellas como camarera de piso y la verdad es que congenió muy bien«, indica Ramos, quien, como gobernanta, llegó a tener bajo su cargo a una de las ucranianas que residían en el hotel. «Lo que pasa es que llegó su alegría. Se pudo ir fuera de España con su familia, pero mientras trabajó a gusto en el hotel. Luego incluso nos recomendó para que vinieran a trabajar con nosotros».
María José Ángeles es camarera en la zona de restauración del hotel desde hace cerca de dos años, un puesto en el que ha podido tratar de primera mano con los refugiados: «El marido de la camarera de piso ucraniana estuvo con nosotros en el office, era divertidísimo trabajar con él porque nos comunicábamos como buenamente podíamos, pero era muy trabajador», cuenta riendo a RTVE.es. «Fue una experiencia muy bonita y bastante agradecida».
Un trabajo en equipo para el que la barrera del idioma tuvo que salvarse con paciencia y esfuerzo. «Al principio era el traductor», recuerda Ramos. «Luego fuimos intentando aprender un poco de ellos y ellos de nosotros. Cuando hay empeño, se puede». Un empeño que para Ángeles hicieron ambas partes: «Ellos decían que su vida estaba ya aquí, que querían quedarse y era aprender el idioma para incorporarse al mundo laboral. Les gustaba estar aquí y al final muchas familias acabaron hablando frases cortas en español con nosotros».
Niñas ucranianas en el Hotel Alcora Ilunion Hotels
«No se me olvidará nunca», recuerda Ramos, «cuando vino la primera familia y Manuel los recibió, el chico que venía con ellos lo primero que hizo fue abrazarlo; o también un cumpleaños que tuvimos de una chica, que no venía con sus padres, sino que venía con sus tíos, y todos los compañeros le hicimos una fiesta de cumpleaños en el hotel. Fue emotivo y duro, porque son personas que vienen huyendo y todo lo que se les pudiera dar, era poco«.
Un conflicto que estaban lejos de haber dejado atrás, en su país, si no que parecía perseguirlos. «Cuando llegaron los primeros grupos de ucranianos tenían una cara como de contradicción, estaban tristes por saber lo que dejaban, pero a la vez venían también con una cara de alegría, de agradecimiento. Venían y decían ‘gracias por acogernos aquí’ y al final nos convertimos en su familia, era una convivencia diaria de desayuno, comida y cena», recuerda Ángeles.
«A veces nos encontramos con alguno en el supermercado o en cualquier otro sitio y es muy gratificante», cuenta Jiménez. «Cualquier persona que se pueda poner en su situación de tener que salir corriendo de tu casa, de abandonar toda tu vida y verte desplazado en otro país, un sitio que es para ti completamente desconocido, pues imaginaros la carga de emociones que puede llevar una situación de este tipo», añade.
«Eran como nuestra familia» recuerda Ángeles. «Conocíamos a los niños, jugaban con nosotros, nos buscaban, algunas veces les traíamos chuches y cosas así». Le preguntamos cuál es la estampa que más recuerda, pero son sobre todo los «pequeños momentos» los que más la han marcado. «Yo lo que más recuerdo son los niños», nos cuenta, «nos cogieron un cariño tremendo. Nos veían como a uno más de su familia. Los dibujos que nos hacían que tengo en mi taquilla de agradecimiento».
Una experiencia que también se extendió a los refugiados subsaharianos, aunque mucho más reducida. «Con ellos no tuvimos apenas contacto porque estuvieron muy poco tiempo y eran muy pocos. Yo solo les llevaba la comida a la zona en la que estaban y solo sé que fue todo bien», comparte Ángeles.
El director y la subdirectora del Hotel Ilunión Alcora de Sevilla, junto a algunos de sus empleados.
Ya sea durante más o menos tiempo, el hotel Ilunion Alcora de Sevilla ha marcado la vida de muchos de los que han pasado por sus instalaciones, ha dejado una huella imborrable en la vida de aquellos que trabajan en él a diario.
*David Vargas, alumno del Máster en Periodismo 360º de la Universidad de Sevilla y RTVE. Esther G. Pérez, redactora jefa de Sociedad, es su tutora y ha supervisado la elaboración completa de este texto.
Las comunidades autónomas han frenado este jueves, en la Comisión de Salud Pública, el borrador del Ministerio de Sanidad que incluía medidas de prevención y control de las enfermedades respiratorias, como la COVID-19, la gripe o el virus respiratorio sincitial (VRS). Entre otras cuestiones, contemplaba la vuelta a las mascarillas en caso de repunte de las infecciones y agravamiento de la situación epidemiológica. Ministerio y comunidades autónomas se han citado para una nueva reunión extraordinaria el próximo mes de noviembre en la que intentarán acercar posturas, aunque la fecha concreta aún no ha sido fijada.
En el encuentro de este jueves, los directores generales de las consejerías de Sanidad han analizado el documento ‘Evaluación del riesgo y recomendaciones para el control de las infecciones respiratorias agudas’ con el que el Ministerio de Mónica García quería lograr un consenso para mitigar el impacto de las infecciones respiratorias este otoño e invierno. En el texto, la Dirección General de Salud Pública planteaba cuatro escenarios posibles de riesgo (0, 1, 2 y 3) en función de determinados indicadores -como la tasa de incidencia, hospitalizaciones e ingresos UCI y ocupación de camas, entre otros-, en los que aplicar una serie de actuaciones homogéneas en todas las autonomías, aunque después cada una de ellas podía añadir otras nuevas según su situación epidemiológica.
Una de esas medidas era el uso de mascarilla, que Sanidad recomienda en todos los escenarios, aunque con una ampliación gradual de su uso según vaya empeorando la situación epidemiológica.
Falta de acuerdo con las comunidades del PP
La falta de acuerdo con las comunidades gobernadas por el Partido Popular ha sido el principal escollo que ha evitado la aprobación del plan, según ha afirmado el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla. «Las comunidades del PP frenan el documento redactado por sus propios técnicos para tener por primera vez un plan de actuación común frente a la epidemia de virus respiratorios. La irresponsabilidad es enorme y ojalá recapaciten», ha censurado su cuenta en la red social X poco después de conocerse el desacuerdo en la reunión, en la que ni siquiera se ha llegado a votar el documento.
Tras estudiarlo, algunos de los directores generales autonómicos han considerado que el plan está poco maduro; otros han cuestionado algunas de las recomendaciones como la de dar cinco días de baja a los trabajadores de centros residenciales contagiados que no puedan ser reubicados en otros puestos mientras les dure la infección y hay algunos que han criticado la falta de rigor y la improvisación.
Esta ha sido la opinión de la representante de Madrid, la directora general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, Elena Andradas, quien ha considerado que la estrategia adolece de «falta de criterio técnico y de improvisación», al tiempo que ha criticado que la estrategia «destila cierta nostalgia de la etapa de la pandemia» cuando la transmisión de estos virus «es bien conocida» y la situación actual es «completamente distinta a la de entonces». Por este motivo, el documento «no se ha aprobado tal cual se ha presentado porque se tiene que hacer una revisión profunda de la metodología».
Sin embargo, aunque se ha previsto una reunión «bien avanzado el mes de noviembre» para seguir estudiándolo, «no parece muy factible» que se llegue a un acuerdo sobre estas recomendaciones porque para entonces «la temporada ya está muy avanzada», lo cual no quita, ha añadido, que se pueda seguir trabajando para poder implementarlo ya en la próxima.
Cuatro escenarios de riesgo
Sanidad aspiraba este jueves a lograr un consenso con la estrategia que contempla cuatro escenarios posibles de riesgo (0, 1, 2 y 3) en función de determinados indicadores -como la tasa de incidencia, hospitalizaciones e ingresos UCI y ocupación de camas, entre otros-, en los que aplicar una serie de actuaciones homogéneas en todas las autonomías, aunque con la puerta abierta a que cada una añadiese otras nuevas según su situación. Una de esas medidas es el uso de mascarilla, que Sanidad recomienda en todos los escenarios, aunque con una ampliación gradual de su uso según vaya empeorando la situación epidemiológica.
El origen de este documento se fraguó en el anterior pico de infecciones respiratorias, en el que Sanidad acabó imponiendo el uso de mascarillas en todos los centros sanitarios del país, una intervención que el Ministerio no quería volver a repetir, según ha comentado varias veces su responsable, Mónica García.
A partir de ahí, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) invitó a las comunidades a participar en la elaboración de una estrategia conjunta para evitar otro año más de colapso del sistema ante el aumento de los casos. Invitación a la que respondieron Asturias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Extremadura, Murcia, la Comunidad Valenciana y La Rioja, que desde entonces han ido perfilando este plan de actuaciones comunes a lo largo de las cuatro reuniones que han tenido a lo largo del año con el CCAES para hacerlo.
