Aportan «abundante documentación inédita»

Los denunciantes aseguran que aportan «abundante documentación inédita», incluidos «informes internos del Gobierno madrileño en los que se reflejaba día a día la situación en la que estaban todos los geriátricos de la región», según informan en una nota de prensa.

Entre los datos recopilados en esos informes figuran las «necesidades de personal», añaden. «Es fácil hacerse una idea de la dramática situación de abandono de las 72 residencias con el dato del 7 de abril de 2020: se necesitaban 37 médicos, 146 enfermeros y 756 gerocultoras», denuncian.

También aseguran que la decisión de prohibir el traslado de los residentes a los hospitales se empezó a aplicar el 13 de marzo de 2020, «cinco días antes de la aprobación del conocido como ‘protocolo de la vergüenza'», el documento de la Comunidad de Madrid que supuestamente impedía derivar a hospitales públicos a mayores residentes con alto grado de dependencia o discapacidad.

Sobre el anuncio de Ayuso de la «medicalización de las resistencias», señalan que dicho proceso «consistió en enviar 24 médicos y 25 enfermeras en marzo y abril de 2020, cuando 7.291 personas murieron en esos centros sin ser trasladados a un hospital».

Apuntan a los firmantes de los protocolos de no derivación

Los denunciantes consideran que se ha cometido al menos un «delito continuado de denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios», castigado en el artículo 511 del Código Penal. Para la consumación de este delito no se requiere un resultado posterior a la infracción. Es decir, lo que se castiga es la denegación de la prestación pública, en este caso sanitaria, «con independencia de cuál sea el resultado» en la salud de los afectados.

La denuncia se dirige contra 29 personas: los dos directores de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno madrileño durante la primera ola de la pandemia, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, quienes a su vez fueron el firmante y el autor de los dos Protocolos que impidieron el traslado a los hospitales de los residentes madrileños; Pablo Busca Ostalaza, director del SUMMA 112 en aquel momento; Antonio Burgueño, autor del Plan de Choque contra la Pandemia aprobado por el Gobierno regional que incluía supuestamente una medicalización de las residencias que nunca se llevó a cabo, y los geriatras responsables de aplicar el Protocolo de la Vergüenza en los 25 hospitales públicos madrileños.

Podría haber más responsables

Las asociaciones advierten de que «las responsabilidades no se detienen en estas 29 personas». «En la presente denuncia sólo se menciona a aquellas personas sobre las que existen pruebas claras o indicios sólidos de participación en los hechos denunciados. Pero es más que probable que, durante la investigación fiscal y judicial, aparezcan otras personas que hayan tomado decisiones que prueben su autoría en el delito», apuntan.

Los denunciantes detallan en su escrito la «discriminación sufrida por sus familiares en cinco ámbitos», el principal la no derivación a hospitales públicos, aunque también «el veto a atender a los residentes en los hospitales privados, salvo que el enfermo tuviera un seguro privado, en el hospital de IFEMA y en los hoteles medicalizados».

Junto a la denuncia, que tiene 160 páginas de extensión, los denunciantes aportan 60 documentos. Algunos son conocidos, como «las cuatro versiones del Protocolo de la Vergüenza o varias actas de inspecciones realizadas en residencias por la Policía Municipal de Madrid», a las que tuvo acceso RTVE.es y que publicamos en una serie de reportajes el pasado febrero.

Informes diarios de la Consejería de Políticas Sociales

Otros son «completamente inéditos», como por ejemplo los informes internos del Gobierno madrileño en los que se reflejaba día a día la situación en la que estaban los 475 geriátricos de la región. Esos informes se empezaron a elaborar el 18 de marzo y cada uno de ellos contiene miles de datos: desde el número de residentes positivos o aislados con síntomas de covid, al número de profesionales contagiados o en aislamiento domiciliario o las necesidades de personal que tenía cada centro.

Cada día, la Consejería de Políticas Sociales -en manos del dimitido consejero de Ciudadanos Alberto Reyero- elaboraba dos informes –uno con los datos de las 25 residencias de gestión pública y otro con las 450 residencias de gestión privada– y cada noche los enviaba a la Consejería de Sanidad, que era la responsable de adoptar las decisiones para frenar el abandono sanitario. 

Piden hacer más a la Fiscalía

Los denunciantes aportan hasta siete informes –correspondientes a los días 31 de marzo, 7 de abril y 15 de abril, además del realizado el 23 de marzo para los centros privados–, pero solicitan al Ministerio Público que pida al Gobierno madrileño todos los informes que se hayan elaborado.

Recuerdan que los hechos delictivos que se denuncian podrían prescribir a partir de marzo de 2025. «Es su única y exclusiva responsabilidad impedir que esto ocurra», reclaman, y lamentan que la Fiscalía no actúe de oficio. «Suficiente anomalía es que hayamos tenido que ser los familiares de las víctimas quienes buscamos y encontramos unas pruebas que a la Fiscalía y a los tribunales les habría costado muchísimo menos conseguir».

Los familiares de los fallecidos han tenido poco éxito hasta ahora en la vía judicial, y con esta denuncia colectiva abren otra vía. De las 380 demandas presentadas en la Comunidad de Madrid, solo 150 siguen su curso judicial, 60 en el Tribunal Constitucional. Del resto, la mayoría han sido archivadas, según explicaba Carmen Martín, de la plataforma Marea de Residencias, a este medio en febrero. En 2022, Amnistía Internacional denunciaba que la Fiscalía había archivado el 89% de las diligencias por muertes en las residencias.

Martín insistía en responsabilizar a la Fiscalía, que «no se está presentando en los juicios». «No entendemos por qué no entran a investigar lo que pasó», denunciaba.

Virus en ratones, zarigüeyas o conejos  

Los investigadores estudiaron animales de 23 especies comunes del estado de Virginia -al sureste de Estados Unidos- tanto para detectar infecciones activas como para detectar anticuerpos que indicaran infecciones previas y encontraron signos del virus en ratones, venado, zarigüeyas, mapaches, marmotas, conejos de cola blanca del este y murciélagos rojos del este. 

El virus aislado de una zarigüeya mostró además mutaciones virales que no se habían informado anteriormente y que potencialmente pueden afectar la forma en que el virus afecta a los humanos y su respuesta inmune.

 “El objetivo del virus es propagarse para sobrevivir. El virus pretende infectar a más humanos, pero las vacunas protegen a muchos humanos; entonces recurre a los animales, adaptándose y mutando para prosperar en los nuevos huéspedes”, ha señalado la investigadora Carla Finkielstein, profesora de ciencias biológicas en Virginia Tech y una de los autores principales del estudio.

El trabajo amplía significativamente la cantidad de especies examinadas y la comprensión de la transmisión de virus hacia y entre la vida silvestre, y los datos sugieren que la exposición al virus ha sido generalizada en la vida silvestre y que las áreas con alta actividad humana pueden servir como puntos de contacto para la transmisión entre especies.

El equipo recolectó 798 muestras de animales atrapados vivos en el campo y liberados, o siendo tratados en centros de rehabilitación de vida silvestre, y 126 muestras de sangre de seis especies. Las ubicaciones fueron elegidas para comparar la presencia del virus en animales en sitios con distintos niveles de actividad humana, desde áreas urbanas hasta áreas silvestres remotas.

Basuras y alimentos desechados

Los investigadores no están seguros de las vías de transmisión de humanos a animales, y aunque han apuntado entre las posibilidades las aguas residuales, se inclinan por que los recipientes de basura y los alimentos desechados sean las fuentes más probables de contagio.

Aunque el estudio se centró en el estado de Virginia, muchas de las especies que dieron positivo son animales silvestres comunes que se encuentra en toda América del Norte, lo que hace que sea probable que también estén expuestos en otras áreas, por lo que los investigadores han subrayado la necesidad urgente de ampliar la vigilancia.

Según los investigadores la vigilancia de estas mutaciones debe continuar y no descartarse, y han incidido en la importancia de profundizar en el conocimiento sobre cómo se transmite el virus de los humanos a la vida silvestre, cómo podría propagarse dentro de una especie y tal vez de una especie a otra.

El estudio concluye que el SARS CoV-2 no es solo un problema humano y que es necesario un equipo multidisciplinario para tratar su impacto en diversas especies y ecosistemas de una manera efectiva.

Demandas a la compañía en su propia jurisdicción

En otra sentencia relativa al sector turístico, el TJUE ha confirmado este lunes que el cliente de una empresa organizadora de viajes puede demandar a la compañía en su propia jurisdicción siempre que el destino del viaje esté situado en el extranjero. 

De esta forma sigue el reglamento ‘Bruselas I bis’, que establece como regla general la competencia de los tribunales del Estado miembro del domicilio del demandado. Así, el TJUE explica que el reglamento no se limita a determinar la competencia internacional sino la competencia territorial, puesto que la confiere directamente al órgano jurisdiccional del lugar en que esté domiciliado el consumidor. 

Así se busca garantizar que el consumidor, en su condición de parte más débil, pueda demandar a la parte más fuerte ante un órgano jurisdiccional fácilmente accesible. 

La pandemia y la gestión de una economía en horas bajas

En sus primeros meses en el cargo, Biden cumplió con su promesa de vacunar a 100 millones de personas en sus primeros 100 días como presidente (aunque después fueron otros muchos los que no quisieron ponerse la inyección) e impulsó el uso de la mascarilla, un elemento del que Trump renegó repetidamente. El virus había dejado por aquel entonces más de 400.000 muertes y la economía estadounidense estaba en horas bajas.

La tardía reacción de Trump, que se burló en repetidas ocasiones de la enfermedad, no ayudó a menguar la enorme crisis económica y sanitaria que enfrentaba la mayor potencia del mundo y contribuyó a la derrota del exmandatario republicano en las elecciones. 

Durante la pandemia, la tasa de desempleo se disparó hasta acercarse al 15%, una cifra que se ha reducido durante la era Biden hasta situarse por debajo del 4%, en niveles pre-Covid. Biden impulsó un plan de estímulo económico por valor de 1,9 billones de dólares (1,67 billones de euros) para paliar la devastación económica causada por el impacto del virus, que incluía un refuerzo de los subsidios por desempleo y más ayudas para las familias con menos recursos. 

El demócrata ha insistido en que la economía del país va bien. Sin embargo, pese a que los datos reflejan un crecimiento, los ciudadanos no perciben la mejora en sus bolsillos. Uno de los motivos es la alta inflación, que en estos cuatro años ha alcanzado niveles históricos, con el pico en junio de 2022, cuando se situó en el 9,1%. A lo largo de 2024 se ha mantenido por debajo del 4%, todavía por encima de los niveles en lo que solía moverse antes de la pandemia. 

Ucrania y Gaza, una política exterior marcada por la guerra

Cuando Biden se convirtió en presidente dirigió sus esfuerzos a recuperar algunas relaciones diplomáticas con países socios que habían atravesado tiempos de tensión bajo la Administración Trump. Sin embargo, fue el punto y final a la presencia de tropas estadounidenses en Afganistán la decisión que marcó su primera etapa al frente del Ejecutivo. Tras dos décadas en el territorio, y como ya ocurrió con el conflicto de Vietnam, la caótica y precipitada retirada y el regreso de los talibanes al poder alimentó la impresión de que esa larga guerra tampoco había valido la pena.

A comienzos del 2022, la tensión entre Rusia y Ucrania empezó a marcar la actualidad internacional y, con el inicio de la guerra, el 24 de febrero, Washington adoptó un papel hegemónico frente a la ofensiva perpetrada por Moscú, que acaparó la política exterior estadounidense. EE.UU. prometió mantener un «apoyo inquebrantable» a Kiev y no tardó en convertirse en el principal socio militar y el mayor contribuyente a la causa ucraniana, superando ya los 61.000 millones de dólares en ayudas.

Tras 20 meses de conflicto armado en Europa, una nueva guerra irrumpió de lleno en el panorama internacional. El sangriento ataque de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023 desencadenó una dura ofensiva israelí en Gaza en la que ya han muerto más de 38.000 personas, y puso de manifiesto la férrea alianza entre Tel Aviv y Washington. El decidido apoyo a Israel provocó el desencanto de distintos sectores de la sociedad estadounidense y despertó una oleada de manifestaciones estudiantiles que hacían peligrar el voto de los jóvenes, un grupo de edad que fue crucial para la victoria de Biden.

Ambos conflictos han puesto de manifiesto divisiones en el seno del Partido Demócrata y discrepancias con la oposición. En abril, la Cámara de Representantes aprobó un multimillonario paquete de ayudas a Ucrania, Israel y Taiwán tras meses de paralización en la Cámara. Por un lado, sectores del republicanismo más radical consideraban que EE.UU. no se podía permitir seguir financiando a Kiev ante la creciente deuda nacional; por otro, algunos demócratas manifestaron su oposición por incluir una partida para Tel Aviv, mostrando su desacuerdo con la operación militar israelí en Gaza.

La gestión de la cuestión migratoria tras la mano dura de Trump 

Biden llegó a la Presidencia con la promesa de revertir la dura política migratoria de Trump. El muro que el presidente republicano prometió levantar en la frontera con México no se materializó más allá de los 500 kilómetros construidos de los más de 3.000 que separan a EE.UU. de su país vecino. Sin embargo, el exmandatario sí que impuso una férrea barrera burocrática a través de distintas políticas y reglamentos, que incluyeron el veto a la entrada de ciudadanos de ciertos países.

Durante su estancia en la Casa Blanca, el líder demócrata ha llevado a cabo reformas destacables para contrarrestar la «política de tolerancia cero» de su predecesor, pero también ha sido durante su administración cuando el país ha registrado flujos históricos de llegadas irregulares en la frontera sur. Entre otras cuestiones, Biden puso fin al programa de protocolos de protección conocidos como el programa «Quédate en México», muy criticado por organizaciones de defensa de migrantes.

El dirigente, sin embargo, mantuvo mucho más de lo esperado el polémico Título 42, una medida impulsada por Trump para restringir las llegadas ilegales durante la pandemia que aceleraba la burocracia y permitía devoluciones en caliente al negar el derecho al asilo. Desde marzo de 2020 al mismo mes del año siguiente, cuando se derogó, fueron expulsados más de 2,8 millones de personas. Su fin trajo consigo un aumento progresivo del número de llegadas: solo en 2023, 2,5 millones de personas cruzaron de manera irregular la frontera sur.

El líder demócrata ha utilizado una retórica mucho más laxa que la de Trump, pero no ha logrado acabar con el colapso del sistema migratorio, que acumula más de dos millones de solicitudes de asilo retrasadas, según datos del Instituto de Política Migratoria, la mayoría de ellas de personas procedentes de Venezuela, Cuba, Colombia, Nicaragua y Haití. Asimismo, un informe publicado en 2023 por la Asociación Americana de Abogados de Inmigración arroja que los elevados tiempos de espera, que dejan a los solicitantes en un limbo legal, han aumentando en los últimos años hasta los seis años.

En junio, el presidente firmó su medida migratoria más dura, una orden ejecutiva por la que podrá cerrar de manera temporal la frontera entre EE.UU. y México a los inmigrantes irregulares que soliciten asilo si aumenta el número de detenciones por cruces ilegales. El protocolo se activará cuando las llegadas superen las 2.500 diarias durante una semana.

Un mandato bajo la incógnita de la reelección

La incógnita sobre la reelección de Biden ha sobrevolado a lo largo de su mandato. Como recordó esta semana en una entrevista a BET News, cuando tomó posesión, dijo que sería un candidato de transición y que en 2024 entregaría el testigo a un nuevo líder. Su vicepresidenta, Kamala Harris, que competió contra él en las primarias, era para muchos el futuro relevo del dirigente. Sin embargo, aunque para entonces ya había protagonizado algunos de sus más sonados lapsus, el líder demócrata confirmó en abril del año pasado que se presentaba a la reelección.

«No anticipé que las cosas se volverían tan divididas», aseguró el miércoles el presidente, cuando aún defendía con uñas y dientes su candidatura. Argumentó que la edad (tiene 81 años) le había traído sabiduría y que conocía la manera de «lograr cosas para el país». «No quiero dejarlo», dijo, e insistió en que solo renunciaría si le detectaban una enfermedad.

Sin embargo, mientras intentaba esquivar las críticas y los cuestionamientos sobre su edad, que empezaron a aumentar tras su actuación en el cara a cara electoral con Trump, la presión crecía en las filas de su formación ante el temor a una derrota frente a un adversario que había reaparecido fortalecido por el intento de asesinato que sufrió el domingo. La última encuesta de Ipsos, de hace una semana, mostraba que el 67% de los estadounidenses creían que el líder demócrata debía hacerse a un lado y dejar que otra persona afrontara la carrera presidencial.

Tanto Biden como Trump superan la barrera de la esperanza de vida media en los Estados Unidos (77,4 años), sin embargo, según un sondeo publicado en febrero por la mencionada encuestadora, la población estadounidense considera al candidato republicano mucho más capaz de ponerse al frente del país. El 53% de los encuestados cree que ambos son demasiado mayores para ser presidentes, aunque un 28% considera que solo Biden es demasiado mayor. Además, el 42% sí que cree que el candidato republicano tiene la agudeza mental necesaria para servir como presidente, mientras que solo el 23% opinaba lo mismo de Biden.

Un sistema para agilizar los procesos de compra

Cruz ha explicado que el 2 de febrero de 2020 decretó el estado de emergencia en Canarias para agilizar los procesos de compra de material sanitario ante el incremento progresivo de los casos de coronavirus. En ese momento se habilitó un número de teléfono al que iban todas las propuestas de contratación y «para darle formalidad» también se creó un correo electrónico para canalizar todo ese protocolo de compras de material sanitario y que estaba gestionado por empleados públicos.

Cuando llegaban las propuestas, se solicitaba la ficha técnica, que se remitía al Comité de Prevención y Salud y una vez que eran validadas por ese órgano, se les remitía a la Dirección General de Presupuestos y Planificación. «Yo creo que el sistema estaba inicialmente bien articulado para que no existiera ninguna irregularidad administrativa si es que ha existido. Para eso se organizó la estructura, para evitar irregularidades», ha recalcado. 

Tras su cese, le sustituyó Domínguez, que actualmente está investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa. En cualquier caso, Cruz ha argumentado que en su etapa como presidenta de la comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias le dio «un conocimiento más o menos cercano» de su gestión. «No era una persona que yo considerara un buen gestor», ha dicho de Conrado Domínguez, al que sí que ha llegado a calificar de «conseguidor».  

Al ser preguntada por si cree que Torres tiene responsabilidad en estos hechos, Cruz ha declarado que lo tendrá que decir la Justicia, aunque sí que ha defendido que el actual ministro de Política Territorial nunca le pidió información sobre ningún contrato ni le sugirió ningún contrato. Quien sí le preguntó sobre alguna empresa fue el exviceconsejero de Presidencia de Canarias y actual jefe de gabinete del ministro, Antonio Olivera: «Me trasladó alguna información en relación con alguna empresa y le dirigimos al mismo circuito que teníamos establecido».

Otras denuncias sobre residencias y personas concretas pueden «esclarecerlo»

Asimismo, el Supremo ha recordado que se han presentado numerosas denuncias ante la Fiscalía y ante los Juzgados de Instrucción de la Comunidad de Madrid por estos mismos hechos, pero ahí sí en relación con residencias determinadas y personas concretas, algo que se señala en esta misma denuncia. «Es en esos procedimientos en los que se puede esclarecer lo ocurrido, determinando qué fallecimientos pudieron estar asociados a decisiones políticas, administrativas o de gestión y cómo, por quién y de qué manera se tomaban las decisiones de no derivación hospitalaria», ha concluido.

En todo caso, el auto ha destacado que el archivo de la denuncia es compatible con «el cuestionamiento crítico de las decisiones que en ámbito sanitario se pudieron tomar por los responsables de la Comunidad de Madrid, otras autonomías y el Gobierno estatal durante la pandemia en las residencias de personas mayores. «El eventual archivo del procedimiento ni es un aval a las políticas sanitarias que se aplicaron en relación con las residencias de personas mayores, ni lo contrario».